Del colapso para lograr la ciudadanía española a conseguirla en 20 días

En el caso de los bisnietos, como el de esta joven, el expresidente socialista limitó la concesión de nacionalidad a los menores de 21 años, una edad que ella superaba. Pero la nueva ley aprobada por Sánchez es mucho menos restrictiva y concede la españolidad de origen a todos los bisnietos, aunque sean mayores de edad y se encuentren ya emancipados.

La concesión de la nacionalidad a García Tellechea ha sido publicitada por el propio consulado, con un mensaje de enhorabuena en las redes sociales acompañado de numerosas exclamaciones. Esta joven chilena, como el resto de descendientes de españoles que adquieran la nacionalidad mediante esta vía, podrá votar en las siguientes elecciones autónomicas, generales y europeas.

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El caso de García Tellechea es uno de los supuestos claramente recogidos en la nueva Ley de Memoria Democrática, que en su disposición adicional octava recoge que podrán optar a la nacionalidad española los hijos y nietos de exiliados, pero también los hijos mayores de edad de aquellos a los que Rodríguez Zapatero concedió la ciudadanía por la Ley de Memoria Histórica y los hijos de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de 1978.

Lo que llama la atención es la enorme rapidez con que el consulado ha resuelto su caso cuando la tónica general es que las solicitudes de nacionalidad tarden como mínimo varios meses en resolverse desde que el extranjero presenta todos los papeles. En muchas ocasiones llegan a tardar años e incluso a estancarse en barbecho. Una simple búsqueda en la base de datos de los órganos de Justicia devuelve decenas de resoluciones del Contencioso de la Audiencia Nacional sólo de estos meses reconociendo la nacionalidad a otras tantas personas por el silencio de la Administración, que se da por positivo.

Esta situación de colapso, que afecta a los registros civiles y que se vaticina ya para los consulados. El Defensor del Pueblo lleva una década alertando del impacto en los derechos de la ciudadanía que tiene la disfunción persistente del sistema de concesión de la nacionalidad, sin que los planes de choque y de refuerzo que se han venido poniendo en marcha ya desde la primera legislatura de Mariano Rajoy pongan coto.

Ejemplo es la última iniciativa del Ministerio de Justicia ya con Pedro Sánchez en La Moncloa. Consiguieron agilizar decenas de miles de expedientes de nacionalidad, pero lo que colapsó fue el sistema de citas para que todas esas personas diesen el último paso, la jura. Les caducaban los papeles esperando.

«Tiene razón el Defensor del Pueblo y tienen razón los ciudadanos cuando se quejan de que tardamos mucho», dijo en un encuentro informativo en abril del año pasado Sofía Puente, la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia que ahora firma esta nacionalidad exprés para nietos y bisnietos. Anunciaba a la prensa un plan de choque de dos millones de euros frente una situación que definía así: «Hay 38 funcionarios para tramitar 300.000 expedientes de nacionalidad».

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Cuatro meses después, el departamento que dirige Pilar Llop emitió un comunicado con otro dato: el refuerzo de la plantilla había consistido en «cien funcionarios más». Es decir, 138 funcionarios para intentar dar respuesta a 300.000 personas. Según el Defensor, si el afectado tiene que recurrir alguna de las decisiones del expediente, su espera puede incrementarse tres años más. Y fueron 1.369 los recursos sólo el año pasado.

Los últimos datos, actualizados a 30 de septiembre, arrojan un total de 283.415 expedientes de nacionalidad por resolver, exclusivamente de la modalidad por residencia, que es la más numerosa y afectada por ese colapso. Acceden los extranjeros de países con convenio tras dos años de residencia legal y continuada en España. Los de otros orígenes han de esperar diez años viviendo en el país con los papeles en regla para pedirlo. Todos han de superar además, una prueba específica.

En cuanto a las nacionalidades por carta de naturaleza, que son aquellas que concede discrecionalmente el Gobierno, se habían instado 408 peticiones hasta septiembre y resuelto 15. La tasa es peor entre los sefardíes: 18.642 expedientes sin resolver. Con este panorama, se suman las nacionalidades de opción, la de los hijos de nacionales españoles que ahora se hace extensiva a los nietos y bisnietos de emigrados que en su día, no cumplían los requisitos. Justicia no aporta datos en su último balance. Según el INE, el año pasado se nacionalizaron así 21.712 personas, casi todas menores de 20 años. No consta si hay lista de espera.

Según fuentes del Registro Civil consultadas por ABC, el plan de nacionalizaciones masivas lanzado por el Gobierno está agravando esta situación por las prisas y el dudoso procedimiento legal empleado. Por un lado, y como publicó ABC el pasado viernes, el Ejecutivo está intentando reformar la ley de Memoria por la puerta de atrás con la publicación de una instrucción del Ministerio de Justicia que establece que podrán nacionalizarse los hijos, nietos y bisnietos de emigrantes españoles -al margen de la razón por la que abandonaran el país-, y no solo aquellos que descendieron de exiliados por la Guerra Civil y el Franquismo, como estipula la nueva norma.

Además de reformar el contenido de esta legislación, la instrucción de Justicia contraviene el objetivo de la ley de ofrecer una compensación a los descendientes de exiliados por lo que sufrieron sus antecedentes, ya que recibirán el mismo trato que aquellos descendientes de emigrantes por razones económicas, por ejemplo. Y todo ello está generando enormes dudas sobre cómo proceder, que están aumentando el atasco. Por un lado, la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática se ha producido sin periodo de carencia, es decir, de forma inmediata. Una circunstancia que no ha dado tiempo a los registros civiles y consulados a dotarse del personal suficiente para hacer frente a la avalancha de solicitudes y consultas de los interesados.

Cuando Rodríguez Zapatero lanzó su proceso de nacionalización retardó un año su entrada en vigor para dar tiempo a que el sistema estuviera preparado, y aquella operación fue mucho más restrictiva que la actual. «Tenemos unas 300 consultas al día de posibles solicitantes», señalan a ABC fuentes de un registro civil que se declaran «desbordadas». «Es imposible hacer frente a esto con el personal que tenemos», denuncian. El Gobierno, de momento, se limita a guardar silencio.