La número dos de García Ortiz vetó que los mensajes sobre la filtración del novio de Ayuso se aportaran a la causa
Ángeles Sánchez Conde apartó del asunto a la fiscal María de la O Silva, que insistió en reclamar los correos y comunicaciones entre el fiscal general del Estado y sus subordinados
Apartan a la fiscal partidaria de admitir la querella de la pareja de Ayuso por revelación de secretos
La teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde
La teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, o número dos de la Fiscalía General del Estado, impidió que los correos y comunicaciones entre el fiscal general del Estado y los fiscales Pilar Rodríguez y Julián Salto, jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid ... y fiscal de Delitos Económicos que investigó a Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, llegaran al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), donde comenzó a investigarse la presunta revelación de datos reservados a la defensa de González Amador que ha acabado en el Tribunal Supremo, con el fiscal general del Estado investigado.
La número dos de García Ortiz, según la documentación de la causa del Alto Tribunal a la que ha tenido acceso ABC, ordenó a María de la O Silva Fernández, la fiscal encargada del despacho de las diligencias abiertas tras la admisión de la querella de González Amador contra los fiscales Salto y Fernández, que no enviara al TSJM la información de la causa que requirió.
Específicamente, la Sala de lo Civil y lo Penal solicitó «testimonio íntegro de todas las comunicaciones, correos y otros correos existentes entre los fiscales querellados con la Fiscalía de la Comunidad de Madrid y con la Fiscalía General del Estado en relación al contenido que dio lugar a la nota informativa de la Fiscalía Provincial de Madrid de fecha 14 de marzo de 2024, así como testimonio original de la referida nota informativa». Es decir, las comunicaciones entre Álvaro García Ortiz y sus subordinados Almudena Lastra (fiscal superior de la Comunidad de Madrid que posteriormente ha declarado como testigo en la causa contra García Ortiz en el Supremo), Pilar Rodríguez y Salto o entre todos ellos.
Dichas comunicaciones son el asunto central de la causa que ahora trata de recabar el magistrado instructor del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, que investiga al fiscal general por presunta revelación de secretos.
Según el decreto de 25 de abril de 2024 que dictó Sánchez Conde y fue aportado al TSJM, la fiscal encargada del despacho de las diligencias, María de la O Silva, sí era partidaria de enviar la documentación al TSJM. La número dos de García Ortiz le obligó a no hacerlo por medio del artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que faculta al fiscal general -y Sánchez Conde ejercía de él en este caso porque se apartó- a «impartir a sus subordinados las ordenes e instrucciones convenientes al servicio y al el ejercicio de las funciones, tanto de carácter general como referidas a asuntos específicos».
Sánchez Conde ordenó a Silva responder a dicha solicitud con la negativa de entregar la documentación y dictó, posteriormente, que «quedará a todos los efectos relevada de las Diligencias Previas nº 167/2024 seguidas ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, quedando encargado de su despacho el Excmo. Sr. D. Francisco Javier Montero Juanes», se puede leer en el citado decreto, consultado por este diario.
Sánchez Conde, como ya se conocía, reunió a los fiscales responsables del asunto y les trasladó que el posicionamiento del Ministerio Fiscal debía ser la oposición a la admisión de la querella, en primer lugar, y la presentación de un recurso de apelación, posteriormente, negándose a elevar exposición razonada del juzgado que admitió la querella al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Ahora también se conoce que su obligación impidió que las comunicaciones relevantes para la causa, sobre las que estos días testificaron los fiscales Salto y Lastra, se incorporaran a la causa.