Los brasileños que temen que Portugal deje de ser su casa tras la dura reforma migratoria

Se topan con una burocracia enrevesada: filas de espera interminables, organismos que no responden, llamadas que nadie atiende, correos electrónicos que parecen mensajes lanzados al mar en una botella. Algunos, los que pueden permitírselo, contratan abogados y presentan demandas contra el Estado. Otros simplemente rezan por obtener algún día la ansiada nacionalidad.

Ahora, tras la aprobación de la reforma de la ley de extranjería, viven con el corazón en un puño, preguntándose qué pasará con ellos y sus familiares sin papeles. Un lamento que, más que a samba, suena a fado.

Ana Paula Reis tiene 41 años, es enfermera y en Río de Janeiro tenía una peluquería. La inseguridad la empujó a emigrar y eligió Portugal en busca de una vida mejor. Llegó a un pueblo de Guarda en agosto de 2022 con un visado de turista, «porque primero quería conocer el país». Pero apenas doce días después, ya trabajaba en una cafetería, así que decidió presentar su «manifestación de interés», un procedimiento (extinguido en 2024) que permitía solicitar permiso de residencia con contrato de trabajo, sin necesidad de visado previo. Junto a ella venía su hijo Gustavo, de 18 años, con una minusvalía mental del 75%. Pudo inscribirlo en una institución de día y siguió trabajando hasta lograr comprarse su propia cafetería, donde trabaja con su pareja y una empleada, también brasileña.

Con negocio y casa propia, obtuvo tras meses de espera una autorización de residencia: una hoja A4, ahora desgastada y caducada. Debería haberla renovado en mayo, pero no ha conseguido cita. Lo que más le preocupa, sin embargo, es que Gustavo sigue sin permiso. «Me da miedo que cuando vaya a la playa con su institución, se cruce con la Policía y se ponga nervioso porque no tiene documentos».

La Agencia para la Integración, Migraciones y Asilo (AIMA) exige que, por ser mayor de edad, solicite la residencia por la vía normal y no por reagrupamiento. «¿Pero cómo va a hacerlo, si ya está en mi proceso como dependiente?», se pregunta Ana Paula. Su abogado, Rodolpho Sousa, presentó una acción judicial y el juez les dio la razón, ordenando el reagrupamiento. Pero hasta ahora no ha habido respuesta. «Me he estrellado contra una puerta y ya no sé qué más hacer», lamenta, temiendo que las nuevas leyes lo compliquen todo aún más. «Ni siquiera puedo llevar a mi hijo a España, porque podría no volver. Si él tuviera que regresar a Brasil, me iría con él, dejando atrás mi vida, mi negocio… mis deudas». Y concluye: «Mi hijo solo me tiene a mí».

Como Ana Paula, muchas otras familias brasileñas viven en este limbo. Tailla Rosa, de 34 años, llegó a Aveiro con visado de trabajo en septiembre de 2021, junto con su marido y dos hijos (hoy de 9 y 13 años). «A diferencia de muchos, quise venir por la vía legal», cuenta. Sin embargo, su permiso de residencia ha caducado y sus hijos ni siquiera tienen uno. «Los correos no los responden y por teléfono solo dicen que está en análisis». Presencialmente, solo dan ocho citas al día. Ayer volvió a intentarlo, sin éxito. «Mi residencia sigue siendo válida, pero el documento está vencido», explica.

Además, como el reagrupamiento familiar no se ha concedido, a sus hijos no les asignan médico de familia y debe pagar los medicamentos. «Gracias a Dios nunca he necesitado una cirugía», dice con resignación. Trabaja como esteticista desde su llegada y su marido en la construcción. Pedir la nacionalidad es un sueño que cada vez parece más difícil de conseguir.

En el Debate sobre el Estado de la Nación, el primer ministro conservador, Luís Montenegro, defendió que las reformas buscan una política migratoria «más humanizada y digna», y que la ciudadanía portuguesa se conceda únicamente a quienes realmente se integren: «A quienes hablen nuestra lengua, vivan nuestra cultura y elijan Portugal como su patria», señaló.

Es el caso de Davi Rodrigues, de 28 años, emprendedor brasileño que llegó desde Río hace tres años. No vino por dinero, sino para huir de la criminalidad: fue asaltado ocho veces en un año. A su llegada, entró en el sector inmobiliario, obtuvo NIF, pagó impuestos y cotizó sin problemas. Pero, como tantos otros, no consiguió el permiso de residencia. Después se casó con Phatrícia, brasileña nacionalizada, e intentaron el reagrupamiento familiar porque les pareció una vía más rápida, sin éxito. Tuvieron que pedir ayuda económica para costear una abogada hasta que lograron el permiso.

Hoy, juntos, dirigen el Instituto Catedral, organización con sede en Lisboa de ayuda alimentaria que apoya semanalmente a más de 150 familias, portuguesas e inmigrantes. «Es muy triste, porque muchos son explotados por no tener contrato», dice Davi. Uno de los beneficiarios es un angoleño que trabaja como guardia en una obra pero lleva tres meses sin cobrar sueldo. «Es una situación muy triste. En Portugal no te matan por la calle como en Brasil, debería ser más fácil vivir aquí».

Aunque se alegra de vivir en un país seguro, a nivel burocrático está siendo una pesadilla para muchos de estos brasileños que solo buscan vivir y trabajar. El mismo día que el Parlamento aprobó la reforma migratoria, el abogado Rodolpho Sousa presentó 250 procesos judiciales en el Tribunal Administrativo de Lisboa para solicitar autorizaciones de residencia. «Vamos contrarreloj», afirma. Su objetivo es obtener audiencias mientras la ley actual siga vigente.

El presidente Marcelo Rebelo de Sousa tiene 20 días para promulgarla o enviarla al Tribunal Constitucional. Mientras, miles de brasileños siguen sirviendo cafés, construyendo casas al ritmo de bossa nova o emprendiendo en salones de belleza, con una sonrisa que oculta su incertidumbre y sus miedos. ¿Qué hará Portugal sin ellos?