Manual de resistencia antisanchista: La calle, Europa y los altos funcionarios

Fue una forma de enfrentar a los 540 procuradores a una realidad, a un clamor social en favor de la democracia, de modo que su voto quedaría registrado «no solo ante Dios y ante la Historia», sino ante los 36 millones de españoles. Ninguno podría decir que no había sido advertido, y en el futuro debería vivir con ello.

Casi medio siglo después, otro clamor atraviesa España, éste para defender el Estado de derecho que se empezó a construir aquel día de 1976. Nunca antes en 47 años se había producido un movimiento civil, social e institucional tan contundente y unánime para defender el sistema democrático frente a una iniciativa del principal partido del Gobierno.

Hay muchas formas de medir el alcance real de las cesiones del PSOE a los independentistas y nacionalistas a cambio de sus votos para ser investido presidente de nuevo, pero solo hay tres que generan inquietud en el Palacio de la Moncloa: la calle, Europa, los altos funcionarios. Estos son los auténticos diques de contención frente al proyecto político de Pedro Sánchez y sus socios de investidura, el manual de resistencia del antisanchismo.

El jueves 9 de noviembre de 2023 a mediodía pasará a la Historia de España como el día en el que el Partido Socialista firmó un pacto fuera de España con un líder político prófugo de la Justicia española. El líder del PSOE ya no sólo se contradice a sí mismo por necesidad, sino que está arrastrando al PSOE a posiciones en las que no se reconoce.

La comparecencia de Santos Cerdán, número 3 del PSOE, ofreció muchos síntomas de inseguridad -empezando por su propio perfil y su escasa categoría para representar a un partido con más de un siglo de historia-, pero el más evidente fue la puesta en escena. Acostumbrados los periodistas a los grandes eventos producidos desde La Moncloa y del PSOE, la imagen era como de hace medio siglo: esas cortinas revelaban improvisación.

¿Y a qué tanta prisa? El origen está 16 horas atrás, a las ocho de la tarde del miércoles 8: en La Moncloa se pusieron muy nerviosos con la carta que el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, envió a los ministros de la Presidencia, Félix Bolaños, y de Justicia, Pilar Llop, mostrando su preocupación ante la negociación de una amnistía: «Le agradecería que me facilitara información más detallada, en particular sobre el alcance personal, material y temporal de esta ley prevista».

En términos de comunicación, la reacción socialista fue rápida, porque si hay algo que molesta a La Moncloa es perder la iniciativa: responder a la carta con la condescendencia habitual y anunciar algo. Pero, ¿anunciar qué? Las negociaciones con Junts tienen dos puntos: el acuerdo político y la ley de amnistía. La segunda no estaba lista aún, así que había que apresurarse con el primero. Y por todo ello compareció Santos Cerdán delante de una cortina de hotel. El pacto de la cortina.

Pero volvamos a la respuesta de Bolaños a las preocupaciones de Reynders: «Ninguno de ellos corresponde al ámbito de decisión del Gobierno de España, pues ambos habrán de tramitarse y resolverse en las Cortes Generales». Balones fuera, bajo el argumento de él es el Gobierno, no el partido. Eso sí, 36 horas después fue él quien hizo ronda de medios (afines) para explicar lo que Cerdán no supo, no quiso o no pudo explicar delante de aquella cortina. De modo que Bolaños no responde a Reynders, pero sí a los periodistas. Choteo institucional.

¿Y por qué tuvo que hacer ronda de medios (afines, insisto) el ministro Bolaños para explicar el acuerdo? Primero, porque según la conveniencia de Sánchez, él puede ser ministro por la mañana y socialista por la tarde; segundo, porque los otros dos negociadores (Cerdán con Junts y María Jesús Montero con PNV) estaban fuera de España o negociando; y, lo más importante, esas cuatro páginas suscitaron una reacción que el Gobierno no había contemplado: una inédita catarata de comunicados de rechazo de los altos funcionarios.

Las cuatro asociaciones de jueces, las tres de fiscales, los letrados de la Administración de Justicia, los técnicos de la administración, los inspectores de Hacienda y los de Trabajo y Seguridad Social, los gestores administrativos de Madrid. Y la carrera diplomática, primero los jubilados y después los que están en ejercicio: «preocupación por la ampliación de la participación directa de Cataluña en las instituciones europeas y demás organismos y entidades internacionales».

Si difícil es gobernar con la mirada de Europa en el cogote, más aún lo es con el funcionariado receloso. También los profesionales liberales, especialmente los abogados y los procuradores. También los historiadores, catedráticos y académicos, han puesto el grito en el cielo ante el relato que el PSOE compra en ese comunicado, una suerte de revisionismo de nuestra historia desde 1714 hasta el Estatut (incluida la Asociación de Historiadores de Catalunya).

