Guatemala desaprovecha su opción de liderazgo en Centroamérica

Cuna de la civilización maya, con una población originaria en número solo inferior a la azteca y la inca, el territorio guatemalteco pronto se convirtió en uno de los vectores de la colonización española: integrado en el virreinato de Nueva España, gobernado desde México, Guatemala fue la cabeza de Centroamérica. Aún hoy sigue teniendo esa preeminencia poblacional en la subregión, lo que a su vez contribuye a convertir el país en la mayor economía. Con 19 millones de habitantes –el triple que sus vecinos, salvo en el caso de Honduras, país al que dobla–, Guatemala tiene un PIB de 90.000 millones de dólares, casi un tercio más que las economías que le siguen, que son Panamá y Costa Rica.

Estos dos últimos países cuentan con un PIB per cápita ampliamente mayor, pues son economías más desarrolladas. Guatemala podría avanzar en la misma dirección, con la ventaja de un mercado nacional más grande, pero la corrupción y el clientelismo político no han permitido esa expansión. El elevado ruralismo, en zonas de montaña de fuerte presencia indígena, constituye un indudable reto y enmarca la serie de problemas subyacentes que siguen alimentando las caravanas de inmigrantes hacia Estados Unidos.

La sociedad guatemalteca ya intentó sacudirse de encima la tenaza de la corrupción con la revuelta que se dio en 2015 contra el presidente Otto Pérez Molina. Tanto su caída como propiamente los trabajos de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), dependiente de la ONU, alumbraron un momento de esperanza que llevó al poder a un 'outsider', el animador de televisión Jimmy Morales. Pero con el tiempo, Morales no solo incurrió también en corrupción, sino que echó a la CICIG del país; su sustituto, Alejandro Giammattei, presidente los últimos cuatro años, no la ha restituido.

El 'establishment' preveía que las elecciones presidenciales del pasado mes de junio fueran una competición entre líderes tradicionales. Pero el rechazo ciudadano a esa élite hizo que el socialdemócrata Bernardo Arévalo se clasificara para la segunda vuelta de agosto, en la que ganó con un rotundo 60,9% de los votos. Desde entonces, la movilización ciudadana ha batallado frente a los intentos de la Fiscalía de desacreditar al partido Semilla, creado en 2017 por Arévalo, y a sus candidatos.

La Presidencia de Arévalo nace con grandes constricciones. Una no menor es su escasa representación en el Congreso, donde Semilla tiene solo 23 de los 160 asientos. No obstante, la jornada inaugural de ese órgano unicameral evidenció el domingo cierto margen de maniobra para Arévalo. La decisión del Congreso saliente de dejar a los diputados de Semilla como meros independientes, sin las facultades que se conceden a los grupos políticos, fue revocada por el Congreso entrante, donde Semilla logró reunir el apoyo de diputados no adscritos a los principales partidos del 'establishment' y designar a un diputado de Semilla como presidente de la institución.

Si no hubiera sido por la presión internacional, especialmente de Estados Unidos y del resto de la región, sobre todo a través de la Organización de Estados Americanos, así como de la Unión Europea, posiblemente a Arévalo se le habría impedido llegar a jurar el cargo. Teniendo Guatemala un 'establishment' muy plegado a Estados Unidos –es de los pocos países en el mundo que reconoce a Taiwán y tiene su embajada en Jerusalén– la presión estadounidense importa, aunque no garantiza que la Presidencia de Arévalo se normalice.