Los puntos clave del preacuerdo PSC-ERC con el visto bueno del PSOE

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El preacuerdo tiene como objetivo, más allá de la investidura de Illa, que Cataluña «gane soberanía». Y para ello se han acordado distintas medidas. Así, el meollo de la cuestión económica se concreta en que será la Generalitat quien «gestione, recaude, liquide e inspeccione todos los impuestos soportados en Cataluña» y será esta administración la que «aumente sustancialmente la capacidad normativa en coordinación con el Estado y la Unión Europea». La Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) se encargará de esta tarea, que solo dejará al margen los impuestos de «naturaleza local», que seguirán como hasta ahora.

De la misma manera, en la línea de lo defendido por ERC, a diferencia de lo que ha dicho siempre el PSC, el nuevo modelo será prácticamente igual que el que ya se aplica en el País Vasco y Navarra. E incluirá el pago al Estado por lo servicios que este ofrece en Cataluña y una cuota solidaria. «La aportación catalana a las finanzas del Estado integra la aportación por el coste de los servicios que el Estado presta en Cataluña y la aportación a la solidaridad», se fija negro sobre blanco en el documento.

Esta «aportación» del Estado en Cataluña «se establecerá a través de un porcentaje de participación en los tributos». Y la solidaridad será «explícita» y debe ser «transparente», ya que esta aportación solidaria estará sujeta a unos condicionantes. Uno será que los gobiernos autonómicos receptores de la cuota catalana «lleven a cabo un esfuerzo fiscal también similar» y otro, que estará «limitada por el principio de ordinalidad», un cálculo teórico que no se cumple en ningún país, tampoco en Alemania, y que básicamente consiste en que las comunidades reciben en función de su aportación, lo que es contrario, en principio, con la redistribución.

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En esta línea, PSC y ERC han pactado que la ATC sea el ente encargado de asumir las competencia de la Hacienda nacional. Será de manera progresiva para que, finalmente, la ATC tenga la competencia de «todos los tributos generados en Cataluña por medio del ejercicio de las potestades y funciones administrativas de liquidación, recaudación y comprobación de las obligaciones tributarias de los impuestos, con el uso, cuando corresponda, de los mecanismos previsto por la ley».

Para «implementar este nuevo sistema de financiación singular para Cataluña» que, aunque en el documento no se concreta supone de facto la salida de la región del sistema común de financiación autonómico, se pondrá en marcha el acuerdo «durante» el primer semestre de 2025 desde la Comisión Bilateral Estado-Generalitat, es decir, al margen del multilateralismo que supone, por ejemplo, el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). En 2025 se impulsarán los acuerdos de la Comisión Bilateral mediante «las modificaciones legislativas necesarias» y, una vez acordadas de manera bilateral, se llevarán al CPFF para que se aprueben (el Gobierno solo necesita el apoyo de una comunidad para aprobar sus medidas).

Estas «modificaciones legislativas» irán dirigidas a que sea la Generalitat la que asuma progresivamente «la gestión, la recaudación, la liquidación, la inspección y la disponibilidad de todos los impuestos soportados en Cataluña», «el aumento sustancial, por parte de la Generalitat de Cataluña, de la capacidad normativa tributaria en coordinación con el Estado y la Unión Europea» y modificar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) y la Ley de Cesión de Tributos a Cataluña, a medida que se van acordando.

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El documento fija cual será el primero de los tributos que se traspasará: «El primer tributo que se avanzará en la aplicación de los objetivos de la implementación del nuevo modelo de financiación será el IRPF». Y se ejecutará en 2026. Es decir, ese será el año en que los ciudadanos de Cataluña dejen de pagar el IRPF al Gobierno de España para hacerlo a la Generalitat por su contribución realizada en 2025.

Mientras tanto, hasta que se aplica el concierto económico en su totalidad, que no hay fecha concreta en el preacuerdo, se han establecido unas «acciones» con las que los socialistas se han comprometido. De esta manera, el Gobierno incrementará sustancialmente los recursos de la Generalitat para «compensar los desequilibrios que se han producido en la vigencia del actual modelo» de financiación, que debía haberse renovado en 2014. Este «incremento sustancial de recursos» no se concreta ni cuantifica. Además, se respetará la «ordinalidad según la capacidad fiscal» para que Cataluña reciba en función de lo que aporte a la caja común, mientras siga en ella. Este será «un cambio estructural del sistema de financiación, que en caso de no adoptarse durante 2025 requerirá de medidas compensatorias».

En este sentido, para ir acotando la solidaridad con otras comunidades, «la aportación» de Cataluña será «explícita» y «ha de reflejar de manera transparente cuánto aporta y cuánto recibe, de manera que la contribución a la solidaridad de Cataluña sea conocida y reconocida». Igualmente, hasta que la región tenga la caja de la llave y pueda disponer de todos los recursos, el Gobierno debe seguir garantizando las «competencias no homogéneas» que tiene la comunidad y no otras zonas de España, que no quedan definidas en el preacuerdo: «En el cálculo de las necesidades de gasto a financiar en Cataluña se ha de tener en cuenta todas las variables relevantes, como ahora el aumento de la población en edad escolar o el factor de envejecimiento, para reflejar adecuadamente las singularidades propias de Cataluña«.

