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España transpone la directiva que blinda la seguridad de las prospecciones canarias

Entra en vigor la estricta normativa europea diseñada para evitar otro desastre como el del Golfo de México

España transpone la directiva que blinda la seguridad de las prospecciones canarias abc

mercedes ramos

14/07/2014
Actualizado a las 17:02h.

El Gobierno español ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Ley 11/2014, de 3 de julio, por la que se modifica la ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, que lleva en vigor desde hace once días. Es ... decir, desde el pasado día 4 ya está vigente y es aplicable la normativa que garantiza la obligación de prevenir, evitar y reparar las amenazas y los daños ambientales, y que amplía su ámbito de aplicación para cubrir también los posibles perjuicios a las aguas marinas.

Una ley que afecta de lleno a las prospecciones petrolíferas autorizadas por el Gobierno español en aguas cercanas a Canarias. «En la actualidad está siendo objeto de transposición a la legislación española la Directiva 2013/30/UE, de 12 de junio, mediante el Proyecto de Ley de 31 de enero de 2014, por el que se modifica la Ley 26/2007 de responsabilidad medioambiental», avanzó el subsecretario del Ministerio de Industria, Enrique Hernández Bento, en las jornadas organizadas en la Casa de Canarias en Madrid .

Hernández Bento explicó en su intervención que se trata de la normativa adoptada en Europa tras «el mayor accidente petrolero de la historia, con diferencia»: la explosión del pozo Macondo, en el Golfo de México, frente a Louisiana, en la plataforma «Deepwater Horizon» de la BP, y que causó once fallecidos y un importante vertido marino.

La Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, que a su vez transpuso la Directiva 2004/35/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, establece en España un régimen administrativo de responsabilidad medioambiental basado en los principios de «prevención» y de que «quien contamina, paga» .

Este régimen prevé que los operadores que ocasionen este tipo de daños o amenacen con causarlo deben adoptar las medidas necesarias para prevenirlos o, en el caso de que ya se hayan producido, devolver los recursos naturales dañados al estado en el que se encontraban.

La norma, definitivamente aprobada por las Cortes, mejora y aclara distintos aspectos relacionados con las garantías financieras. «Los permisos se otorgan ‘a riesgo y ventura de los solicitantes’, que deben constituir seguros de responsabilidad civil para hacer frente a eventuales incidentes. Las empresas, además, deben constituir garantías financieras a favor de la Dirección General de Política Energética y Minas para responder de sus obligaciones», precisó Hernández Bento.