El TC mantiene su calendario pese a las prisas de Puigdemont por resolver su caso

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La Fiscalía del TC se opone a levantar la orden de detención de Puigdemont mientras se resuelve su amparo

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Asegura que estimar esta medida supondría «un pronunciamiento anticipado» sobre el fondo del recurso: la negativa del Supremo a aplicarle la amnistía

Así lo aseguran a ABC fuentes del órgano que preside Conde-Pumpido, que manifiestan la voluntad del presidente de cumplir con el calendario fijado en virtud del cual los recursos de amparo de los prófugos Carles Puigdemont, Toni Comin y Lluis Puig se resolverían después de los presentados por el grupo de los ya condenados que encabeza Oriol Junqueras y que entraron antes en el tribunal. Todos estos recursos tienen algo en común: se dirigen contra la decisión del Tribunal Supremo de no aplicar la amnistía al delito de malversación (al entender la Sala Segunda que el tipo de malversación que cometieron está expresamente excluida de la ley), lo que ha propiciado, en el caso de los condenados, que siga en pie su inhabilitación; y en el caso de los huidos, que el juez Llarena haya mantenido la orden de detención nacional que pesa sobre ellos.

Es precisamente esa orden de detención la que Puigdemont quiere que se suspenda mientras los magistrados no abordan el fondo de su recurso, que, como los demás, fue admitido a trámite el pasado 7 de octubre. Fue entonces cuando el tribunal abrió una pieza específica relativa a la suspensión de esa medida cautelar que supone la orden de arresto y es en el marco de este trámite de audiencia a las partes en el que, como adelantó ABC, la Fiscalía se ha opuesto a que se suspenda la orden de detención. Entiende que pronunciarse sobre este extremo supondría hacerlo sobre el fondo del recurso respaldando o, en su caso, enmendando al Supremo.

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Uno de los abogados de la cuestión prejudicial ante el TJUE acusa al abogado general de excederse al negar la autoamnistía

Nati Villanueva

Sostiene que se trata de una cuestión de ámbito nacional sobre la que Dean Spielmann no debió pronunciarse y tilda de «anómala» su actuación

También en este caso la pieza cautelar relativa a la inhabilitación de los condenados es anterior a la recién abierta de Puigdemont y la intención del presidente es respetar el orden temporal de cada asunto, según las fuentes antes citadas.

Pero Puigdemont no está por la labor se seguir esperando, y en una ofensiva judicial que Junts acompasa presionando en el terreno político, su abogado vuelve a insistir en que la opinión del abogado general condiciona de lleno la resolución de su caso y que es un elemento nuevo que el Pleno del TC ha de tener en cuenta. Y ello a pesar de que su informe ni es vinculante para el TJUE –cuya resolución no llegará hasta al menos dentro de dos meses– ni tiene nada que ver con su caso, pues las cuestiones prejudiciales sobre las que Dean Spielmann se ha pronunciado son relativas a dos consultas muy concretas del Tribunal de Cuentas (malversación) y de la Audiencia Nacional (terrorismo) y lo que afecta a Puigdemont es la soberana decisión del Supremo.

«La suspensión cautelar solicitada no sólo resulta procedente, sino jurídicamente obligada para garantizar la efectividad del recurso de amparo y evitar la lesión irreversible de los derechos fundamentales del recurrente», señala Gonzalo Boye en su escrito. A su juicio, la declaración de constitucionalidad de la ley de amnistía por parte del propio TC y las conclusiones del abogado general del TJUE son dos «parámetros convergentes que refuerzan el deber de asegurar que el recurso de amparo no pierda su finalidad sin más excusas ni dilaciones injustificables». Sobre el primero dice que el pronunciamiento sobre la adecuación de la ley a la Carta Magna «fija un suelo jurídico sólido e inalterable: una ley declarada constitucional no puede ser privada de eficacia práctica por la persistencia de medidas penales restrictivas». Sobre el segundo destaca que el abogado general haya afirmado «con rotundidad» que la ley de amnistía «es plenamente compatible con el Derecho de la Unión».

Boye asegura que estas conclusiones «poseen una autoridad interpretativa indiscutible», pues el propio letrado del TJUE apunta que la amnistía es «competencia exclusiva de los Estados miembros» y sostiene que «cuando concurren los presupuestos de aplicación de una amnistía, el órgano jurisdiccional debe dictar una resolución que ponga fin al procedimiento y proceda a su archivo sin más trámite».

«No es posible mantener órdenes de detención —ni de forma provisional— cuando el estándar europeo exige el archivo inmediato tan pronto se verifican los presupuestos de la ley», concluye la defensa del 'expresident'.