Galicia sitúa el número de entes autonómicos a niveles inferiores a 2003

Prieto Viso informó de las medidas puestas en marcha por el Gobierno gallego para racionalizar los órganos existentes y evitar su «incremento descontrolado». La Ley de Racionalización 14/2013 que entró en vigor este año incorpora la obligatoriedad, independientemente de quien esté en el Gobierno, de llevar a cabo de forma periódica auditorías en estos organismos y aprobar, al menos cada tres años, planes de reestructuración.

De este modo, finalizadas las dos primeras fases del proceso de racionalización, la directora general señaló que quedaba por auditar un grupo de 32 entidades de diferente naturaleza.

De esta cifra, 13 de ellas causarán baja en el inventario de entes públicos y los 19 restantes continuarán de momento funcionando pero aplicando las medidas recomendadas por los auditores. De los 32 órganos, 4 serán sometidos a un proceso de extinción directa, como es el caso de Galioil, Axencia para a Xestión Integrada da Calidade e Avaliación da Formacion Profesional, Fundación Galega de Formación para o Traballo e Illa San Simón.

Dos de las entidades, el Consello Galego da Competencia y el Instituto Galego de Consumo, serán fusionados, y se llevarán a cabo los trámites necesarios para la desvinculación de la Xunta de otros organismos, como es el caso de la Axencia Enerxética Provincial de La Coruña o la Fundación Dieta Atlántica, entre otros.

Acerca de las fundaciones sanitarias la directora general indicó que, dada la «relevancia» de estos entes, se procederá a su reorganización para modificar su personalidad jurídica y proceder a configurarlas como dos agencias especializadas, que además, dijo, supondrán la integración de otros organismos existentes actualmente en la Administración gallega.

En su intervención Natalia Prieto afirmó que en total se han implementado 800 medidas de mejora en los entes y organismos que permanecerán activos una vez finalizadas las tres fases de racionalización.

Respecto al ahorro para las arcas públicas, señaló que la tercera fase supondrá en torno a 6,5 millones de euros, que se sumarán a los 51 millones de euros que han supuesto la primera y segunda fase.