Los Mossos acreditan la violencia de Tsunami en el Prat

Así lo plasmaron miembros del Área de Brigada Móbil (ABM), los antidisturbios de la policía catalana, que hablan de un «alto grado de violencia ejercida por los manifestantes» en los atestados que han remitido al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, en el marco de la causa que investiga al expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y una decena de personas por los altercados surgidos en las concentraciones de Tsunami.

El juez Manuel García Castellón les atribuye delitos de terrorismo al entender que formaban parte de una «organización estructurada, jerarquizada y con vocación de permanencia» cuya finalidad esencial era «subvertir el orden constitucional, desestabilizar económica y políticamente el Estado, y alterar gravemente el orden público mediante la movilización social masiva». Si bien el fiscal Miguel Ángel Carballo rebaja los hechos -tras la desaparición de la sedición -a posibles delitos de desórdenes públicos, unos ilícitos que son competencia de los juzgados de Cataluña. La futura ley de amnistía, pactada entre el PSOE, Junts y ERC, contempla su olvido y perdón.

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Para los Mossos d'Esquadra, aquel 14 de octubre de 2019 -cuando el Tribunal Supremo impuso a los líderes del 'procés' hasta 13 años de cárcel- las personas congregadas en el Prat buscaban el «colapso total», según consta en los atestados a los que tuvo acceso ABC. Ese día la policía catalana tenía como misión controlar los exteriores del aeropuerto; los agentes de la Policía Nacional, salvaguardar la seguridad en el interior de las dos terminales; mientras que la Guardia Civil asumió las labores de protección del espacio destinado a la zona de tráfico aéreo y mercancías. Nadie, a excepción de los viajeros, debía acceder al edificio.

Pero la convocatoria de Tsunami, que no había sido comunicada oficialmente, movilizó a cientos de manifestantes por redes sociales. Las mismas por las que se «difundieron billetes de avión falsos» con los que poder burlar los controles policiales. El servicio de transporte, metro y tren tuvo que suspenderse debido a la congestión, y los asistentes que se se desplazaron hasta allí con sus coches particulares acabaron «saturando» también los enlaces por carretera, incluida la que da acceso a la torre de control. «Existía peligro de que si no se conseguía el relevo de los controladores se pudiera detener el trafico aéreo en el aeropuerto», subrayan los Mossos. Se acabó por cortar tanto los puntos de llegada como de salida del Prat.

Entretanto, los intentos de sobrepasar el perímetro de seguridad eran «constantes» y «continuados». Los manifestantes, muchos de ellos encapuchados y con la cara cubierta por bragas o pañuelos, y «actitud hostil», lograron avanzar hasta situarse a menos de un metro de los agentes. Y empezaron los lanzamientos de «piedras, botellas de vidrio y diferente pirotecnia». La cristalera del edificio se fracturó por los impactos.

«Mientras estaba en la línea policial, en una evidente inferioridad numérica hacia los manifestantes, éstos le arrojaron escupitajos, agresiones con gas pimienta, (...) Hubo intentos de sobrepasar la línea policial con violencia, recibiendo patadas y puños», según recoge la denuncia de un agente herido. En este contexto, varios individuos consiguieron entrar al interior de la terminal. «La gran cantidad de personas que se concentraron en el aeropuerto T1 y el alto grado de violencia ejercida por los manifestantes contra la policía dio lugar a que el Cuerpo Nacional de Policía apoyara las dotaciones de orden público de Mossos d'Escuadra en el exterior de la terminal», explica el atestado. Comenzaron las cargas.

«Desde las alturas los manifestantes lanzaban objetos de gran peligrosidad como extintores, pilones de hierro, botellas de vidrio y botellas llenas de agua de 5 litros». También «maderas, lamas de aluminio y cristales». Mientras en el parking del aeropuerto, los asistentes vaciaron «más de 20 extintores» contra los agentes de orden público; les regaron con mangueras de los sistemas de extinción de incendios del aeropuerto e hicieron barricadas con los «carritos de llevar maletas, palés y todo el material que sacaban de las estructuras del edificio». Según los Mossos, todas estas acciones se habrían llevado a cabo de forma simultánea para crear un «escenario de desconcierto en un momento concreto». Aseguran que la «coordinación» entre los diferentes grupos de personas encapuchadas era «clara y evidente con la distribución de tareas para enfrentarse con los agentes de la autoridad». «No era un movimiento espontáneo», concluyeron.

Entre los objetos que la masa les arrojaba -de acuerdo al atestado- también había piedras de «gran tamaño», arrancadas del mármol y granito del suelo, por lo que presentaban «aristas cortantes». Asimismo habrían sufrido ataques con «hierros de dos metros de largo provenientes de las barandillas del edificio» y fragmentos de la cristalera de la terminal, que los manifestantes consiguieron romper por varios puntos. Entonces, el jefe de las dotaciones de orden público solicitó autorización para efectuar disparos de foam-sostienen- con el fin de «repeler las agresiones directas a los agentes de policía, que hacían peligrar de forma clara su integridad física».

Son tres los aspectos que los Mossos destacan en el citado escrito. El primero, que los manifestantes «consiguieron bloquear tanto la entrada y salida de personas y vehículos de la Terminal 1». El segundo, que la situación «se agravó al no poder llegar ni salir ningún servicio de emergencia» como ambulancias o dotaciones de bomberos. Y en tercer lugar, que el balance de heridos en la Brigada Móvil ascendió a 15 agentes. Todos ellos tuvieron que ser atendidos por los servicios médicos y cinco de ellos causaron baja laboral.

La investigación judicial cifra en al menos 299 los lesionados como «consecuencia» de los disturbios que promovió Tsunami Democràtic en otoño de 2019 en Cataluña. Ya constan dos agentes de la Policía Nacional personados en la causa y un tercero, que estuvo varios días en coma, que también ha solicitado ejercer la acusación particular, como adelantó este diario. No obstante, los atestados de la Policía catalana no incluyeron ninguna referencia al ciudadano francés fallecido el 14 de octubre de 2019 en el Prat. La Sala de lo Penal tiene pendiente resolver el recurso de la Fiscalía, que aboga por enviar el caso a un juzgado catalán, y el juez debe decidir si lo eleva al Supremo, tal y como solicitó Dignidad y Justicia, que ejerce la acusación popular.