Guatemala, el país donde luchar contra la corrupción se paga con la cárcel

La situación de la exfiscal ha sido denunciada por Amnistía Internacional y por el equipo de abogados que lleva su caso, entre ellos Wendy López, que hace unos días visitó nuestro país después de hacer escala en Ginebra. Letrada y defensora de derechos humanos, López forma parte del equipo de defensa legal de varios miembros de la carrera judicial criminalizados en Guatemala, entre ellos, Virginia Laparra. También forma parte del equipo de defensa de varios periodistas implicados en el caso contra el periodista, actualmente encarcelado –y silenciado–, José Rubén Zamora, director de 'El Periódico' de Guatemala, que tuvo que cerrar hace unos meses tras el acoso al que fue sometido tras años desvelando casos de corrupción por parte del Gobierno de Alejandro Giammattei.

«El objetivo de mi viaje es visibilizar el caso de Virginia Laparra y pedir apoyo tanto al Gobierno español como europeo para que puedan atender el caso de Guatemala, donde el estado de corrupción e impunidad se está agudizando cada vez más, criminalizando a los jueces, fiscales y abogados anticorrupción», explica Wendy López durante una entrevista con ABC en las oficinas de Amnistía Internacional en Madrid. «He venido a decir que estamos cansados de tanta corrupción en Guatemala. De que no es posible vivir en un Estado de tal naturaleza, y que tememos mucho que las condiciones puedan empeorar», afirma.

La victoria en las urnas hace unas semanas de Bernardo Arévalo – que ha supuesto «un punto de esperanza»–, que debería asumir la Presidencia el próximo 14 de enero, ha sumergido al país en una crisis social por los intentos del Ministerio Público, dirigido por la controvertida y señalada por corrupción, Consuelo Porras, por evitar que se produzca este traspaso de poderes de forma democrática. Desde hace días, miles de personas se manifiestan ante la sede del Ministerio Público, y protagonizan bloqueos en decenas de carreteras en Guatemala, reclamando la renuncia de Porras. El traspaso de poder ha acelerado también los procesos judiciales: «Parecen estar corriendo para dejar sentenciados» a todos los perseguidos por denunciar la corrupción.

Según Wendy López, hasta hace dos semanas había tres exfiscales anticorrupción encarcelados, a los que se sumó la abogada Claudia González Orellana, miembro del equipo de defensa de Laparra y que en su momento trabajó para la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), que colaboraba estrechamente con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Creada con el auspicio de la ONU en 2006, este organismo fue disuelto en 2019, al final del mandato de Jimmy Morales y poco después de ganar las elecciones Alejandro Giammattei. Desde entonces, medio centenar de defensores de los derechos humanos, extrabajadores de la CICIG, jueces y periodistas se vieron forzados a abandonar el país debido a la persecución de la Fiscalía.

La propia Wendy López, como defensora de algunos de los enjuiciados, se enfrenta a una acusación por parte de la juez y el fiscal que instruyen el caso de Laparra, «porque nos ven como opositores políticos, que trabajamos contra la corrupción, y eso es algo que ellos quieren silenciar».

La abogada guatemalteca señala que la situación se agudizó después de que Porras destituyera, en junio de 2021, al entonces responsable de la FECI, Francisco Sandoval, cuyas investigaciones destaparon actos de corrupción de personas cercanas al círculo del presidente Giammattei, según declaró el propio Sandoval a la BBC tras salir del país por miedo a represalias. Fue entonces cuando empezaron los procesos de judicialización contra aquellos que formaron parte de la CICIG o la FECI.

Si bien cuatro de las arrestados pudieron afrontar el proceso judicial desde sus casas, Virginia Laparra, cuya detención ha calificado la ONU de «arbitraria», representa la excepción. La exfiscal anticorrupción, que lleva ya 19 meses en prisión, se enfrenta a dos acusaciones. «Estando detenida por una de ellas, fue recapturada. Una situación inédita», subraya López. Acusada de «abuso de autoridad» en la primera, fue condenada a cuatro años de prisión en una sentencia que ha sido apelada «porque denunciar a un juez corrupto –Lesther Castellanos– no debería ser delito en Guatemala», reclama López. Castellanos –incluido, como Porras, en la Lista Engels de EE.UU. de «actores corruptos»– fue denunciado por Laparra por supuestamente filtrar información.

