De esta forma, el Ejecutivo maquilla el balance de los fondos que ha activado hasta la fecha para los afectados por la erupción de Cumbre Vieja. Se anota como mérito político el doble de dinero del que dice haber consignado. La otra mitad son las indemnizaciones que está pagando el Consorcio de Compensación de Seguros, que ni siquiera se financia con fondos públicos sino con las aportaciones de las compañías aseguradoras, que nutren esa entidad con una parte de lo que cobran en las pólizas a sus clientes. La concesión de esas indemnizaciones sigue un procedimiento administrativo, reglado, establecido de antemano por la normativa legal española y que no depende de la voluntad política del Gobierno de turno.
En una reciente respuesta parlamentaria por escrito, a la que ha tenido acceso ABC, el Ejecutivo afirma que hasta el 19 de septiembre pasado –un año después de la erupción– había realizado 50 visitas oficiales a la isla y «movilizado» 426 millones de euros, en los que incluye los 217,3 millones tramitados por el Consorcio de Seguros.
Moncloa s anota como tanto esas indemnizaciones aprovechando que el Consorcio de Compensación de Seguros está adscrito administrativamente al Ministerio de Asuntos Económicos.
Procedimiento reglado
La normativa que rige la maquinaria indemnizatoria del Consorcio establece que abarca a los damnificados por «fenómenos derivados de riesgos extraordinarios», tales como terremotos o erupciones volcánicas, entre otros.
Además, para acogerse es preciso que los bienes muebles o inmuebles contaran con algún tipo de seguro en vigor cundo se produjo el desastre, y que la póliza se suscribiera al menos siete días antes del suceso. De ahí que no todos los damnificados por el volcán de La Palma hayan podido acogerse a estas ayudas. De las 10.400 solicitudes presentadas ante el Consorcio de Compensación de Seguros hasta el pasado septiembre, 1.329 habían sido rechazadas.
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