El PP forzará la revisión de las subvenciones a Bildu por incluir a etarras en sus listas del 28-M

La Fiscalía General del Estado ya informó de que no procedía la ilegalización de la formación –Bildu recoge en sus estatutos el rechazo a la violencia como instrumento político– y que no apreciaba elementos suficientes para impugnar la candidatura. No obstante, otro debate es si la izquierda independentista vasca puede beneficiarse de las subvenciones públicas por las elecciones municipales, después de haber incluido a etarras en sus listas. Y esa es una batalla que quiere dar el Partido Popular. «Es público y notorio que eran terroristas y estaban ahí. Evidentemente, no pueden recibir ni un euro de dinero público», dice Cuca Gamarra, secretaria general del PP, en conversación con ABC.

Este diario llevó en su portada de papel el pasado 1 de marzo que el Tribunal de Cuentas, el órgano fiscalizador del dinero público en España, había solicitado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la revisión de las subvenciones a Bildu por este motivo. No obstante, tras devolverse la pelota el Tribunal de Cuentas e Interior de forma repetida, ha terminado llegando al Parlamento un texto que elude conscientemente pronunciarse sobre el fondo del asunto.

El Informe nº 1.612 del Tribunal de Cuentas, relativo a la fiscalización de las contabilidades de las elecciones locales del 28 de mayo del 2023, aterriza por tanto en las Cortes Generales con polémica por lo que dice, pero, sobre todo, por lo que no dice. «El Tribunal de Cuentas tiene que entrar al fondo, es su competencia», sentencia la número dos del PP, diputada por La Rioja. Su partido, advierte, va a llegar «hasta el final». Y por eso registró el viernes una iniciativa en el Congreso, a la que ha tenido acceso este periódico, en la que insta al Tribunal de Cuentas a recoger en su escrito un «pronunciamiento expreso» sobre el devengo de las subvenciones electorales a Bildu por la confección de sus listas del 28-M.

El artículo 127.4 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) es claro: «Las subvenciones previstas en este artículo no se devengarán a favor de dichas formaciones políticas cuando en sus órganos directivos, grupos parlamentarios o políticos, o en sus listas electorales incluyan o mantengan a personas condenadas por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo o delitos graves contra las instituciones del Estado, en los términos previstos en la legislación penal, salvo que aquellas hubieran rechazado públicamente los fines y los medios utilizados».

«No pueden formar parte de las listas sin arrepentirse y sin colaborar con la Justicia a esclarecer los casos sin resolver», apunta Gamarra, autora de la iniciativa que defenderá el PP en la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, donde los diputados y senadores de la formación suman mayoría con los de Vox. El informe sobre los comicios del 28-M debía incluirse en el siguiente orden del día de este órgano, pero el PP se negó en redondo y ahora, con su petición a la institución fiscalizadora, pretende que esta se vea obligada a incluir una posición de fondo sobre si se le deben retirar las subvenciones a Bildu por las municipales celebradas hace dos años.

En la iniciativa del PP, firmada, además de por Gamarra, por los portavoces de sus grupos parlamentarios en Congreso y Senado, Miguel Tellado y Alicia García, se ahonda durante doce páginas en lo que los populares consideran una dejación de funciones del Tribunal de Cuentas que supone, dicen, «una limitación para el ejercicio del control parlamentario». El órgano fiscalizador, en su informe, solo apunta lo siguiente en una nota a pie de página: «Este tribunal, sin pronunciarse sobre el fondo de la cuestión, considera que, atendiendo a lo señalado en los arts. 127.4 y 193.5 de la Loreg, la autoridad competente deberá comprobar, con carácter previo al desembolso de la subvención, el cumplimiento de lo establecido en los mencionados artículos a efectos de la liquidación de la misma, de acuerdo con el art. 134.5 del mismo texto legal».

Hace referencia el Tribunal de Cuentas a la Dirección General de Política Interior, dependiente del Ministerio del Interior, pero es esta la que inicialmente se dirigió al órgano fiscalizador para alertarle del posible incumplimiento de Bildu de la Loreg. Después, como publicó ABC, fue el Tribunal de Cuentas quien urgió a decidir al departamento de Grande-Marlaska. «Marlaska está esperando a que el informe se someta al Parlamento y, a partir de ahí, pagar», señala Gamarra, que cuestiona que los etarras-candidatos, por firmar el código ético de Bildu, «un papelito», hayan hecho un arrepentimiento público e individual.

El informe del Tribunal de Cuentas se aprobó el 27 de febrero, pero con un voto particular en el que sus firmantes señalan, precisamente, que no mojarse en esta cuestión «constituye una omisión relevante en el ejercicio de su función fiscalizadora».