El Supremo valorará la posición de la UE sobre los sondeos cercanos a Canarias

Esta constatación, expresada en sucesivas respuestas por escrito de la Comisión, ha llevado a las instituciones canarias a enfocar su batalla hacia el flanco jurídico de las catas, con las esperanzas puestas ahora en el Tribunal Supremo y en el propio Ministerio de Medio Ambiente.

Es un hecho que los ejecutivos de Paulino Rivero y de las dos administraciones gobernadas por CC y PSOE en Lanzarote y Fuerteventura, interpretan cualquier señal del Alto Tribunal o incluso del Ministerio como un respaldo a su oposición pública a las prospecciones.

«La postura firme del Tribunal Supremo ante pretensiones del ministro y Repsol está demostrando que todo el proceso en Canarias es una chapuza», escribió este domingo Rivero en su cuenta de Twitter en los escasos 140 caracteres que permite esta red social.

Pero la realidad es que el último auto del Supremo desestimó dos peticiones sobre cuestiones formales, pero admitió como diligencia final de prueba una respuesta de la Comisión Europea de 24 de enero de este año, presentada por Repsol, en la que esta institución vuelve a recordar que el proyecto exploratorio canario, al que, por cierto, sigue especialmente de cerca, debe cumplir con la legislación europea .

En concreto, con las Directivas 2011/92/UE y 92/43/CEE (Directiva sobre hábitats), aseveró Potocnik en la respuesta admitida. La solicitud de información aclaratoria es un trámite habitual en la declaraciones de impacto ambiental y no significa necesariamente que el expediente esté incompleto, indicaron fuentes ministeriales.

También afirmaron que los técnicos están trabajando con especial intensidad en el expediente y negaron que la marcha de Miguel Arias Cañete afecte a la tramitación. De hecho, fuentes próximas a la compañía precisaron que la publicación de la declaración de impacto en el Boletín Oficial del Estado (BOE) es cuestión de «semanas».

A partir de ese día, en caso de ser positiva, proseguirá el proceso de adjudicación del área de la futura base logística de apoyo a los sondeos en el Puerto de Las Palmas, la tercera alternativa barajada en el estudio de impacto.