Silencio de la ministra de Justicia en las dos crisis legales más importantes

El primero de ellos, desvelado por ABC, es el desconcierto que ha generado Justicia por sus contradicciones sobre la nacionalización de descendientes de emigrantes españoles. Agarrándose a otra polémica ley como la de Memoria Democrática, el ministerio de Llop dio hace un mes instrucciones a los Registros Civiles de todo el país para que admitieran las solicitudes sólo a hijos, nietos y bisnietos de exiliados. Es decir, a descendientes directos de quienes tuvieron que irse de España por razones políticas, ideológicas, religiosas o de identidad sexual.

Sólo cinco días más tarde, el mismo ministerio ordenó lo contrario: nacionalizar a los descendientes de todos los emigrantes, aunque no fueran exiliados y se marcharan de forma voluntaria. Un cambio de criterio con importantes consecuencias, ya que abre la puerta a nacionalizaciones masivas a menos de un año de las elecciones generales, lo que puede alterar el censo electoral.

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Para más inri, esta inseguridad en los Registros Civiles de toda España y para miles de afectados se ha producido por dos instrucciones contrarias en apenas cinco días –20 y 25 de octubre– de una dirección general que se denomina de Seguridad Jurídica. La máxima responsable de ese ministerio, Pilar Llop, no ha dado ninguna explicación al respecto.

Como tampoco lo ha hecho durante estos días con otro asunto en el que tiene una responsabilidad clave: el fiasco de la ley del 'sólo sí es sí', cuya aplicación real beneficia ya a numerosos condenados por delitos sexuales. Y ello a pesar de que hay pocas personas más indicadas para pronunciarse sobre algo que tanta alarma ha generado en la sociedad española.

Llop no sólo es juez y además especializada en Violencia sobre la Mujer, miembro del Ejecutivo que impulsó esa ley y ministra de Justicia. También pasó por el Ministerio de Igualdad como delegada del Gobierno para la Violencia de Género y fue presidenta del Senado, donde se ha debatido y aprobado esta norma. Pese a todo lo anterior, sigue de perfil bajo mientras fuentes de su departamento se limita a pedir «prudencia».

Sin embargo, Llop no dudó en opinar amplia y públicamente sobre este mismo asunto, por ejemplo tras la primera sentencia contra 'La Manada' de los San Fermines. Entonces se lamentaba de que la Justicia navarra condenó a los implicados sólo por abuso y no por agresión sexual.

Ahora el abogado de uno de ellos ya ha anunciado que pedirá la rebaja de la pena, que el Tribunal Supremo elevó a 15 años, acogiéndose a la nueva ley. Incluso, el pasado mes de agosto, justo antes de que se aprobara definitivamente, Llop atizó al principal partido de la oposición por intentar impedirlo: «El PP es igual a Incoherencias SA», ironizaba en su perfil oficial de Twitter.

Marlaska, cuyo ministerio es «coproponete» de esta ley, despachó los ataques de sus socios de gobierno a sus compañeros de carrera invitando a «respetar las resoluciones judiciales». Y Robles dice que «a mí nunca me van a encontrar descalificando a los jueces» porque no le gusta ni lo comparte «con carácter general».

Mientras, los jueces españoles, incluidos los progresistas, reaccionaban esta semana tras ser estigmatizados desde la parte morada del Gobierno como «machistas» por las ministras Irene Montero e Ione Belarra, la número dos de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, o la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, que también es juez y ocupa el mismo cargo con el que Llop se estrenó en política.