El presidente de Portugal paraliza la nueva ley de extranjería por dudas sobre su constitucionalidad

El Tribunal Constitucional dispone ahora de un plazo de quince días para realizar una fiscalización preventiva, opción elegida por el presidente, que se ha negado a promulgar la ley en su redacción actual. Según la nota oficial divulgada este jueves en la página de la Presidencia lusa, Marcelo Rebelo de Sousa considera que el documento podría violar el derecho a la familia.

Una de las modificaciones que más dudas ha suscitado es la relativa al reagrupamiento familiar. Según la nueva ley, será más difícil que los inmigrantes que actualmente se encuentran en Portugal, o que lleguen al país, puedan regularizar la situación de sus familiares, en concreto hijos, cónyuges o padres.

Estas modificaciones «inciden en un mecanismo esencial para la integración en la sociedad y la vida familiar» y parecen «restringir de manera desproporcionada y desigual el principio de unidad familiar».

Para Rebelo de Sousa, estaría en juego el principio constitucional del derecho a la familia, dado que «se restringe el recurso al reagrupamiento familiar a los 'miembros de la familia menores de edad, que hayan entrado legalmente en territorio nacional y que aquí se encuentren', imposibilitando el reagrupamiento de otros miembros de la familia que ya se encuentren en territorio nacional, en particular los cónyuges y equiparados, ya que para estos se establece ahora un período de espera de dos años de residencia legal antes de poder iniciar la solicitud».

La ley también introduce una discriminación entre hijos de distintos tipos de inmigrantes, al «flexibilizar los criterios de reagrupamiento familiar para los titulares de permisos de residencia» obtenidos mediante los visados gold y para profesores e investigadores extranjeros, mientras que se endurecen para quienes poseen «otros tipos de autorización de residencia». Estas modificaciones podrían no salvaguardar el interés superior del menor, forzado a afrontar separaciones prolongadas.

Además, la restricción del reagrupamiento podría «provocar un potencial aumento de los trayectos migratorios irregulares por parte de otros miembros de la familia que pasan a estar excluidos del derecho al reagrupamiento, como es el caso del cónyuge», señala la nota oficial.