El recurso de la Fiscalía puede frustrar que el Supremo impute terrorismo a Puigdemont

La comisión rogatoria a Suiza se ha enviado sin contar con la opinión de la Fiscalía que, de momento, no ha objetado porque según las fuentes consultadas por ABC, no es más que una averiguación de domicilio y la reiteración de petición de información sobre una cuenta de la que sí interesaba averiguar los movimientos.

Lo que sí ha presentado es un recurso directo de apelación que podría paralizar o revocar el envío de la causa al Tribunal Supremo, si la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional considera que, como alega el fiscal, se ha producido una incongruencia en las decisiones del juez o si entiende que el instructor debió esperar a que se resuelva el dilema de fondo: si hay indicios para seguir la causa de Tsunami por delitos de terrorismo, o no.

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Como dice la resolución de García Castellón, notificada este miércoles, «es público y notorio» que Marta Rovira vive en territorio suizo, pues es el país que escogió cuando se marchó de España para eludir la causa del procés y no ha regresado. Además de pedir a las autoridades helvéticas que proporcionen la dirección donde vive Rovira, eleva otro requerimiento: información completa de una cuenta bancaria de una entidad de aquel país que, se sospecha, pudo ser el punto de partida de las finanzas de Tsunami Democràtic.

Ya pidió al inicio de las pesquisas a Suiza que informase sobre las tarjetas, movimientos, salidas y entradas de fondos de esa numeración. Era 2019 y recibió por respuesta una negativa. Ahora, García Castellón lo vuelve a intentar pero apelando a un convenio internacional de lucha contra el terrorismo que Suiza firmó en 2021 y que no estaba vigente cuando preguntó por primera vez.

Para acogerse a esa obligación recién contraída de las autoridades helvéticas de colaborar con otros países para perseguir el terrorismo, el juez relata toda la batería de indicios que le han llevado a concluir que es a eso a lo que se dedicaba Tsunami Democràtic.

Lo describe como una organización estructurada, jerarquizada y con vocación de permanencia que orquestó graves disturbios en el otoño de 2019 en Cataluña dejando por el camino heridos graves y, como menciona ya en sus autos, un fallecido en el entorno de un aeropuerto de El Prat asediado.

Recoge, en este sentido, que los informes policiales de aquella acción dan cuenta del «uso de artefactos, sustancias y armas», igual que da cuenta de el papel que habría jugado Rovira a partir de las conversaciones de chat encriptado intervenidas en las que se le atribuye el pseudónimo de «Matagalls», como informó ABC.

Respecto a la petición de información de la cuenta, recuerda los pantallazos de conversaciones intervenidas en el móvil del asesor de Puigdemont en Waterloo, el historiador Josep Lluis Alay. En pleno asedio de El Prat, recibió un mensaje de alguien que se hacía llamar Nicola Ticino, -la investigación esclarecería que se llama Nicola Foglia- y se presentaba como «expresidente de la juventud socialista».

Le trasladó que disponía de «bastante dinero» en un banco catalán y podía financiar la manutención de los manifestantes que pensaban resistir en el aeropuerto. A las dos horas, Alay le contestó que podía hacer una donación a una cuenta en Suiza a nombre de Jaume Cabani -imputado como presunto responsable de la financiación de Tsunami- y le facilita el Iban, el Swift y la dirección del banco, el CIM Banque Privée SA. Foglia le anunció que donará 6.000 francos suizos, pero falta contrastar con los movimientos bancarios si fue así. De ahí este nuevo requerimiento que se produce cuatro años después.

La preocupación del Ministerio Público está en el centro del asunto y es que el fiscal Miguel Ángel Carballo no ve terrorismo en Tsunami, sino desórdenes públicos. Ya recurrió en la Audiencia Nacional para hacer valer su criterio frente al auto que imputaba a Puigdemont, Rovira y una decena de personas, incluido el diputado autonómico de ERC Rubén Wagensberg, pero el recurso sigue parado en la mesa del juez. No se ha tramitado.

Y eso lo puso este miércoles negro sobre blanco el fiscal en un recurso que en apenas dos folios de extensión, venía a impugnar la decisión de García Castellón de enviar toda la causa al Tribunal Supremo. Primero, porque el auto de imputación está recurrido y por tanto, ha tomado una decisión sobre una premisa que puede ser rebatida.

Y segundo, porque este movimiento supone a su juicio una «flagrante contradicción» con lo que el propio juez dispuso en aquel auto para los aforados Puigdemont y Wagensberg. Sobre el expresident, le ofreció declarar voluntariamente antes de enviar el necesario suplicatorio al Parlamento Europeo para imputarle. En cuanto al diputado autonómico, dejó escrito que no era «procedente en este momento realizar la exposición razonada sino que será necesario concretar con mayor precisión su participación en los hechos».

Para el fiscal, la remisión al Supremo de la exposición razonada de esta manera «viene a ser una suerte de reforma de oficio de la citada resolución sin fundamento alguno, sin nuevos hechos acreditados y sin que se haya practicado ninguna diligencia que haya recogido nuevos indicios de responsabilidad criminal respecto de los aforados». Lo es, dice, «contra» lo que impone la legislación, «que impide que los órganos judiciales modifiquen las resoluciones que pronuncien después de firmadas salvo la aclaración de conceptos oscuros rectificación de error material, que no resulta ser el caso».

De nuevo, pone la decisión en manos de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para que se pronuncie sobre el destino de la causa por Tsunami Democràtic. Aún tardará la solución a la discrepancia entre la Fiscalía y el juez, porque esos recursos primero, hay que tramitarlos.