Bolaños despacha a la Comisión Europea diciendo que la amnistía no es cosa del Gobierno sino de los grupos parlamentarios

La carta de respuesta del ministro, que destila sorna, ha tardado el tiempo justo para leer la carta, asimilarla y ejecutar una reacción rápida. En su respuesta Bolaños traslada a Reynders que esa eventual ley de amnistía no corresponde «al ámbito de decisión del Gobierno de España», ya que habrá de «tramitarse y resolverse» en las Cortes Generales.

Bolaños se escuda en que el Gobierno está en funciones y que no puede aprobar proyectos de ley. El acuerdo para una ley de amnistía se abordará a través de una proposición de ley de los grupos parlamentarios. Y aunque es de facto el Gobierno y en última instancia Sánchez quien impulsa esta negociación, el ministro se parapeta en esa cuestión formal para evitar dar más explicaciones.

Bolaños le detalla a Reynders que de acuerdo con el artículo 101 de la Constitución española y el artículo 21 de la Ley del Gobierno, el Gobierno se encuentra en funciones tras las elecciones generales, por lo que «le impide remitir a las Cortes Generales proyectos de ley».

Una argumentación que anticipa también un relato a futuro. Al presentar la amnistía como la voluntad del parlamento y no como una decisión del Gobierno. «No obstante, como siempre, estamos encantados de trabajar conjuntamente con la Comisión Europea, informarle de cuantas cuestiones deseen conocer y, por supuesto, facilitarle toda la información que precise. Así hemos trabajado siempre y así lo seguiremos haciendo», dice Bolaños en su carta de respuesta. Pero sin que esa buena voluntad se sutancie en nada.

La misiva, por contra, persiste en la evasiva: «En este sentido, cualquier proposición de ley que pueda registrarse en el Congreso de los Diputados partirá de los grupos parlamentarios y no del Consejo de Ministros». Y en ese punto le transmite a Reynders que «en caso de registrarse» esa medida será cuando pueda trasladar explicaciones y la posición del Ejecutivo.

Donde sí se extiende Bolaños es al hablar del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), algo por lo que Reynderse le transmite su preocupación. Bolaños le insiste que se trata de «un grave incumplimiento» de la Constitución por parte del PP. A quien Bolaños acusa de llevar cinco años «negándose a atender la petición expresa de la propia Comisión Europea» en sus dos últimos informes sobre el Estado de derecho, que reclamaban «proceder a dicha renovación de manera urgente y sin condición alguna», expresa Bolaños. Que en ningún momento menciona que también es recomendación de la Comisión Europea reformar el sistema de elección.

De hecho, Bolaños le recuerda a Reynders que ya le entregó en su momento un documento con las «excusas» que al respecto expresaba el PP. Y le reclama que se dirija al PP para desbloquear la situación: «Le agradecería que se dirigiera al PP con el fin de intentar que este partido cumpla, al fin, la Constitución española»

Bolaños concluye su carta emplazando a Reynders a una reunión que sirva «para impulsar la necesaria renovación del CGPJ» y comunicarle «la apuesta del Gobierno por la definitiva superación de una grave crisis institucional, política y social que se vivió en Cataluña».

Este intercambio epistolar se produce mientras el número 3 del PSOE, Santos Cerdán, sigue en Bruselas a la espera de poder avanzar en las negociaciones con Junts para un acuerdo definitivo sobre ese olvido legal por los delitos relacionados con el 'procés'. La carta de Reynders provocó anoche reacciones entre los cuadros del PSOE y de Junts que negocian el acuerdo de investidura. En este sentido, fuentes socialistas señalaron que era inminente un acuerdo que denominaron «político» con la formación de Puigdemont para la investidura en el que, sin embargo, no quedaría cerrada la cuestión principal, la amnistía. Desde el equipo socialista presente en Bruselas no se confirmaba al cierre de esta edición que el acuerdo se vaya a suscribir este jueves, pero sí se reconocía que las conversaciones se intensificaban: «Estamos cerca», aunque recuerdan que el acuerdo también parecía inminente hace una semana.

El plazo para que Sánchez sea elegido presidente y se evite la repetición de las elecciones generales vence el día 27, cuando las Cortes Generales quedarían automáticamente disueltas de no producirse una investidura. La nueva cita con las urnas sería el 14 de enero.