Prisión provisional para el policía acusado de disparar contra Nahel M., el joven de 17 años muerto en Nanterre

Más de 6.000 personas participaron este jueves por la tarde en la 'marcha blanca' organizada por la familia de Nahel, en Nanterre, salpicada de penosos incidentes. La madre, sin el padre del fallecido, se exhibió riendo, montando en una bicicleta, pidiendo justicia, a gritos, muy alejada del recogimiento propio de las madres que acaban de perder a un hijo en circunstancias trágicas.

A lo largo de la marcha, los gritos de «¡venganza!», «¡justicia!», «¡policía criminal!», estuvieron acompañados de incidentes menores, hasta el fin de la marcha, muy multicultural, en las afueras de la periferia de la ciudad, en el barrio Pablo Picasso, cuando la violencia volvió a estallar de manera brutal e inquietante, coincidiendo con el estallido del mismo tipo de incidentes en otras ciudades.

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El Ministerio del Interior había anunciado la movilización excepcional de 40.000 policías, gendarmes y antidisturbios, en toda Francia. 5.000 en la región parisina (12 millones de habitantes). Ante el tercer estadillo de violencia incendiaria en menos de 100 horas, Interior tomó nuevas medidas excepcionales, enviando a Nanterre y otras ciudades de la periferia parisina, la 'banlieue', dos helicópteros y unidades especiales de la BRI (Brigada de Investigación y de Intervención), el GIGN (Grupo de Intervención de la Gendarmería Nacional) y el RAID (Investigación, Asistencia, Intervención Disuasión), unidades militares especializadas en la lucha antiterrorista, que solo intervienen en situaciones de la máxima gravedad.

A primeras horas de la noche de este jueves, las fuerzas del orden no habían conseguido estabilizar ni pacificar completamente la situación. El Gobierno, las asociaciones de alcaldes de Francia, las alcaldías más afectadas por la crisis temían una tercera noche de disturbios e incendios y tomaron nuevas medidas excepcionales.

En varias alcaldías de la geografía nacional se decretó el toque de queda durante toda la noche, acompañado de un despliegue masivo de fuerzas del orden. En la región parisina, el Ministerio de Transportes ordenó la supresión de todos los servicios de metro, trenes de cercanías y autobuses, con el fin de intentar 'aislar' las zonas conflictivas. Numerosos alcaldes decidieron suspender los servicios nocturnos de todos los transportes públicos.

A esas medidas policiales y antidisturbios, con recursos militares y antiterroristas, la respuesta judicial fue igualmente expeditiva.

El fiscal del Estado decidió inculpar al policía que mató a tiros al adolescente por el delito de homicidio voluntario. El artículo 221-1 del Código penal francés castiga ese delito con treinta años de cárcel, firmes. El agente ingresó la tarde de este jueves en la parisina prisión de la Santé, a la espera de acontecimientos. A juicio de la Fiscalía, el presunto homicida «no respetó las condiciones del uso de armas de fuego en servicio». El Ministerio de Justicia ha pedido una «instrucción rápida» de un caso evidentemente inflamable.

Los sindicatos de Policía contestan la decisión de la Fiscalía, que la familia del adolescente muerto considera «insuficiente». Los sindicatos consideran «injusto» el tratamiento de un colega con una excelente hoja de servicios, que comenzó a disparar «porque temía el peligro de un conductor irresponsable». A juicio de la familia, por el contrario, es necesario «investigar e inculpar» al agente que acompañaba al autor de los disparos.

Emmanuel Macron, presidente, Élisabeth Borne, jefa de Gobierno, y numerosos ministros lanzaron llamamientos a la calma, secundados parcialmente por una clase política muy dividida. Extrema izquierda y ecologistas denuncian el comportamiento policial. Extremas derechas y derecha tradicional apoyan a las fuerzas del orden. Centro derecha, centro y socialistas históricos apoyan con matices el comportamiento del Gobierno y la justicia.