PP, Cs y Vox aprueban la moratoria de acceso al centro de Madrid para transportistas con etiqueta B

La medida ha templado una relación cada vez más fría por unas negociaciones para pactar presupuestos inexistentes. El final de año se acerca y el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ya se resigna a preparar la prórroga presupuestaria, a imagen y semejanza del escenario autonómico, donde Vox también ha tumbado las cuentas de Isabel Díaz Ayuso. La moratoria a un total de 3.800 transportistas, sin embargo, ha abierto una tregua ilusoria.

«Vox llevó esta proposición a los plenos de septiembre y octubre, y PP y Ciudadanos votaron en contra», ha recordado el edil de Vox Fernando Martínez Vidal. La prórroga también es una reclamación del Comité Madrileño de Transporte por Carretera (CMTC), que pedía una «flexibilización» de las prohibiciones por la inflación y el «momento económico». «El 70% de la flota no tiene etiqueta. Madrid corría el riesgo de quedar desabastecida», ha justificado Martínez Vidal el 'sí' de su grupo.

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Hace dos semanas, Almeida salió de la reunión con los transportistas y compartió el anuncio, que ha conseguido la luz verde definitiva en el hemiciclo de Cibeles. Las formas no han gustado en la bancada de la oposición. El equipo de gobierno ha introducido la moratoria a través de una enmienda en la nueva ordenanza de limpieza que se debatía este martes en el pleno y que sirve para modificar la ordenanza de movilidad aprobada en septiembre de 2021. La izquierda ha confirmado que recurrirá en los tribunales.

«Tenían al PSOE convencido para votar a favor [de la ordenanza de limpieza]», ha reconocido el concejal socialista Esteban de Benito, que criticó que el proceso «ha robado a los madrileños» el periodo de información pública y alegaciones. «Es un caso de trilerismo político que jamás se había dado en el Ayuntamiento de Madrid», acusó la edil de Más Madrid, Esther Gómez, que añadió que el equipo de gobierno «mercadea con la salud de los madrileños a cambio del apoyo de Vox». «Esta enmienda no cumple con la ley y por eso vamos a denunciar ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM)», concluyó.

Cuando Almeida anunció la moratoria, enseguida se entendió como un guiño a Vox, enrocado en el 'no' a los últimos presupuestos del mandato. El grupo mantiene el ultimátum que lanzó el pasado septiembre y que exige al consistorio levantar el veto de Madrid Central a todos los vehículos con etiqueta A, los más contaminantes. El equipo de gobierno defiende que las zonas de bajas emisiones son una orden de la Unión Europea y una obligación para los municipios de más de 50.000 habitantes desde que entrara en vigor la nueva Ley de cambio climático.

«Frente al fanatismo climático y al negacionismo, hay una postura que es la sensatez, la racionalidad y las políticas eficaces», ha destacado el concejal delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante (PP), «sostenibilidad ambiental, sí, y siempre, pero también económica y comercial porque no podemos ahogar a 4.000 familias y al distrito Centro». El distrito, según el censo municipal, cuenta con 20.318 empresas y locales, el 11,3% del total de negocios de la capital.

La moratoria ha salido adelante y, con ella, la nueva ordenanza de limpieza, que triplica las multas por ensuciar la ciudad. El texto definitivo ha conseguido los 30 'síes' de PP, Ciudadanos y Vox, mientras que Más Madrid, PSOE y el Grupo Mixto han votado en contra, sumando 27 'noes'. La normativa, que sustituye a la anterior de 2010, eleva la tipificación de muchas infracciones de leves a graves, disparando las sanciones: tirar restos de botellón, en lugar de 400 euros, costará 2.000 euros; pintar grafitis sube de 600 a entre 2.000 y 3.000 euros; reincidir con las pintadas de mobiliario urbano, entre 4.000 y 6.000 euros; sobrellenar contenedores de obra, hasta 1.500 euros…

La Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos, Gestión de Residuos y Economía Circular también recoge un nuevo sistema de recogida del cartón, omnipresente en la ciudad desde el auge del comercio electrónico, contenedores para reciclar el aceite en las comunidades de vecinos y horarios específicos para depositar el vidrio sin molestar, entre otras cosas. El texto superó los 30 días de información pública, recibió 24 escritos con 88 alegaciones de 19 entidades y el Área de Medio Ambiente y Movilidad aceptó totalmente 19 y seis de manera parcial. El mismo camino que se ha saltado una moratoria aprobada en el mismo momento.