La número dos de García Ortiz impone informar contra la querella del novio de Ayuso

Tal como reveló ABC, la fiscal a cargo había propuesto realizar algunas averiguaciones previas sobre el origen de aquel comunicado antes de fijar posición y su jefe, que en esto es el teniente de la Fiscalía Superior de Madrid, Carlos Ruiz de Alegría, porque la fiscal jefa se ha abstenido, está de acuerdo. Pero este lunes, en la última de las reuniones sobre el asunto que han tenido con Sánchez Conde, que sustituye a su vez al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, porque también se ha abstenido, recibieron una negativa por respuesta. No han llegado a ponerse de acuerdo.

La número dos del Ministerio Público les impuso informar a favor de que la querella sea inadmitida, según las fuentes consultadas por este diario, lo que ha generado una nueva grieta en la Fiscalía que podría llevar a los responsables del asunto a apelar al artículo 27 de su estatuto: el mecanismo del que disponen los fiscales para contestar a un superior frente a una orden que no consideran ajustada a derecho. Si la discrepancia llegase a ese nivel, la posición del Ministerio Público sobre la admisión de la querella se decidiría en una Junta de Fiscales.

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A. García

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En paralelo, un par de horas tras esta reunión, el fiscal general del Estado pronunciaba un discurso en un acto institucional en el que, habiéndose abstenido de este asunto, fijaba públicamente posición, todo un aviso a navegantes en una institución que se rige, entre otros, por el principio de jerarquía. «No voy a tolerar que ningún fiscal tenga que soportar las consecuencias del funcionamiento trasparente de nuestra institución», llegó a decir. «No pienso consentir que la fiscal jefa de Madrid o el fiscal encargado del caso sean perturbados por ejercitar la acción penal ante la posible comisión de hechos de naturaleza delictiva», zanjó.

«Como fiscal general del Estado -proseguía-, estaba informado de los acontecimientos y de la publicación de un comunicado que se limitaba a desmentir, con hechos cronológicamente sistematizados, informaciones falaces e interesadas previamente publicadas por algunos medios». «Por consiguiente, asumo la responsabilidad última de esa nota de prensa», añadió García Ortiz.

La controversia reside en el comunicado con el que la Fiscalía salió al paso de una información que apuntaba a un pacto inexistente que el fiscal de Económicos habría ofrecido a González Amador para librarle de dos delitos contra Hacienda. En realidad, el letrado del empresario había escrito primero al fiscal proponiendo llegar a algún tipo de acuerdo. Para aclarar este asunto, el Ministerio Público emitió un comunicado en el que entrecomillaba distintos pasajes de aquel intercambio de correos.

González Amador se querelló por lo que califica como un delito de revelación de secretos y la querella está en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid pendiente de admisión a trámite, con la pelota en el tejado de los fiscales de la Superior, que deben posicionarse.

La jefa que debía firmar las decisiones, Almudena Lastra, se abstuvo porque conoció del comunicado. Y García Ortiz, tal y como reveló ABC, se abstuvo también porque tuvo conocimiento de cada paso que se dio al respecto, como reconocía este mismo lunes en su declaración. Pese a eso, manifestaba su opinión en unos términos que dejan poco margen de duda, aunque en la Fiscalía Superior de Madrid se inclinasen por practicar esas averiguaciones al apreciar que la querella podría tener recorrido penal.

Esa ha sido la tesis que esta fiscal y su jefe habían expuesto a la teniente fiscal del Tribunal Supremo, a cargo de despacharles por la abstención de García Ortiz. Ella les ha impuesto informar por la inadmisión de la querella y ellos han sostenido, de acuerdo a las fuentes conocedoras consultadas por este diario, que el escrito tenía sustancia sobre la que convenía profundizar. En definitiva, saber quién pudo ordenar su redacción, sus términos y su difusión, aunque sólo sea por esclarecer si es competencia del TSJ o, en caso de que se apuntase al propio García Ortiz, del Tribunal Supremo.

La teniente, que es la misma fiscal que contravino el criterio mayoritario de los fiscales, reunidos en Junta, sobre la imputación por terrorismo de Carles Puigdemont en el Supremo, no ha acogido la propuesta de los fiscales de Madrid y ha incidido en que si no hay delito -y entiende, como García Ortiz, que no lo hay-, procede la inadmisión.

Durante su exposición, en el contexto de la toma de posesión de varios fiscales, García Ortiz ha reconocido la «labor y desempeño profesional» de Rodríguez y de Salto y, tras subrayar que la información veraz está recogida como derecho fundamental en la Constitución, ha puesto el acento en que con aquel comunicado «no puede considerarse infringido el deber de reserva» porque el «objeto de la comunicación» era «de dominio público fruto de indeseables filtraciones».

De paso, ha defendido la nota de prensa contestando a los pilares de la querella: «La comunicación de la Fiscalía no contenía información que pudiera perjudicar el derecho de defensa ni datos de carácter confidencial que tuvieren incidencia procesal alguna en un ulterior procedimiento judicial», ha señalado, descartando así conducta delictiva alguna antes de que los fiscales a cargo del asunto expresen su propio criterio jurídico.