Los letrados del Congreso rechazaron la amnistía en 2021 por inconstitucional

En aquella fecha, meses antes de la crisis de gobierno con la que Sánchez reestructuró gran parte de su Ejecutivo, los socialistas se afanaban en preparar los indultos a los condenados del 'procés'. Pero el independentismo, sobre todo el del espacio de Junts, el partido que lidera el prófugo Carles Puigdemont, recelaba de esta figura, contemplada en la Constitución, y abogaba por una amnistía que, en la práctica, no señalase como delitos los hechos consumados durante el 'procés', en el otoño caliente del 2017.

El indulto, argumentaban entonces los separatistas, implicaba el perdón de una falta que ellos niegan. Mientras que la amnistía podía interpretarse como un borrado de unos delitos que, en su opinión, nunca sucedieron.

Los independentistas, antes de las elecciones catalanas de febrero del 2021, habían prometido llevar al Congreso una ley de amnistía. Dicho y hecho. El 16 de marzo, ERC, Junts, PDeCAT y la CUP –entonces los cuatro tenían representación en la Cámara Baja– registraron en el Congreso la Proposición de Ley Orgánica de Amnistía y Resolución del Conflicto Político entre Catalunya y el Estado Español. La Mesa del Congreso se reunió siete días después para calificar la iniciativa, con un informe de los letrados que distaba de ser inconcreto.

Los servicios jurídicos de la Cámara Baja avisaron a los miembros de la Mesa que un «indulto general», como el que según entendían escondía la amnistía, colisionaba directamente, «en contradicción palmaria», con el artículo 62 de la Constitución, que recoge que corresponde al Rey ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, «que no podrá autorizar indultos generales». El PSOE, en reunión de la Mesa el 23 de marzo del 2021, que entonces presidía la socialista Meritxell Batet, sumó sus votos a los de PP y Vox para rechazar la mera calificación de la amnistía por inconstitucional.

Solo Unidas Podemos se posicionó a favor de tramitar la ley de los independentistas para que fuese debatida en pleno. La que era en esa fecha portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, reiteró ya el día que se registró la ley exactamente lo mismo que había dicho el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, la víspera: que una amnistía no tenía cabida en la Constitución y que los socialistas iban a votar en contra de ella.

El informe contrario a la ley de amnistía del 2021, que perseguía el mismo objetivo que la que han negociado ahora el PSOE y los independentistas para la investidura de Pedro Sánchez, lo emitió quien hasta hace dos semanas era secretario general y letrado mayor del Congreso, Carlos Gutiérrez Vicén, que acumulaba casi una década en el cargo. Su sustituto desde el viernes, Fernando Galindo, deberá estampar su rúbrica en un informe de idoneidad sobre la ley.

Galindo viene de ser subsecretario en el gabinete de la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, y anteriormente fue director general de Cooperación Autonómica y Local en el mismo ministerio. Su pareja, Mercedes Cabrera, cesó el lunes como directora general de Relaciones con las Cortes por incompatibilidad entre su puesto y la nueva responsabilidad de Galindo.

La anotación de los letrados, que debe recomendar la admisión o inadmisión a trámite de cada iniciativa, no es en ningún caso vinculante. Sin embargo, los argumentos de los servicios jurídicos del Congreso serán llamativos, dada la rotundidad con la que rechazaron la amnistía en 2021. Si la posición de los letrados es la misma, el PSOE estaría actuando contra su criterio. Si difiere, los socialistas no serán los únicos que cambian de opinión.

En junio del año 2021, el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos concede indultos parciales a los nueve presos del 'procés'. En la exposición de motivos de la medida de gracia, el Ejecutivo es contundente: «A diferencia de la amnistía, claramente inconstitucional, que se reclama desde algunos sectores independentistas, el indulto no hace desaparecer el delito».

Entonces, el Consejo de Ministros, y en particular el que era ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ahora magistrado del Tribunal Constitucional, buscaba armarse de razones para conceder los indultos, a pesar de la flagrante falta de arrepentimiento de los condenados por sedición y malversación, que insistían: «'Ho tornarem a fer' (Lo volveremos a hacer)». La convivencia era (es) la excusa del Ejecutivo.

«La concesión de la gracia traerá consigo la consecuencia propia de todo indulto particular, esto es, la de excepcionar el cumplimiento de la pena indultada o conmutada, pero con la persistencia del delito», razonaba el Gobierno en el caso de Oriol Junqueras –los indultos se tramitan individualmente–, precisamente diferenciándolo de la amnistía.

Pedro Sánchez prometió en 2019 el «cumplimiento íntegro» de las penas del 'procés'. Dos años después, concedió los indultos. Ahora, para ser investido, está dispuesto a conceder una amnistía que incluso dos días antes de las elecciones veía inadmisible.