Los jueces se hartan de los continuos ataques de Montero y piden ya su dimisión

A juicio de la asociación, la acusación de que existe un prejuicio generalizado en el Poder Judicial contra las mujeres «además de carecer del más mínimo rigor y sustento real, resulta ofensiva y produce una alarma innecesaria y devastadora e la confianza de quienes son y han sido víctimas de estos delitos». Se devalúan así, añade, los los estándares de calidad democrática que en toda la UE reclama el valor del Estado de Derecho.

Recalca la APM que los jueces y juezas de España están «firmemente comprometidos con la protección de las víctimas y de igual modo con las garantías de quienes están sometidos a un proceso penal». Ese compromiso comporta el «diligente cumplimiento de las obligaciones que resultan» de la aplicación de la ley» que ha sido aprobada, recuerdan, por el Legislativo.

«Acudir a descalificaciones generalizadas con fundamento en pretendidos prejuicios y estereotipos, en lugar de asumir con honestidad la posibilidad de que la norma pueda dar lugar a interpretaciones que puedan resolverse, por imperativo de los básicos principios penales, en favor del reo, resulta una actuación totalmente reprobable por falsa e injusta, sobre todo teniendo en cuenta que tal afirmación se desmiente con la evidencia contrastable de la labor cotidiana de juzgados y tribunales que persiguen con determinación y denuedo las conductas criminales que integran estos delitos contra la libertad sexual».

Otra asociación de jueces, como Foro Judicial Independiente (FJI), también ha pedido la dimisión de Montero como ministra de Igualdad por su «reacción injusta y pueril». Afirma FJI en su comunicado que «desde el Ministerio de Igualdad debería asumirse la responsabilidad de quien, conociendo el riesgo que existía de que se produjeran rebajas de condena, no hizo el más mínimo esfuerzo por rectificar los posibles efectos no queridos de un proyecto legislativo elaborado de manera defectuosa».

Esta asociación judicial destaca la «gravedad de las acusaciones vertidas» por la ministra de Podemos y su «infantilismo» de culpar a otros de sus propios errores, por lo que insta a Montero a que dimita «para cerrar este lamentable espectáculo con una mínima dignidad».

También se ha sumado a esta petición la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), cuyo portavoz, Jorge Fernández Vaquero, califica las palabras de la ministra de «grave irresponsabilidad institucional que mina la confianza en el Estado de Derecho». Y que, por tanto, «debe tener consecuencias» en forma de dimisión de la ministra de Igualdad.

APM, AJFV y FJI suman más de 2.500 jueces , más del 80% de los que pertenecen a alguna asociación profesional y casi la mitad de todos los que hay en España. La única que no ha pedido la dimisión de Montero es la progresista Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD), con 441 miembros, aunque sí coincide con todas las demás en criticar sus ataques a la carrera judicial.

No sólo los jueces critican a Montero. La mayoritaria Asociación de Fiscales (AF) ha calificado de «inaceptables» manifestaciones vertidas en este mismo sentido por otros dirigentes políticos. «El legislador debe asumir la falta de técnica legislativa y de rigor jurídico en su reforma y no culpar a quienes exclusivamente nos limitamos a dar debido cumplimiento a esa ley».

La AF denuncia un «ataque injustificado» al poder judicial por parte de quienes ostentan cargos públicos en el Gobierno u otras instituciones con el único fin de crear confusión en la ciudadanía. «Reconocer el error legislativo cometido sería un acto de responsabilidad política y madurez democrática de la que carecen».