Cameron quiere restringir el paro y la sanidad a los inmigrantes de la UE, incluidos los españoles
Los españoles y otros residentes de la UE en el país verán limitado su acceso a la prestación por desempleo o a la sanidad pública
El gobierno de mayoría conservadora que preside David Cameron se dispone a sortear por unos pocos decimales la tercera recesión en cinco años. Así, sin una buena historia económica que vender, y con la «patata caliente» del debate europeo aparcada para evitar agrandar las grietas con sus europeístas socios liberales, el líder «tory» ha recurrido de nuevo a la inmigración para reforzar su perfil más duro ante un electorado cada vez más tentado por la alternativa soberanista y antieuropea del Partido de la Independencia (UKIP).
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En un discurso en el campus de Ipswich de la universidad de Suffolk, Cameron ha anunciado su intención de restringir el acceso de inmigrantes procedentes de otros países de la UE a ayudas por desempleo, a la sanidad pública y a las viviendas de protección oficial. Medidas que, aunque tardarán todavía en materializarse legislativamente, podrían afectar a los miles de españoles residentes en el Reino Unido.
Las medidas podrían afectar a los españoles que viven en Gran Bretaña
Verificarán el nivel de inglés
En el ámbito de las ayudas por desempleo, Cameron anunció que quiere endurecer el test al que se somete a los solicitantes si continúan en paro transcurridos seis meses. Los ciudadanos comunitarios deberán demostrar «genuinamente» que están buscando trabajo, y las autoridades analizarán si tienen una «posibilidad realista» de encontrarlo. Uno de los requisitos estudiados será la capacidad de expresarse en inglés del demandante de la prestación por desempleo. Si fallan este test -que será, según Cameron, «robusto y real»- «perderán el derecho a la prestación», ha sentenciado.
El «premier» ha explicado que quiere asegurarse de que los extranjeros vienen al Reino Unido «por las razones adecuadas», y expresó su objetivo de atraer «a los mejores y más brillantes». «Aunque siempre he creído en los beneficios de la inmigración, también he creído siempre que la inmigración debe estar controlada de forma apropiada», ha dicho, tras acusar a los gobiernos laboristas de haber sido «blandos».
Sin embargo, la oposición ha recordado que ya se aplica un test a quienes llevan cobrando el paro seis meses, con requisitos muy similares a los enunciados por Cameron. En el marco de la flexibilidad que la legislación europea garantiza a los Estados miembros a la hora de limitar la libertad de movimiento, el Reino Unido ya verifica si existe una «genuina probabilidad» de encontrar trabajo, frente a la «probabilidad realista» que quiere exigir Cameron. Matices terminológicos que el «premier» no acompañó ayer de cifras o de fechas de ejecución, y que el portavoz de inmigración laborista, Chris Bryant, calificó de «promesas hinchadas» y de «retórica».
Por su parte, la Comisión Europea (CE) anunció hoy que analizará las medidas presentadas por el Gobierno de Cameron para comprobar si respetan los principios de libre circulación o el derecho de residencia. En su discurso, el líder conservador se ha hecho eco de la «honda preocupación» que detecta el gobierno «de que algunos pueden venir aquí y aprovecharse de nuestra generosidad sin hacer una contribución adecuada a nuestro país».
Repercutir el gasto sanitario a países de origen
En esa línea, Cameron anunció también su deseo de repercutir en los países de origen la atención sanitaria recibida en el Reino Unido por comunitarios que no trabajen en Gran Bretaña. Según las normas actuales, los médicos no tienen la obligación de verificar si un paciente reside o trabaja legalmente en el país, e incluso los turistas procedentes de la UE tienen derecho a todas las prestaciones del sistema de salud público.
El ministro de Salud, Jeremy Hunt, denunció poco después del discurso de Cameron que los inmigrantes sin derecho a la cobertura sanitaria han «taponado» la sanidad pública. Ante la falta de datos concretos del gobierno, la prensa británica estima que los extranjeros procedentes de la UE, Suiza y Noruega suponen un coste pequeño, de entre diez y 20 millones de libras, a unas estructuras que soportan un coste anual de 100.000 millones.