Tras la sorpresiva victoria del socialdemócrata Bernardo Arévalo en las elecciones presidenciales, comenzaron a correr rumores de que muchos de aquellos que se habían exiliado estaban pensando en volver. Fue entonces cuando arreciaron los ataques contra la formación ganadora de los comicios, el movimiento Semilla, así como contra el proceso electoral, con el allanamiento por parte del Ministerio Público de la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

«Hay un ataque definitivo a la democracia, a la voluntad popular del pueblo de Guatemala. Es preocupante cómo se ha ido agudizando cada día más ese golpe al Estado de derecho», señala Wendy López. El propio presidente electo ha acusado a la Fiscal general de estar llevando a cabo un golpe de Estado, con el fin de evitar que asuma la Presidencia. «Nosotros así lo sentimos», corrobora la letrada guatemalteca, que denuncia la existencia de todo un sistema que está permitiendo esto. «Está el organismo judicial, con jueces corruptos, que emiten resoluciones; hay una fiscal general que solicita esas citaciones; y hay un Gobierno que consiente, que calla». El presidente Giammattei se pronunció este lunes, ante los bloqueos en las calles, señalando que estarían apoyados desde el extranjero, y evitó referirse a Consuelo Porras.

Wendy López no es optimista sobre el traspaso de poderes entre Giammattei y Arévalo: «El presidente ha dicho que va a entregarlo, pero no ha dicho a quién». Si bien escenificó el comienzo del proceso de transición con una imagen junto al presidente electo, poco después el Ministerio Público «realizó el allanamiento a la sede del TSE. Ha ido a destapar las cajas de los votos… Eso es una intromisión al sistema de separación de poderes del Estado». Y no descarta que si logra impedir que Arévalo sea presidente, el Congreso, con mayoría oficialista, decida quien lidera el país. ¿Y qué implica esto? «Que a todo lo ilegal lo revestirían de legal. Y se da nuevamente un golpe de Estado ante todos los ojos nacionales e internacionales».

Esta actuación de la Fiscalía ha sido contestada por la Organización de Estados Americanos (OEA), a la que Arévalo pidió la semana pasada que se aplicara a Guatemala la Carta Democrática Interamericana –por estar produciéndose «un golpe de Estado a cámara lenta»–, lo que llevó a la OEA a convocar ayer una reunión del Consejo Permanente para examinar la situación. También el organismo, por invitación de Giammattei, enviará una misión para actuar como mediador en esta crisis. Este lunes, Arévalo se dirigió, a través de su cuenta de X, a Giammattei, que nombró a Consuelo Porras como fiscal general, pidiéndole que se pronunciara «contra del rompimiento del orden constitucional que ella, en contubernio con jueces y fiscales corruptos, han venido provocando». Señalando que la salida de esta crisis «es que se siente y escuche a la población que está siendo muy clara con sus solicitudes».

Wendy López es consciente de que Arévalo, si asume la Presidencia, no va a poder cambiar el país, «pero sentaría las bases para recuperar la democracia en Guatemala. Hoy vivimos bajo el autoritarismo y un golpe de Estado técnico, en el que está cooptado todo el sistema de Justicia. No estamos pidiendo que nos perdonen todas nuestras causas abiertas, sino un proceso justo y que nuestras causas no las atiendan jueces señalados por corrupción», reclama. «El Estado está obligado a garantizar al pueblo de Guatemala seguridad, vida y justicia. Y, ¿qué está haciendo al día de hoy?: nada, silenciar las acciones anticorrupción que cada uno de nosotros estamos haciendo», concluye.