El blindaje del euskera alía al PNV y Bildu contra la acción de la Justicia

Una división en el Gobierno que dirige Imanol Pradales —también perceptible en temas como la inmigración o la reforma del Estatuto— que hasta ahora no había pasado de las palabras a los hechos, pero que podía predecirse con la cuestión lingüística, en la que el nacionalismo se disputa el protagonismo. Este verano, en medio del enfrentamiento con Isabel Díaz Ayuso a cuenta del euskera (abierto desde la Conferencia de Presidentes celebrada el 9 de junio en Barcelona) el PNV intentaba sumar a los socialistas a su iniciativa, pero EH Bildu se adelantó registrando su proposición en el Parlamento vasco. Esto provocó la reacción del partido dirigido por Aitor Esteban, que hizo lo propio diez días después sin el refrendo de su socio de Gobierno.

De esta forma, llegaban al legislativo dos textos con formas distintas de abordar la misma cuestión: el freno de la Justicia a la imposición del euskera sobre el castellano en el acceso al empleo público. Un fenómeno que ejemplifica la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº2 de San Sebastián (avalada a principios de septiembre por Tribunal Superior de Justicia del País Vasco). Esta anulaba la exigencia de un perfil lingüístico 2 (equivalente a un B2 en euskera) en todas las plazas de cuidador de residencia en una OPE a cargo de la diputación.

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Dicho juzgado estimaba que se trataba de un «requisito discriminatorio» por menoscabar la igualdad ante la ley y el acceso a las funciones y cargos públicos de los ciudadanos españoles, y precisaba que para garantizar el derecho a relacionarse en euskera con la administración (algo que no se cumple, según defiende el nacionalismo, pese a que es requerido en la mayoría de puestos) no es necesario que todas las plazas estuviesen perfiladas.

Para hacer frente a este tipo de sentencias, que se viene repitiendo los últimos tiempos, el PNV plantea modificar un párrafo del artículo 187 de la Ley 11/2022, de 1 de diciembre, de Empleo Público Vasco. De forma que, dejando de lado los «índices de obligado cumplimiento» (que fijan los perfiles con carácter general, y que aprobaron en abril del año pasado junto al PSE), sea cada entidad administrativa (la mayoría gobernadas por fuerzas nacionalistas) quien establezca las plazas perfiladas. La toma en consideración de esta medida fue la primera en llevarse a votación este jueves, y, a pesar del 'no' de PSE, PP, Vox y la abstención de Sumar, salió adelante gracias al apoyo de Bildu. «Es algo positivo que haya sintonía política. Podemos empezar a hacer con normalidad las cosas normales. Consensuar una única proposición habría sido lo más normal», recriminó Pello Otxandiano,

El portavoz de la izquierda aberzale, que lleva desde el inicio de la legislatura llamando al PNV a aprovechar la mayoría nacionalista existente en Vitoria, recriminó además al PSE su posición: «Yo escucho a Salvador Illa reaccionar contra sentencias y dice que no se puede judicializar la política lingüística y que hay que defender el catalán». Por su parte, el peneuvista Markel Olano reconocía que los discursos de ambos partidos tienen «una base común muy amplia» y llamaba a «atraer otras sensibilidades». Descontando el apoyo de PP y Vox, cuyos parlamentarios, Santiago López Céspedes y Amaia Martínez, criticaron con dureza la propuesta por impositiva y discriminatoria, parece complejo que logren la de los socialistas, pues estos entienden que «no da garantía jurídica». Tampoco la del único diputado de Sumar, Jon Hernández, que se mostró de acuerdo en la «extensión del euskera», pero no con el «método».

Tras el primer envite, aún quedaba faena. EH Bildu planteaba con su moción una revisión total de la exigencia lingüística en la Administración a través de la modificación de la misma ley. A grandes rasgos, y según su propios términos, dándole la vuelta al 'statu quo' actual. Así, si ahora los perfiles a los que se aplica la exigencia del euskera vienen determinados de antemano, la coalición liderada por Arnaldo Otegi propone que «la exigencia del conocimiento de ambas lenguas sea general, pudiendo exceptuarse, de forma justificada». Una medida que también volverá a debatirse en los próximos meses, tras la abstención del PNV en la votación, a cambio del apoyo de Bildu a la suya.