El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco anula una oferta pública de empleo de 100 plazas por la exigencia de saber euskera

La resolución ratifica la decisión adoptada en febrero por un juzgado de San Sebastián, que ya había estimado el recurso presentado por un particular contra la convocatoria aprobada en diciembre de 2023. Aquel proceso ofrecía 81 plazas por turno libre, 9 para personas con discapacidad y 10 de promoción interna. En todas ellas se exigía el conocimiento del euskera, en distintos niveles lingüísticos.

Según la sentencia, de los 340 puestos de administrativo actualmente existentes en la Diputación guipuzcoana, solo uno no tiene vencido el plazo para exigir oficialmente el perfil lingüístico. En la práctica, eso significa que más del 99% de las plazas ya requieren euskera, lo que convierte a esta convocatoria en un bloqueo casi total para quienes no dominan el idioma.

El tribunal critica que la Diputación no haya justificado por qué el conocimiento del euskera era imprescindible en todos los puestos ofertados, ni tampoco demostrado que esa exigencia sea necesaria para garantizar el derecho de los ciudadanos a relacionarse con la Administración en la lengua que elijan. «No se puede olvidar —subraya la Sala— que ese derecho debe convivir con el derecho fundamental a acceder al empleo público en condiciones de igualdad».

La sentencia incide en la necesidad de buscar un equilibrio entre ambos derechos: el de los ciudadanos a ser atendidos en euskera y el de los castellanohablantes a poder optar a un puesto público. En palabras del tribunal, la Administración no puede trasladar a cada funcionario la obligación de garantizar ese derecho lingüístico si eso implica excluir a buena parte de la población.

Aunque esta sentencia aún puede ser recurrida ante el Supremo, sí supone un toque de atención a las instituciones vascas sobre la aplicación práctica del blindaje del euskera, una bandera que llevan de la mano PNV y EH Bildu.

Los nacionalistas y los abertzale han unido fuerzas en el Parlamento vasco para impulsar una reforma de la Ley de Empleo Público que blinde los «perfiles lingüísticos» frente a las sentencias que los tribunales vienen anulando.

La medida ha evidenciado la fractura dentro del Gobierno vasco, ya que se ha encontrado con el PSE en contra, y reabre la disputa sobre el papel del euskera en la Administración. Los nacionalistas buscan reforzar su protección y hacer del conocimiento de ambas lenguas una norma general, mientras socialistas y oposición alertan de que puede suponer una nueva discriminación en el acceso al empleo público.