La Corte guatemalteca blinda la toma de posesión y resuelve que Arévalo debe asumir la presidencia el 14 de enero

Con el aval del juez penal Fredy Orellana, la FECI emprendió una serie de pesquisas cuyo fin —revelado en una conferencia de prensa el 8 de diciembre por las autoridades del MP—, era declarar la nulidad de las elecciones y llevar ante los tribunales a cualquier opositor del partido oficial y del Gobierno del impopular presidente Alejandro Giammattei. En cinco meses caóticos, los fiscales han presentado cuatro casos penales que involucran al presidente electo Bernardo Arévalo y su partido, Movimiento Semilla.

Estas acciones han encendido todas las alarmas en el país, que vive uno de sus momentos más bajos en cuanto a persecución a periodistas, jueces imparciales y activistas críticos, y también ha provocado fuertes pronunciamientos y sanciones de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Parlamento Europeo y Estados Unidos, el principal socio comercial y geopolítico del país centroamericano.

Pero tras este fallo de la Corte, ha quedado en firme que el presidente electo Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera, así como los 160 diputados y los más de 300 alcaldes asumirán sus cargos sin ningún obstáculo el próximo año para un periodo de cuatro años, tal como manda la Constitución Política de la República.

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Los magistrados de la CC respondieron a un recurso que presentaron un grupo de abogados y aclararon que las resoluciones del juez Fredy Orellana no pueden impedir el cambio de mando y que el proceso de suspensión del partido Movimiento Semilla tampoco puede impedir que sus diputados electos y que el binomio presidencial asuman sus cargos.

Además, la CC también ha dicho que las investigaciones del MP no pueden afectar los resultados electorales, aunque sí pueden seguir investigando. El fallo enfatiza la autonomía del MP pero deja totalmente claro que sus investigaciones no pueden impedir la finalización del proceso electoral, que culmina con la toma de posesión de los funcionarios electos.

«Hoy es un día histórico para la democracia guatemalteca. El fallo destaca que el Congreso y su Junta Directiva no deben desconocer los resultados de las elecciones. Se debe dar posesión a los funcionarios electos, incluyendo diputados y al binomio presidencial», ha explicado Édgar Ortiz, miembro del grupo de abogados que presentó el recurso a la CC para que fuera el tribunal quien garantizara la transición de mando.

Analistas coinciden en que en los próximos días se vivirá una tensa calma que se verá interrumpida a partir del 14 de enero, cuando la resolución de la CC se dé por cumplida. Y es que el MP que dirige Consuelo Porras, la fiscal general señalada por Estados Unidos en la Lista Engel 2023 de «actores corruptos y antidemocráticos», tendrá que convivir con el gobierno de Arévalo hasta 2026, cuando culmina el periodo de Porras y se elige a nuevas autoridades de la fiscalía.

Los guatemaltecos prevén que el de Arévalo será un gobierno cuyos primeros dos años estará más ocupado en lidiar con casos penales en su contra, que en atender las necesidades básicas de un país cuyos índices de desnutrición y pobreza se han disparado desde los últimos tres gobiernos, acusados de corrupción gubernamental.