El primer ministro de Portugal, contundente con la inmigración: «Solo se concederá la ciudadanía a los que vivan nuestra cultura»

«Las políticas de inmigración de los últimos años ya no son adecuadas», afirmó Montenegro, defendiendo que la propuesta de su Gobierno busca «regularizar la situación», porque esta ha alcanzado un punto insostenible.

En el Parlamento, Montenegro recordó que, al llegar al Gobierno hace un año, había 400.000 procesos de legalización en curso y cientos de miles de personas en Portugal cuya situación no estaba clara. «No sabemos en qué condiciones viven muchos de esos inmigrantes, ni si tienen posibilidad de integrarse o regularizar su situación», explicó, advirtiendo que esta realidad «desestabiliza la economía y la sociedad».

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Desde el inicio de su intervención, quiso dejar claro que la creación de una Unidad Nacional de Extranjería y Fronteras, integrada en la Policía de Seguridad Pública, es una propuesta del Ejecutivo. En las últimas semanas, la izquierda le ha acusado de ceder ante la presión de Chega, cuyos votos fueron decisivos para sacar adelante las reformas. Entre las funciones de esta nueva unidad estará la fiscalización de inmigrantes, las entradas y salidas y posibles deportaciones cuando no se cumplan las reglas.

El primer ministro defendió además la reciente revisión de la Ley de Nacionalidad, que pretende garantizar que la ciudadanía portuguesa se conceda únicamente a quienes realmente se integren: «A quienes hablen nuestra lengua, vivan nuestra cultura y elijan Portugal como su patria». Y tendió la mano a la oposición, especialmente al Partido Socialista (PS): «Pueden y deben contribuir a la política migratoria, en lugar de atrincherarse en una negación ideológica».

Por su parte, el secretario general del PS, José Luís Carneiro, acusó a Montenegro de «meter en el mismo saco» inmigración, nacionalidad y seguridad, presentando estos temas como una «amenaza a la paz social». Calificó la reforma como una «grave irresponsabilidad» que podría perjudicar las relaciones con los países africanos de lengua portuguesa y con Brasil.

«Espero que su grupo parlamentario sea consciente de los efectos nefastos que estas decisiones pueden acarrear», advirtió Carneiro. «Hay cinco millones de portugueses en el extranjero que seguramente sufrirán las consecuencias de sus medidas». Y añadió: «Desde el Partido Socialista, nunca aceptaremos la deshumanización, la violencia ni el odio que se están apoderando de la sociedad portuguesa».

Dirigiéndose directamente a Montenegro, concluyó: «Mientras siga dándole la mano a la extrema derecha, contará con una oposición firme y responsable en defensa de un país tolerante, humanista, abierto al mundo y solidario; el país que siempre ha sido Portugal, el país en el que quiero vivir y que quiero dejar a mis hijos».

Como respuesta, el diputado socialdemócrata Hugo Soares recordó que en Lisboa hay viviendas donde conviven más de 25 personas, así como inmigrantes que pagan por la cama en la que duermen. «¿Es esa la inmigración humanista que usted defiende?», preguntó a Carneiro desde el hemiciclo. Por su parte, Montenegro insistió en que Portugal necesita una política de regulación que dignifique a las personas migrantes.

«Tener a gente hacinada en tiendas de campaña o en casas sobreocupadas no es una forma digna de acoger a quienes vienen a trabajar», afirmó. Y, dirigiéndose al líder del partido Livre, planteó: «¿No cree que hay que establecer reglas claras para acoger a quienes nos eligen como destino? Reglas que incluyan consecuencias para quienes no las cumplan».

La creación de la Unidad de Extranjería y Fronteras, dijo, tiene por objetivo disuadir a quienes no tengan intención de respetar nuestras normas. «Si no cumplen las reglas, no pueden quedarse aquí», sentenció.

Este miércoles, el Gobierno luso aprobó en el Parlamento las modificaciones a las leyes de Inmigración y Nacionalidad, avanzando hacia una política migratoria más restrictiva. Se alterarán las normas sobre reagrupamiento familiar y visados de trabajo, que a partir de ahora solo se concederán a inmigrantes altamente cualificados. Además, tras la extinción del antiguo Servicio de Extranjeros y Fronteras, el Ejecutivo conservador ha decidido crear una unidad similar bajo el mando de la Policía de Seguridad Pública (PSP), que se encargará de controlar entradas y salidas del país, así como de ejecutar deportaciones.

La oposición ha criticado la velocidad con la que el Gobierno ha impulsado estas medidas, sin dejar tiempo para la emisión de informes sobre su posible inconstitucionalidad. El presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, también conservador, tiene ahora veinte días para decidir si promulga las reformas o las remite al Tribunal Constitucional para su análisis.