El gobierno culpa sin cifras a los inmigrantes de «taponar» la Sanidad
Cameron se refirió a un tercer ámbito del sistema social, la vivienda. Y anunció que los inmigrantes permanecerán fuera de las listas de espera para las viviendas sociales, gestionadas por los ayuntamientos, durante al menos dos años, mientras los municipios establecen sus propios requisitos de residencia. Aunque inicialmente el gobierno hablaba de un incremento del 40% en las solicitudes de vivienda social de extranjeros, ayer reconocieron que se refieren al crecimiento en la «proporción» de extranjeros del total de solicitantes, que ha pasado del 6,2% en 2007-2008 al 9% en 2011-2012, según datos recogidos por « The Daily Telegraph ».
Los anuncios de Cameron se suman a un incremento de la retórica del actual gobierno en materia migratoria, que quiere reducir la inmigración neta (diferencia entre lso que entran y los que salen) a un saldo positivo menor a 100.000 personas en 2015. Según las últimas estadísticas , están en camino después de que la cifra haya bajado de 247.000 en junio de 2011 a 163.000 en junio de 2012. Cameron quiere zanjar la cultura del «todo por el nada» de la que, según él, habrían disfrutado los extranjeros.
Fianza para inmigrantes de países «de riesgo»
El «número dos» del Ejecutivo, el liberal Nick Clegg, se sumaba este fin de semana con el anuncio de una fianza o depósito en frontera de 1.000 libras (1.180 euros) a los inmigrantes de ciertos «países de alto riesgo», mientras el Ejecutivo estudia implantar a partir del año que viene una tarjeta de residencia con datos biométricos –un requisito que se aplica ahora solo a los ciudadanos extracomunitarios- también a los inmigrantes procedentes de la UE, que gozan en teoría de la libertad de instalarse libremente en cualquier país comunitario.
Pero, como ya ha ocurrido anteriormente en otros países europeos, el levantamiento de las restricciones a la libertad de movimiento para búlgaros y rumanos a comienzos de 2014 ha desatado una alarma no siempre sostenida por las estadísticas en un país que tiene menos extranjeros que Alemania (7,2 millones, de los cuales 2,6 son de la UE), España (5,7, de los que 2,3 son comunitarios) e Italia (4,6 millones de extranjeros, de los que 1, 3 son comunitarios). A finales de enero, salía a la luz un intercambio de ideas dentro del Gobierno en el que se llegó a contemplar una campaña de imagen (negativa) en estos dos países para disuadir a potenciales inmigrantes.
En Gran Bretaña, con una población de 63 millones, viven dos millones de ciudadanos comunitarios (de 4,5 millones de extranjeros) a los que podrían afectar estas medidas, que llegan después del «susto» electoral infligido por el populista UKIP a los «tories» en las recientes elecciones para sustituir al ex ministro encarcelado Chris Huhne, en las que los conservadores fueron derrotados por los liberales y superados por primera vez por el UKIP.
En esta pugna por el electorado más conservador, la política migratoria juega un papel más importante que la bandera del euroescepticismo –según varias encuestas-. Y el gobierno que preside Cameron ha decidido jugar el partido en el terreno de su rival populista agitando el «miedo al rumano», a pesar de cifras que indican que los inmigrantes procedentes de la Europa Oriental tienen una tasa de empleo mayor que la población «nativa» y son mucho menos proclives a solicitar prestaciones sociales.
Los europeos orientales piden menos ayudas sociales que los británicos
Según datos de 2004-2009 recogidos por la BBC , el 90,4% de los inmigrantes varones procedentes de ocho países de la Europa central y oriental (República checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Eslovenia, Eslovaquia y Polonia) tenía empleo frente al 78,3% de los británicos, entre los que el 24,2% solicita prestaciones sociales o ayudas fiscales frente al 12,4% de los inmigrantes de estos países, que piden también ayudas a la vivienda en menor proporción (6,5% frente al 15,9% entre los británicos).
En su intervención, el dirigente conservador ha enunciado otras medidas ya presentadas, y ha insistido en que se perseguirá la inmigración ilegal, para lo que se doblarán las multas máximas, hasta las 20.000 libras, a aquellas empresas que den trabajo a irregulares y se sancionará a los caseros que alquilen propiedades a personas sin los papeles en regla.
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