El Tribunal Constitucional tumba la ley de extranjería en Portugal

El presidente del TC, José Joao Abrantes, explicó que las enmiendas a la reagrupación familiar «al no incluir al cónyuge o figura equivalente, podría imponer la desintegración de la familia» y llevar «a la separación de los miembros de la familia constituida por ese ciudadano extranjero». En opinión de los jueces del Palacio Ratton que votaron a favor del veto, esto se traduce en una violación de derechos constitucionales.

También han rechazado la restricción a los recursos de justicia por parte de los inmigrantes cuando no consiguen acceder a los servicios de extranjería. El presidente de la Orden de los Abogados, Joao Massano, afirmó que en Portugal «hay inmigrantes que llevan más de tres años esperando para poder renovar sus permisos de residencia».

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Sobre la enmienda en los visados de trabajo, el Tribunal no considera que viole ninguna norma constitucional. Según la ley ahora vetada, Portugal solo concederá visados de trabajo a ciudadanos altamente cualificados, aunque no se han especificado las condiciones.

La decisión del TC da la razón al presidente Marcelo Rebelo de Sousa, quien envió el documento al TC porque consideró que la nueva ley viola «principios constitucionales fundamentales en la defensa de la familia». Este pasado fin de semana lanzó un tirón de orejas al Gobierno diciendo que, en este caso, «era mejor prevenir que curar».

El primer ministro socialdemócrata, Luís Montenegro, aseguró que están dispuestos a reescribir el documento. «Lo que puedo prometer es que acataremos la decisión y encontraremos una solución jurídica que respete la decisión judicial». Por su parte, el ministro de la Presidencia, António Leitao Amaro, garantizó que «ajustarán la ruta, pero el destino sigue siendo el mismo: Portugal necesita y tendrá una inmigración más regulada».

En la red social X, el líder de la derecha radical portuguesa, André Ventura, afirmó que considera «incomprensible» la decisión del Tribunal Constitucional. «No hay ningún derecho familiar que se sobreponga a la seguridad de un país y sus fronteras. Es un espíritu de izquierda que se ha apoderado de las instituciones y que va en contra de lo que los portugueses votaron el pasado 18 de mayo», escribió el presidente de Chega.

Chega fue el único partido que votó a favor de la enmienda de la Ley de Extranjería. Tanto el Partido Socialista como el resto de los partidos de izquierda se opusieron al considerar que viola la Constitución. Además de la falta de consenso político, fue muy criticada la «prisa» con la que el Gobierno decidió aprobar el documento, sin dar tiempo a un estudio jurídico más amplio.

Massano se mostró preocupado porque «un tema tan importante como este, tanto para el país como para las personas que desean entrar en territorio portugués, esté siendo objeto de lucha política». «Hemos pasado de un régimen que está siendo calificado como facilitador de entradas a otro que ahora se etiqueta como restrictivo y extremadamente riguroso en la admisión a Portugal», afirmó.