Y el mundo del derecho y ese manifiesto que ya han firmado cerca de medio millar de juristas y que desde hace un par de semanas ya circula en las instituciones europeas y que, según ha podido ser ABC, se va a actualizar ante las nuevas amenazas recogidas en los pactos del PSOE con Junts y el PNV.

Banco Sabadell se apresuró a aclarar rápida y públicamente que no tenía pensado volver a Cataluña, al igual que la Fundación la Caixa. La CEOE volverá a ser contundente esta semana, pero a las empresas les costará pronunciarse individualmente. No a todas: como aldea gala emergió el viernes ante la opinión pública el despacho Pérez-Llorca, fundado por el ya fallecido padre de la Constitución. Y después Uría Menéndez, Ontier y Broseta.

La inquietud de Reynders es muy significativa y no es un hecho individual: cuenta con el respaldo de la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen. Es un antes y un después para la imagen de Pedro Sánchez en Europa, infinitamente mejor que su percepción interna. Hasta ahora.

El Consejo General del Poder Judicial ha presentado en Europa su comunicado alertando del ataque que el pacto PSOE-Junts supone para la separación de poderes y el Estado de derecho. Esto preocupa en Bruselas, porque nos sitúa en el camino de los tres países que han sido señalados en Europa por degradar la democracia: Hungría y Polonia por atacar al poder judicial y Rumanía por intentar aprobar una amnistía que Europa consiguió frenar.

Lo explica con claridad en ABC Adrián Vázquez (Ciudadanos), que es el presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos en el Parlamento Europeo. Allí no se entiende por qué el PSOE ha pasado de hacer todo lo posible por aislar a Puigdemont a fotografiarse con él y esto se puede personificar en Iratxe García, portavoz allí de los socialistas europeos: de azote del prófugo a abrazarse con él. Siete votos para Sánchez y el PSOE, una humillación para ella y para todos los socialistas que sepultan su mala conciencia con silencio y golpes de pecho. Como aquellos 59 inmovilistas del 76 que, a pesar de todo, votaron contra la reforma política.

Desde que Sánchez anunció en pleno agosto su intención de pactar con Puigdemont y negociar una amnistía que todo su Gobierno y su partido había rechazado explícitamente antes de las elecciones, la calle se ha ido calentando. El PP y Vox desde la política y Sociedad Civil y Denaes desde la ciudadanía han celebrado manifestaciones exitosas muchos domingos de septiembre y octubre, y esta semana la mayoría de las grandes ciudades de España han registrado manifestaciones de rechazo.

Especialmente significativas las de Madrid, donde una mayoría pacífica no se ha dejado amedrentar por una minoría ultra y radical. Desde el PSOE se trata de culpar al PP de los incidentes graves contra sus sedes, pero la realidad es otra. La inmensa mayoría de la gente se manifiesta pacíficamente y el rechazo al pacto con los independentistas trasciende al PP, y todas las capitales de provincia de España serán testigo. Si alguien no quiere violencia ninguna es precisamente Alberto Núñez Feijóo, que este domingo liderará en Madrid una gran marcha en favor de la igualdad a la que acudirá el líder de Vox, Santiago Abascal.

Desde La Moncloa se defienden sugiriendo en petit comité que las cuatro páginas del acuerdo con Junts o las seis del documento suscrito con el PNV son «futuribles que no se van a cumplir». Esto es tanto como aceptar el engaño como forma de hacer política, y revela una enorme frivolidad: ¿acaso no es ya un triunfo para el independentismo el simple hecho de que el PSOE suscriba la posibilidad de negociar un referéndum de autodeterminación para Cataluña? ¿Y aceptar negociar «el reconocimiento nacional de Euskadi»? Si el Partido Socialista no cree en esto, ¿cuál es el camino de vuelta?

De momento, desde el PSOE se mantiene la máxima de que todo el que discrepa es extremista, ultra derecha u obedece a intereses espurios. Su director de comunicación tuiteó ayer una imagen en la que se ve a una chica joven con chaqueta roja y puño en alto caminando de espaldas acosada por una jauría de hienas. ¿Se refiere a los ultras que está semana han acosado de modo violento la sede del PSOE? ¿Se refiere a todos los que protestan pacíficamente? ¿Se refiere a la opinión pública crítica? ¿A los altos funcionarios recelosos? ¿A las instituciones europeas?

No se sabe, pero es un golpe de pecho y autoafirmación que revela un sentimiento cada vez más extendido en el partido de Pedro Sánchez: el aislamiento en curiosa paradoja. La suma de las minorías les acerca a una mayoría parlamentaria, pero les aleja de la mayoría social. El PSOE ya no volverá a ser el que fue, y ninguno de sus dirigentes podrá decir que la sociedad civil, la calle y Europa no se lo advirtió. Como en aquella sesión de las Cortes de noviembre de 1976.