Santiago Abascal exporta a Europa su guerra total contra la amnistía: «Es un golpe de Estado»

La sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo ha sido testigo de la comparecencia de Abascal, flanqueado por los eurodiputados Jorge Buxadé (a su derecha) y Hermann Tertsch (a su izquierda). Vox lleva semanas animando a una movilización constante y creciente para rechazar en manifestaciones «pacíficas» la amnistía. Es el único partido que ha apoyado y ha participado en las protestas frente a las sedes del PSOE, incluidas las vividas en la madrileña calle de Ferraz, donde grupos ultras han protagonizado disturbios y ha habido varias detenciones estos días.

Pero ahí no acaba la acción del partido conservador, que se ha querellado ya contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por presuntos delitos de cohecho y usurpación de funciones judiciales, y contra el secretario general del Congreso por supuesta prevaricación. Los servicios jurídicos de la Cámara Baja se opusieron en 2021 a tramitar una ley de amnistía por el 'procés' al apreciar que esa medida entraba «en contradicción palmaria» con la Constitución, que prohíbe expresamente los indultos generales. Este martes, con nuevo letrado mayor al frente, el criterio ha sido el opuesto.

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Abascal ha explicado su presencia en Estrasburgo como una vía para «contribuir a la denuncia del golpe de Sánchez contra la Constitución, contra la nación y contra el Estado». Para Vox, el debate de este miércoles en el pleno del Parlamento Europeo es muy importante, por lo que pedirá apoyo al Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos, donde se integra la formación derechista. Su líder ha definido la ley de amnistía como «contraconstitucional» porque, en su opinión, actúa directamente contra los artículos 14 (igualdad ante la ley) y 62 (prohibición de indultos generales).

El presidente de Vox ha recordado que la ley de amnistía y el acuerdo del PSOE con Junts, el partido del prófugo Carles Puigdemont -que reconoce el 'lawfare' o persecución judicial de los adversarios políticos-, han provocado la reacción en contra de todas las asociaciones de jueces y fiscales, del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Supremo, de abogados del Estado, de notarios... En varios comunicados, hablaban estos organismos de «abolición del Estado de derecho», «principio del fin de la democracia» y «desaparición de uno de los poderes del Estado».

«Es decir, un golpe de Estado», ha zanjado Abascal. En este contexto, el líder de Vox ha apelado a la Unión Europea, a la que, según él, los españoles miran a la vez «con esperanza» y «con inquietud». Esto último, por el «silencio» que hasta ahora ha mantenido. «Exigimos a la Comisión Europea que actúe y se ponga del lado de los españoles y de la legalidad», ha reclamado, y le ha pedido que emplee «la misma contundencia» que con «otras naciones», en alusión a Hungría y Polonia, que «no estaban actuando contra sus propias leyes».

El comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, recibirá la próxima semana en Bruselas al ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, a petición del segundo, que quiere explicarle que la ley de amnistía que promueve el PSOE, su partido, es «coherente» con los principios europeos y un «asunto interno» de España. Reynders ya le envió una carta pidiéndole detalles sobre la norma antes de que estuviese registrada y entonces Bolaños respondió que no podía porque estaba en el terreno de los partidos políticos.

Buxadé ha criticado que Reynders haya mantenido hasta ahora, según él, «una posición de mirar hacia otro lado», alegando que no conocía aún el texto de la norma. Un argumento que el vicepresidente de Vox ha tachado de «ridículo» porque, ha insistido, «la amnistía en España es inconstitucional». Esa es la postura que defendieron los letrados del Congreso en 2021 y que, hasta las elecciones generales del 23 de julio, conservaban Sánchez, la parte socialista del Gobierno y el PSOE. Con la necesidad de sumar los siete votos de Junts, el criterio giró 180 grados.

Abascal, por otra parte, ha vuelto a apuntar al PP y ha recordado que Vox ha pedido un informe a los letrados del Senado sobre la constitucionalidad de la ley de amnistía. En el caso de que los servicios jurídicos de la Cámara Alta contradigan el criterio de los del Congreso y vean la norma palmariamente inconstitucional, Vox exigirá a los populares que no la tramiten. «Si el informe dice que es inconstitucional, el Senado no puede tramitarla. Se abriría un choque institucional que es necesario en estos momentos», ha dicho el dirigente derechista.

Si el PP se negase siquiera a tramitar la norma en el Senado, que es una cámara de segunda lectura sin las competencias que sí tiene el Congreso, se abriría un horizonte desconocido. Los populares aprobaron una reforma del Reglamento de la Cámara Alta precisamente para ralentizar la ley y que pueda ser discutida sin la urgencia marcada por la Cámara Baja. Pero si el PP se niega directamente a tramitarla, nadie sabe exactamente qué pasaría. Algunos parlamentarios creen que, al no haber cambios, se publicaría en el Boletín Oficial del Estado a los veinte días.