El documento también hace referencia a las inversiones del Estado y para «hacer frente al déficit de inversiones en Cataluña» se creará «un consorcio paritario Estado-Generalitat» que tendrá como objeto «la gestión y la ejecución de las inversiones del Estado en Cataluña». ERC y PSC han acordado que se defina «un marco plurianual de financiación» vinculado al consorcio para que tenga de referencia «la media de inversión pública sobre el PIB en el conjunto del Estado». Es decir, «se establecerá la financiación para el cosorcio en una cifra equivalente a la aplicación de la ratio sobre el PIB que se presupuesta».

En base al Acuerdo de Claridad presentado y defendido por Pere Aragonès (ERC), los dos partidos «constatan la necesidad de impulsar un amplio debate político, social y ciudadano y construir así una propuesta que contribuya a abordar la resolución del conflicto político de fondo». Con este objetivo, el PSC y ERC se han comprometido «a impulsar, en el primer pleno del Parlament posterior a la constitución del nuevo Govern de la Generalitat, una Convención Nacional para la resolución del conflicto político«.

Esta «convención», avanzada este lunes como el tema del concierto económico por parte de Sans, «estará integrada por un grupo impulsor formado por representantes de los grupos parlamentarios y presidida por un representante de ERC». En el preacuerdo se indica que «el objetivo de la convención es promover un debate a nivel político, social y ciudadano sobre cómo abordar la resolución del conflicto político existente y tendrá que presentar sus conclusiones en el Parlament». En esta línea, se ha encargado a esta «convención» hacer «un seguimiento y monitoraje de la aplicación de la ley de Amnistía» y, para ello, el Govern de Illa creará «una Oficina que asegure los recursos humanos, técnicos y materiales» para estas funciones.

La tercera «carpeta» de cuatro (tras la financiación y el avance hacia un futuro referéndum), tal y como definió y dividió ERC, desde el inicio de la negociación, los asuntos a tratar con el PSC, es el del reconocimiento de Cataluña como nación, dentro de España y en el extranjero. La «nación» y «la lengua». Así, el PSC ha asumido la creación de una Consejería de política lingüística que llevará a cabo «un plan de acción transversal que se proyecte sobre el conjunto de los departamentos del Govern y sus políticas». En esta línea se reitera la idea de que el catalán es la única «lengua propia de Cataluña» y, como tal, «ha de ser la lengua normalmente utilizada como lengua vehicular y de aprendizaje en el sistema educativo y en la acogida del alumnado recién llegado».

Así, los socialistas en el gobierno mantendrán y reforzarán la inmersión lingüística obligatoria en catalán, a pesar de que no se cita explícitamente. De esta manera se anuncia que el Govern de Illa seguirá sin cumplir las sentencias en materia lingüística: «Al final de la etapa educativa obligatoria, el sistema educativo ha de garantizar la competencia oral y escrita plena en catalán y en castellano, tanto en los registros formales como en los informales. En cualquier caso, la determinación de la presencia de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria tendrá que estar basada exclusivamente en criterios pedagógicos recogidos en el proyecto lingüístico de cada centro. Estos proyectos se elaborarán a partir del análisis de los usos y la exposición del alumnado en las diversas lenguas para impulsar medidas de apoyo educativas de cada lengua y en ningún caso a partir de parámetros impuestos, ajenos a criterios pedagógicos».

En este punto del texto, los dos partidos han acordado que se mantengan las 'embajadas catalanas' y «se culminará» la creación del Cuerpo de Acción Exterior, funcionarios con aspiraciones diplomáticas que ha puesto en marcha el actual ejecutivo independentista. En este asunto, además, «se consolidará y ampliará la red de delegaciones actual, con especial atención en a América Latina y Asia y se reforzará la acción exterior en el continente africano«. Una ampliación que no queda detallada.

También en esta «carpeta» se ha incluido la pretensión de conseguir la independencia deportiva. Así lo ha recogido el preacuerdo: «Se promoverá la proyección internacional de las federaciones deportivas catalanas y el reconocimiento de las selecciones deportivas catalanas, de acuerdo con la voluntad y el trabajo conjunto con las federaciones». Para esto, el Govern creará una Oficina, adscrita al Consejo Catalán del Deporte, que «promoverá las selecciones deportivas catalanas, ofrecerá el apoyo activo y acompañamiento a las federaciones deportivas catalanas» y que de acuerdo con la Ley 39/2022, de 30 de diciembre, del Deporte pueden «optar a la participación directa en el ámbito internacional por haberse constituido ates que la federación estatal correspondiente».

Por último, el cuarto de los grandes bloques en los que se divide el pacto hace referencia a las políticas autonómicas del ámbito sectorial y las preferencias del gasto público. Líneas en clave ideológica y en las que ERC y el PSC tienen puntos en común. Así se afrontan asuntos relacionados con el agua, la energía, la movilidad, los trenes, las fiscalidad («mantener el impuesto de Sucesiones y de Patrimonio en los tipos actuales y no implementar propuestas de deflación del IRPF»), la vivienda, la educación, la salud, mantener la Consejería de Feminismos y las convocatorias de los nuevos Mossos d'Esquadra (900 por año), se enuncia una serie de leyes que se modificarán, se anuncia que pondrán trabas para el Hard Rock de Tarragona y el compromiso de potenciar el aeropuerto de Barcelona-El Prat.