La izquierda recurrirá en los tribunales la moratoria de Madrid Central

Para el Grupo Mixto la moratoria «sería ilegal» porque se ejecutaría con un cambio en la ordenanza de movilidad «por la puerta de atrás» mediante una modificación de la ordenanza de limpieza. Más Madrid, en la misma línea, calificó esta actuación como una reforma normativa realizada «de extranjis», por lo que también pondrán un recurso contencioso-administrativo en el caso de que este cambio salga adelante. La portavoz de la formación, Rita Maestre, tildó al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, de «trilero» por «mercadear con la extrema derecha a costa de los madrileños» para tratar de sacar adelante los presupuestos.

Un paso más allá ha ido el PSOE, que incluso anunció que solicitaría medidas cautelarísimas. «PP y Cs se autoenmiendan la ordenanza de limpieza que afecta a la movilidad vulnerando la capacidad de partidos políticos y ciudadanos para alegar. