«Sin perjuicio de»: el intento de blindar a Puigdemont que trata de sortear a la Justicia europea

En concreto, se propone introducir en el artículo 4 sobre los efectos de la amnistía en la responsabilidad penal la frase «sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 163 de la Constitución y en el artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea» -que son las normas que recogen la cuestión prejudicial- «en el momento de la entrada en vigor de esta ley, el órgano judicial que, en cada momento, esté conociendo de la causa procederá a dejar sin efecto las órdenes de busca y captura e ingreso en prisión de las personas a las que resulte de aplicación esta amnistía, así como las órdenes nacionales, europeas e internacionales de detención».

Con esta enmienda, que se acompaña de la previsión, igualmente «sin perjuicio» de la cuestión prejudicial, de que se alcen de «inmediato» las medidas cautelares y se dicte la finalización de las penas «principales o accesorias» que los amnistiados estuvieran cumpliendo, se prevé reforzar lo que ya recogía la redacción original del texto: que todas esas medidas decaigan en el momento de la entrada en vigor.

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En este sentido, hay un matiz doble. La redacción original de la ley de amnistía ya dice que «quedarán sin efecto las órdenes de busca y captura e ingreso en prisión de las personas a las que resulte de aplicación esta amnistía, así como las órdenes nacionales, europeas e internacionales de detención» y que «la entrada en vigor de esta ley implicará el inmediato alzamiento de las medidas cautelares».

Ahora, se vincula directamente al juez imponiendo al que lleve el caso la obligación de adoptar esa medida «sin perjuicio» de que vaya a presentar una cuestión prejudicial y al margen de los efectos suspensivos que ello pudiera tener.

Las fuentes jurídicas consultadas por ABC dudan de que el intento suponga de facto un cambio, en tanto que es práctica habitual que se suspenda el procedimiento sobre el que se eleva una cuestión prejudicial al TJUE, «sin perjuicio de» lo que diga la ley de amnistía. Consideran que difícilmente se podrían escindir las órdenes de detención o las medidas cautelares aislándolas de ese efecto suspensivo que afecta a todo el procedimiento sobre el que se eleva la pregunta.

La suspensión está pautada en el Estatuto del Tribunal de Justicia Europea, cuando dice que en los casos del artículo 267 que citan las enmiendas del PSOE y de Junts, -la cuestión prejudicial-, «la decisión del órgano jurisdiccional nacional que suspende el procedimiento y somete el asunto al Tribunal de Justicia será notificada a este último por dicho órgano jurisdiccional». La suspensión, así, sería inherente al hecho de preguntar. En la interpretación del alcance de ese efecto suspensivo estarán los matices.

Sí se trata en todo caso de un gesto para intentar contentar a Junts, que no debió ser suficiente cuando optaron finalmente plantear sus enmiendas por separado en reclamación de una amnistía de máximos. En su paquete incluyen una propuesta de modificación con redacción muy similar que va un paso más allá al decir que se alzarán las cautelares «incluso cuando tenga lugar el planteamiento de un recurso o una cuestión de inconstitucionalidad contra la presente ley o alguna de sus disposiciones, así como cuando se suspenda el procedimiento en virtud del planteamiento de cualquier cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea».

Por otra parte, las enmiendas transaccionadas por el PSOE, como las de Junts, se esfuerzan en introducir en la ley la precisión de que sea el juez que entiende del asunto -y no el órgano «competente» en genérico del que habla ahora la norma- el que aplique la amnistía, lo que vinculado al artículo 10, descarta que se vaya a producir un automatismo y que la mera entrada en vigor conlleve que decaen las órdenes de detención, las medidas cautelares o las penas accesorias que introducen para reforzar la rehabilitación de Junqueras.

Ninguno de los grupos parlamentarios -a excepción del PP que pide la supresión de todo el articulado- ha propuesto modificaciones en ese décimo artículo de la norma original, el que fija la tramitación «preferente y urgente» de las previsiones de la ley de amnistía y da «dos meses» a los jueces para aplicarla, «sin perjuicio de los ulteriores recursos, que no tendrán efectos suspensivos» y «cualquiera que fuera el estado de tramitación del procedimiento administrativo o del proceso judicial o contable de que se trate».