El presidente electo de Guatemala denuncia un plan de «golpe» para evitar que asuma el poder

El socialdemócrata denunció la existencia de un plan de «golpe de Estado» para impedir que asuma el poder en enero de 2024, tras ganar el balotaje del 20 de agosto con más del 60% de los votos válidos. «Existe un grupo de políticos y funcionarios corruptos que se niegan a aceptar el resultado de las elecciones del pasado 20 de agosto», ha dicho el presidente electo.

Arévalo y el partido con el que llegará al poder, Movimiento Semilla, aseguran que en estos días se «ha puesto en marcha un plan para romper el orden constitucional y violentar la democracia«. Y no es para menos. Desde la primera vuelta del 25 de junio, el partido político ha sufrido la persecución sin pausa del Ministerio Público y la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, dos instituciones de justicia que dirigen Consuelo Porras y Rafael Curruchiche, respectivamente, y cuyos nombres han sido incluidos en la Lista Engel que realiza Estados Unidos sobre quienes considera que son «actores corruptos y antidemocráticos» en Centroamérica.

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Además, ambos han sido protagonistas de las múltiples manifestaciones pacíficas que han ocurrido en todo el país y que exigen su renuncia. Por eso, Arévalo los ha citado en su denuncia: «(el golpe) es promovido desde las instituciones que deberían garantizar la justicia en nuestro país, encabezadas por la fiscal general Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche, el juez séptimo de instancia penal Fredy Orellana, así como la Junta Directiva del Congreso de la República y otros actores corruptos y antidemocráticos».

Llamar a esta persecución un «intento de golpe de Estado» tiene sus orígenes en los hechos de los últimos días. El martes, el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) inició el proceso para suspender al Movimiento Semilla como partido político, minutos antes de que el mismo TSE certificara el triunfo de Arévalo. El partido ya ha apelado la polémica decisión, que asegura es ilegal, y que deja al presidente electo y a sus diputados sin un vehículo electoral para negociar y gobernar en 2024.

La oficina del Registro de Ciudadanos —una dependencia del mismo TSE, cuyo poder radica en la aprobación y cancelación de los partidos políticos— ha acatado una orden que fue girada el 12 de julio por el juez Fredy Orellana —el mismo juez que persiguió al diario crítico con el gobierno, elPeriódico, y encarceló a su fundador José Ruben Zamora— a solicitud del MP y que busca inhabilitar la personalidad jurídica del partido. La razón de la suspensión versa sobre un supuesto caso de anomalías en la constitución del partido. De acuerdo con la FECI, quien figura como la parte acusatoria del caso, hubo «supuestas irregularidades en la recolección de firmas de ciudadanos para inscribir a Semilla como partido en 2017 y 2018». Esta fiscalía sugiere que entre las firmas de afiliados hay 18 fallecidos y 319 firmas sin sustento.

El siguiente golpe llegó 24 horas después. Al día siguiente, el pasado miércoles, la Junta Directiva del Congreso de Guatemala decidió desconocer a la bancada del Movimiento Semilla, conformada por siete diputados, incluyendo a Arévalo. Los congresistas fueron declarados como «independientes», por el legislativo guatemalteco, a pesar de los alegatos de que la decisión era ilegal, puesto que no es oficial que el partido esté suspendido. Primero, el TSE debe conocer las apelaciones planteadas por Movimiento Semilla, cosa que no ha sucedido, y el proceso puede durar hasta 30 días, de acuerdo con la ley.

En ese contexto, Arévalo y su bancada han denunciado lo que consideran un intento de golpe de Estado. El presidente electo ha hecho «un llamado a los pueblos de Guatemala, a la sociedad civil, a los empresarios, a los trabajadores y al movimiento popular, a las iglesias y a las autoridades indigenas, a las fuerzas políticas legitimas y a los funcionarios honestos, a los estudiantes y la academia. a las autoridades electas, y a todas las guatemaltecas y guatemaltecos que rechazamos la corrupción y el autoritarismo, a unir fuerzas en defensa de la democracia y del respeto irrestricto a la voluntad popular», reza el comunicado difundido por el partido en redes sociales.

Horas antes de la conferencia de Arévalo, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) emitió una declaración conjunta sobre la «preocupante situación» en Guatemala luego del balotaje. El Consejo Permanente de la OEA aprobó por aclamación una declaración titulada «Acontecimientos recientes en Guatemala» en la que condenó las «acciones postelectorales de actores políticos y fuerzas partidistas», y la «continua judicialización del proceso y la práctica del Ministerio Público de intimidar a las autoridades electorales». Además, instó a «las instituciones del Estado, incluidas las legislativas, ejecutivas y judiciales, a respetar y garantizar los derechos civiles y políticos del pueblo guatemalteco» tras conocerse los resultados de la segunda vuelta presidencial.

Otros organismos internacionales también se han pronunciado en contra de la persecución contra Semilla. La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, que ha sido muy vocal en el proceso, emitió un pronunciamiento y expresó su «preocupación» por los últimos sucesos. En la misma línea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha denunciado los planes de asesinato al presidente electo, que se filtraron al público la semana pasada, razón por la cual pidió medidas cautelares.

Pero la reacción que ha llamado más la atención ha sido la del excandidato presidencial Roberto Arzú, uno de los eliminados en la contienda y que prometía un cambio sistemático de ser electo. Arzú ha instado a la población a unirse a una manifestación el próximo sábado a las 14 horas frente al Palacio Nacional, para exigir la renuncia no solo de Consuelo Porras, pero también del presidente Alejandro Giammattei. «Ha llegado el momento de la desobediencia civil», ha matizado Arzú en un video difundido vía redes sociales. Grupos de ciudadanos se han sumado a la protesta del sábado, a la que llevarán 100 mil firmas de ciudadanos que han pedido la renuncia de las fiscal general.

Ningún periodo de transición y toma de posesión había sido tan polémico y crucial desde 1985 como la de ahora. Guatemala vive sus horas más bajas. La democracia pende, o pendía, de un hilo, hasta el pasado lunes.