Pradales se apoya en el Supremo para justificar la inacción ante los carteles proetarras

Esta realidad, que se repite año tras año, ha provocado la reacción de las asociaciones de víctimas del terrorismo, que señalan la inacción de las instituciones públicas ante la colonización propagandística del espacio público por parte de grupos y partidos vinculados a la izquierda aberzale. No solo. Esta misma semana, fue la delegada del Gobierno en el País Vasco quien entró en la cuestión. Durante una entrevista en 'El Correo', la socialista Marisol Garmendia exigió al Gobierno vasco (del que forma parte el Partido Socialista de Euskadi) que tomara «cartas en el asunto» con los carteles proetarras.

A todos ellos se ha referido Pradales al ser preguntado. El lendakari, que, como el resto del nacionalismo vasco critica las sentencias del Tribunal Supremo cuando estas, por ejemplo, limitan la exigencia del euskera en el acceso al empleo público o paralizan el traspaso de competencias a la región, ha usado al Alto Tribunal como comodín para justificar la falta de acción en la materia.

«No podemos perder de vista que el Gobierno cumple siempre con la legislación vigente. La delegada del Gobierno, las asociaciones de víctimas o cualquier otro deberían conocer el criterio que marca el Tribunal Supremo, que marca una jurisprudencia de hace más de una década. Establece que no se produce dolo, ni enaltecimiento, ni exaltación y debe haber denuncia previa para que un juez o una jueza dé la instrucción a la Ertzaintza para que se retiren determinados carteles», ha afirmado.

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Algo similar sucedió la semana pasada en Bilbao, cuando la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) presentó una denuncia ante la Audiencia Nacional pidiéndole paralizar una manifestación de Sare y Etxerat (colectivos afines a EH Bildu) para reclamar la «vuelta a casa» de los presos de la banda terrorista. Finalmente, la marcha se celebró, recorriendo el centro de la capital vizcaína, como el año anterior, amparada en el derecho a la libre expresión. Eso sí, el magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que explicó que para limitar o restringir derechos fundamentales era necesario algo más que «meras hipótesis subjetivas o la simple plasmación de la suposición o, incluso, de la convicción de la existencia de un delito», conminaba a las Fuerzas de Seguridad a adoptar medidas para evitar «la realización de actos que pudieran revestir relevancia penal» y que procedieran en su caso a la identificación de sus autores.

Previamente, en su comparecencia, Pradales se había referido al acoso que recibe la Ertzaintza en estos recintos festivos mayormente controlados por la izquierda aberzale. «Todas las fuerzas políticas de Euskadi debemos condenar los episodios de violencia y exclusión que han padecido las policial municipales y la Ertzaintza. Las actitudes contrarias a la convivencia, a la tolerancia y a la memoria de todas las víctimas no tienen cabida en Euskadi [...]», había sentenciado en referencia a EH Bildu, que viene cargando contra la Policía autonómica.

Otro de los asuntos que más tiempo ha ocupado la intervención de Pradales ha sido el del reparto de menores extranjeros no acompañados desde Canarias a la Península. Como ya informó ABC, el Gobierno central ha empezado a conceder el estatus de frontera norte al País Vasco. Algo que ha provocado la reacción del Gobierno de Andalucía, al entender que, por cercanía al norte de África y el número de llegadas, corresponde antes a su comunidad autónoma.

En ese sentido, hoy Pradales ha negado que se haya cumplido su exigencia de que la región que gobierna sea considerada frontera norte y ha revelado que ayer llamó al presidente andaluz, Manuel Moreno Bonilla, para tratar la cuestión. «Le dije que estaba confundido. No se ha reconocido. Yo entiendo que se reconozca el efecto frontera sur, pero no a costa de decir lo que dice sobre Euskadi y con una información que no es la adecuada. No se ha reconocido y lo seguiremos exigiendo», ha denunciado.

Según el jefe del Ejecutivo vasco, «en los últimos 6 años Cruz Roja ha atendido a cerca de 40 mil personas en Irún». Un efecto provocado por las restricciones impuestas por Francia en este paso fronterizo y los «cambios» en los flujos y la actividad de las mafias. «También le di un dato y le solicite colaboración. El 50% de los menores llegan en autobús y fundamentalmente desde Andalucía. Nos pusimos de acuerdo para que hablen Nerea Melgosa (consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno vasco) y la consejera del ramo andaluza. Hay que trabajar más y generar menos ruido», ha reclamado.