Las gasolineras muestran su indignación al ser excluidas del Plan de Ayudas del Gobierno

Y es que el 70% de los propietarios de las estaciones de servicio en España son pequeñas y medianas empresas que cumplen los requisitos exigidos por el Gobierno para poder acceder a las ayudas al haber perdido durante la pandemia buena parte de los ingresos en gasolineras del centro de las ciudades y sobre todo en las de carretera y ser empresas viables cuando termine la pandemia y se recupere la movilidad general.

El presidente de AEVECAR, Alejandro Ripoll , considera «una discriminación inaceptable que no se incluyan a las gasolineras en las ayudas directas porque han permanecido abiertas durante la pandemia al considerar el Gobierno esencial el servicio de suministro de carburantes, a pesar del confinamiento y de las restricciones de movilidad en todas las regiones de España en este último año». Ripoll subraya también que «buena parte de las estaciones de servicio, que dan empleo a más de 55.000 trabajadores , cumplen las condiciones establecidas por el Ejecutivo para poder acceder a las ayudas: caída de facturación de un 30% en el año 2020 con respecto al 2019, que la empresa tenga una viabilidad y no se entiende por qué no está incluida su actividad en el anexo I del Real Decreto-ley».

Por lo tanto, desde AEVECAR se reclama que el Gobierno incluya al sector en los casi cien que sí pueden acceder a las ayudas directas que necesitan las empresas para poder sobrevivir, mantener los puestos de trabajo y poder recuperarse cuando las condiciones de la lucha contra la pandemia permitan la movilidad normal de las personas y de los transportes por carretera.

«Nuestro sector se consideró esencial desde el primer momento y aunque se prohibió la movilidad estuvimos abiertos al principio el 100% de las instalaciones obligatoriamente, con las consiguientes pérdidas por falta de clientes que no podían salir de sus casas. Posteriormente se establecieron unos servicios mínimos que supusieron que siguieran obligatoriamente abiertas al menos el 65% de las instalaciones por ley, con las mismas restricciones estrictas de la movilidad, lo que siguió generando cuantiosas pérdidas», concluyen.