El PP y Dignidad y Justicia recurrirán ante el Supremo el archivo del caso Miguel Ángel Blanco para la cúpula de ETA

En sendos escritos presentados ante la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional, a los que tuvo acceso ABC, ambas acusaciones populares anuncian la interposición del recurso para revertir el archivo dictado sobre Miguel Albisu Iriarte, 'Mikel Antza', e Ignacio de Gracia Arregui, 'Iñaki de Rentería'. María Soledad Iparraguirre, Anboto, estaba en la misma situación, pero de momento no se ha anunciado recurso en su caso.

En el caso de Dignidad y Justicia, avanzan que el recurso lo será por infracción de ley y por infracción de precepto constitucional, pues consideran que la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal «aplicó indebidamente» las previsiones legales sobre la prescripción «al no apreciar la concurrencia de actos procesales con capacidad y eficacia interruptiva» de los plazos en ambos casos.

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El PP, en la misma línea, habla de infracción del derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso a la jurisdicción, en tanto que dar por prescrita la responsabilidad penal de los exjefes de ETA a partir de una «interpretación irrazonable y contraria a derecho del instituto jurídico de la prescripción» cercena la posibilidad de sentarles en el banquillo.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal revocó el auto de procesamiento de ambos por entender, contra lo que venían esgrimiendo Dignidad y Justicia, el PP y las acusaciones populares que también ejercían la AVT y Fundación Villacisneros que habían pasado casi 25 años desde el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco y febrero de 2022, cuando se presentó la querella contra la cúpula por su responsabilidad intelectual en los hechos.

Entendían los magistrados, como la Fiscalía, que siendo el plazo máximo de persecución de estos delitos 20 años, ya no se les podía llevar al banquillo porque había prescrito. Lo que sostienen DyJ y el PP es que los hechos no estaban aún prescritos cuando se reformó el Código Penal y se ampliaron los plazos (hoy no caducan los delitos de terrorismo con resultado de muerte) y por tanto, se les podía aplicar una horquilla mayor y llevarles a juicio. Será el Supremo quien tenga la última palabra.