Del novio de Ayuso a la ex número dos de Óscar López: 40 testigos para un juicio inédito al fiscal general
Ocho fiscales, doce periodistas, once guardias civiles o cuatro políticos, entre los llamados a declarar
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Iniciar sesiónUn total de 40 testigos desfilarán por el juicio del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, entre los días 3 y 13 de noviembre, los señalados por la Sala Penal del Tribunal Supremo en el auto de admisión de prueba notificado ayer. Entre ... ellos se encuentran ocho fiscales, dos responsables de prensa de la Fiscalía (General y de Madrid), 12 periodistas, 11 guardias civiles de la Unidad Central Operativa (UCO), cuatro políticos, dos abogados, y el propio acusador particular, Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Todos ellos están llamados a esclarecer con sus testimonios el papel que jugó García Ortiz en la filtración de los correos de carácter confidencial que se intercambiaron la defensa de González Amador en el procedimiento fiscal en el que estaba siendo investigado y el fiscal de la causa, Julián Salto. En el marco de la negociación de un posible acuerdo de conformidad para evitar el juicio, la defensa del novio de Ayuso, ejercida por el abogado Carlos Neira, ofreció un pacto a Salto el 2 de febrero del pasado año y es precisamente la filtración de este mail la que se achaca al fiscal general la noche del 13 de marzo, un mes después. Sobre la base de esos datos, difundidos por la Cadena Ser inmediatamente después de estar en poder de García Ortiz, se elaboró la nota de prensa de la Fiscalía el día 14, nota cuya autoría ha asumido el propio acusado aunque llevara el sello de la Fiscalía Provincial de Madrid.
Además de Julián Salto, obligado a abandonar un partido de fútbol la noche del 13 de marzo tras requerirle su jefa, a instancias de García Ortiz, los mails intercambiados con Neira, testificará en el juicio precisamente la superior de Salto, Pilar Rodríguez. Esta fiscal estuvo imputada junto a García Ortiz, pero gracias a su cambio de estrategia de defensa, desvelado por ABC, logró librarse del banquillo a última hora. Más que su declaración, que con toda seguridad no apuntalará al fiscal general, lo relevante de Pilar Rodríguez es lo que deparó el registro de su móvil y despacho, pues a diferencia de García Ortiz, no cambió de dispositivo ni borró mensajes, lo que permitió a Hurtado reconstruir los días de la filtración y el sorprendente interés del fiscal general por que el entorno de Ayuso no ganara «el relato», por «cerrar el círculo».
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Otros miembros del llamado 'equipo Fortuny' (por la sede en la que la Fiscalía General está ubicada) también testificarán en el juicio con obligación de decir la verdad. Es el caso de Diego Villafañe, teniente fiscal de la Secretaría Técnica (imputado durante solo unas semanas). También lo hará la jefa de la Unidad de Apoyo en la Fiscalía, Esmeralda Rasillo; la jefa de la Inspección Fiscal, María Antonia Sanz; el fiscal del Supremo y delegado de Protección de Datos Agustín Hidalgo de Morillo o el fiscal de la causa de González Amador en Plaza de Castilla, Diego Lucas Álvarez.
El octavo miembro de la Fiscalía que testificará en el juicio es la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, quien, según se ha sabido por el registro a Rodríguez, advirtió a su compañera que no enviara a García Ortiz los mails que le estaba pidiendo porque los iba a filtrar. Según relató ante el TSJ de Madrid primero y ante el instructor del Supremo después, al día siguiente de la filtración, cuando el fiscal general le apremiaba para sacar la nota de prensa que volvía ahondar en la difusión de datos reservados, le espetó: «Álvaro, ¿lo has filtrado tú, verdad?». «Eso ahora no importa», le contestó él.
Pasarán por el Supremo también los responsables de prensa de la Fiscalía General y del TSJM, Mar Hedo e Íñigo Corral, respectivamente. Este último expresó sus reticencias a publicar el comunicado de la Fiscalía General con sello de la provincial porque era consciente de que revelaba datos que no debían figurar ahí. Hedo, por su parte, declaró que elaboró la nota con la información que le suministraba el propio fiscal general, pero no dispone del registro de llamadas ni mensajes de ese día porque, como el fiscal general, también ella cambió de móvil.
En el capítulo de los políticos citados están el jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, a quien la defensa de García Ortiz atribuye la filtración de los mails por tener conocimiento de los mismos antes que nadie -tesis descartada por el Supremo- y dos cargos de Presidencia del Gobierno en el momento de los hechos: Frances Vallès (en comunicación) y Pilar Sánchez Acera, número dos del ministro Óscar López cuando estaba en el Gabinete de Presidencia.
El papel de Moncloa
Los tres están relacionados con la derivada de la filtración de ese mismo correo al entonces portavoz socialista en la Asamblea de Madrid Juan Lobato, una exclusiva de ABC. Lobato dejó reflejado en un acta notarial que se desvinculaba del mail que Sánchez Acera le había enviado desde Moncloa para que lo mostrara como arma arrojadiza contra Ayuso en la sesión de control de la Asamblea de Madrid el 14 de marzo del pasado año. Francesc Vallés, por su parte, habría azuzado la difusión del correo, según las conversaciones reveladas en ese acta. Sin embargo, ni el juez Hurtado ni la Sala de Apelaciones del Supremo han dado un paso más en la implicación directa del Ejecutivo en los hechos. De ahí que la Sala Penal haya rechazado el testimonio de Óscar López y el del número tres del PSOE de Santos Cerdán, al no considerarlos pertinentes.
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