Apartan a la fiscal partidaria de admitir la querella de la pareja de Ayuso por revelación de secretos

Según ha avanzado El Periódico y han confirmado fuentes jurídicas a ABC, en su lugar, se ha designado a Francisco Javier Montero Juanes, fiscal superior del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y miembro de la Asociación de Fiscales, la asociación conservadora de la carrera fiscal. Será él, por tanto, quien asuma el caso, pendiente de que el TSJM decida si el asunto debe investigarse.

Las fuentes consultadas por este diario recuerdan que las discrepancias venían de lejos, pues la fiscal apartada, María de la O Silva, se mostró a favor de admitir la querella de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid al considerar que procedía hacer al menos unas mínimas averiguaciones para dar con el autor de la filtración, en contra del criterio de la número dos de Ortiz, favorable al archivo de la misma sin practicar diligencia alguna.

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El asunto llegó a abordarse en la Junta de Fiscales de Sala el pasado 23 de abril, después de que Silva, la fiscal del caso ahora apartada, impugnara la orden de su superior, la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, que le imponía rechazar la admisión a trámite de la querella. Silva, invocó para ello la aplicación del artículo 27 del Estatuto que regula la Fiscalía, un mecanismo del que disponen los miembros de la carrera para cuestionar el mandato de un superior cuando consideran que no se ajusta a derecho.

En dicha reunión, por la mínima, se acabó imponiendo el criterio de la número dos de García Ortiz. Y la decisión se plasmó en un informe presentado ante el TSJM para que se rechazara de plano la querella de González Amador. Los argumentos defendidos, que no hubo delito alguno de revelación de secretos y que la nota de prensa que difundió la Fiscalía fue para desmontar «bulos» y defender la honorabilidad del Ministerio Público.

Tal y como informó este diario, el informe se amparó también en que la nota de prensa de la Fiscalía fue emitida conforme a la instrucción que regula las relaciones del Ministerio Público con los medios de comunicación, y en marco de las facultades que el artículo 4.5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal confiere a la institución: «Informar a la opinión pública de los acontecimientos que se produzcan, siempre en el ámbito de su competencia y con respeto al secreto del sumario y, en general, a los deberes de reserva y sigilo inherentes al cargo y a los derechos de los afectados».

De hecho, fue la propia Silva, encargada de informar sobre el asunto ante el TSJM, quien redactó el informe con el criterio de la Junta y la teniente fiscal. A pesar de ello, fuentes conocedores del caso aseguran a este diario que, después de entregar dicho escrito, fue apartada y sustituida por Montero, el fiscal superior de Extremadura.

En cualquier caso será la Sala de lo Civil y Penal del TSJM presidida por Celso Rodríguez, quien tendrá la última palabra sobre la admisión o no de la querella, pues cabe recordar que la opinión del Ministerio Público no es vinculante para que la investigación eche a andar, teniendo en cuenta, además, que el propio González Amador está personado en la causa como acusación particular.

En la querella, el empresario y pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, atribuye presuntos delitos de revelación de secretos a dos representantes del Ministerio Público, la fiscal jefa de la Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez y el fiscal a cargo de su investigación penal por fraude contra la Hacienda Pública, Julián Salto, después de que el organismo difundiera una nota de prensa oficial para aclarar informaciones equivocadas sobre un supuesto pacto negociado por correo electrónico entre el abogado de González Amador y el fiscal del caso, en el que la pareja de Díaz Ayuso buscaba una rebaja ante una eventual condena.

Fue en este contexto cuando el Ministerio Público dio a conocer que la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, González Amador, había reconocido a través de su abogado haber cometido «ciertamente» dos delitos contra la Hacienda Pública.

En la querella, su abogado insiste en que se produjo «la revelación pública de absolutamente toda la intimidad (secreto) e información tributaria, procesal y de defensa asociada a Alberto González Amador que han tenido a mano los denunciados representantes del Ministerio Fiscal por razón de su cargo. Ningún secreto ni dato personal más podría haber sido revelado y hecho público».

Alberto González Amador está imputado por dos delitos contra el impuesto de sociedades y otro de falsedad documental por, presuntamente, haber defraudado a Hacienda 350.000 euros con facturas falsas, fruto del cobro de dos millones de euros en comisiones por mediar en la venta de mascarillas entre dos empresas privadas, FCS Select Products y Mape Asesores, durante la pandemia.

Está citado a declarar en calidad de imputado en los juzgados de Plaza de Castilla (Madrid) el próximo 20 de mayo. La denuncia del Ministerio Público se dirigió también contra otras cuatro personas más, los empresarios Maximiliano Niederer, David Herrera y los hermanos Agustín y José Miguel Carrillo, acusados de ayudar a simular gastos y girar facturas por servicios que realmente no se prestaron a través de sus empresas, y que igualmente deberán comparecer entre los días 20 y 21 de mayo, ante la instructora del Juzgado número 19.