La marcha en Bilbao culmina un verano repleto de apoyo a etarras

Principalmente, impulsados por EH Bildu y organizaciones satélite como Sare y Etxerat que, igual que hicieron hace una semana en San Sebastián, este viernes recorrieron las calles de la capital vizcaína para reclamar la «vuelta a casa» de los «presos, exiliados y deportados» vascos como condición para «superar el conflicto».

La manifestación, ya convertida en una suerte de tradición en el Día Grande de Bilbao, discurrió desde la plaza de Moyua hasta las inmediaciones del Ayuntamiento. Allí, un pequeño escenario esperaba a las cerca de dos mil personas, según la Ertzaintza, que acudieron a la convocatoria, pendientes hasta el último momento de la decisión de la Audiencia Nacional, a quien la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) había pedido que la paralizara de forma cautelar.

Con la cancelación ya descartada, eran los miembros de comparsas como Kaskagorri y Txori Barrote quienes encabezaban la marcha, portando una bandera de Etxerat (a casa, por su traducción del euskera).

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Txori Barrote, con muchos de sus miembros juzgados ante la Audiencia Nacional por enaltecimiento del terrorismo, cuenta este año entre la decoración de su 'txosna' (caseta), que puede visitarse junto a la ría en el Paseo del Arenal, con los nombres de diversos etarras con delitos de sangre como Harriet Iragi y Jon Igor Solana, autores del asesinato en octubre de 2000 de Luis Portero, primer fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, o el exjefe de ETA Garikoitz Aspiazu, alias 'Txeroki'. Una 'estética' que no es nueva y que se repite en sus paredes año tras año.

De camino al Ayuntamiento, una banda de música precedía a la hilera de personas, a la que miraban muchos como un elemento más del paisaje y a la que se unían bailando otros, llegados de fuera de España para disfrutar la fiesta.

«Las víctimas tienen derecho a la verdad, a ser reconocidas por parte de las instituciones y a la reparación, pero no podemos olvidar que para dar el salto a los escenarios de convivencia será imprescindible acabar con todos los sufrimientos y consecuencias, y esto supone también dar una resolución definitiva a la cuestión de los presos», dijo la portavoz de Sare, Bego Atxa, al final de la marcha.

En un mensaje recurrente en el discurso del colectivo pidió «que se superen las políticas y legislaciones de excepcionalidad y siempre, cómo no, teniendo presente a las víctimas de todo tipo de violencias».

Precisamente, la decisión del magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, en funciones de guardia, llegaba en la misma mañana en la que la marcha arrancaba. En su auto, al que tuvo acceso ABC, acordaba, previo informe de la Fiscalía, no prohibir la marcha y el resto de actos convocados por Sare y Etxerat (una comida popular y un concierto) dado que no concurría el requisito de proporcionalidad de la medida cautelar.

«En la motivación de cualquier resolución limitadora o restrictiva de derechos fundamentales deben ser superadas las meras hipótesis subjetivas o la simple plasmación de la suposición o, incluso, de la convicción de la existencia de un delito», indicaba, para luego añadir que, de lo contrario, «la invasión de los derechos ciudadanos vendría a depender (...) exclusivamente de la voluntad del investigador, sin exigencia de justificación objetiva de ninguna clase».

Así, razonaba que, del estudio del escrito de la AVT, no se desprendían «suficientes elementos o indicios de entidad (...) como para apreciar el delito» de enaltecimiento del terrorismo o la humillación y el menosprecio de las víctimas.

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Tras repasar de manera concienzuda la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, Moreno resolvía que en la convocatoria sólo veía «la mera expresión de un deseo de libertad de las personas a las que se apoya, sin entrar en la justificación o ensalzamiento de las acciones por las que se hallan privadas de libertad» y subrayaba que esta conducta está «amparada por el derecho a la libre expresión».

No obstante, y en consonancia con el Ministerio Público, Moreno sí que acordaba en su resolución mandatar a la Dirección General de la Guardia Civil, a la Dirección General de la Policía y al Departamento de Interior del Gobierno del País Vasco para que adoptaran las medidas oportunas para evitar «la realización de actos que pudieran revestir relevancia penal» y que procedieran en su caso a la identificación de sus autores.

En la parte dispositiva especificaba que se debía proceder «al pertinente control y seguimiento del acto convocado» y a adoptar «las medidas necesarias para evitar que se realicen actos que pudieran ser constitutivos de delito de enaltecimiento o justificación de delitos terroristas». También pedía que se evitaran conductas que supusieran el «descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o sus familiares».

Esta medida coincidía con el criterio de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, de hecho, fuentes fiscales consultadas explicaban que, si bien entendían que no se daban las circunstancias de proporcionalidad para la prohibición, sí que consideraban necesario «vigilar» la convocatoria por si tuviera lugar algún acto de humillación a las víctimas o de enaltecimiento del terrorismo.

Precisamente, en un auto anterior, Moreno solicitó a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y a la Ertzaintza un informe de «las circunstancias concretas de la convocatoria». Ese análisis policial llegó el pasado jueves, según una providencia del juez, que inmediatamente solicitó a la Fiscalía que se pronunciara.

Coincidiendo con la manifestación de Sare, Cuca Gamarra visitó este viernes la caseta que monta el Partido Popular durante la Semana Grande de Bilbao. Una iniciativa que el partido recuperó la pasada edición, cuando ya estuvo la vicesecretaria de regeneración institucional del PP.

Este viernes Gamarra, junto al líder del PP vasco, Javier de Andrés, señaló la necesidad de llevar a cabo una «regeneración democrática e institucional» para garantizar la «dignidad» de las víctimas del terrorismo.

«En una democracia plena las víctimas no tienen que pedir espacio a la dignidad», afirmó después de denunciar el acto de Sare y plantear un endurecimiento normativo para penalizar el «enaltecimiento del terrorismo» y una reforma de ley electoral para evitar que los «asesinos» vayan en las listas.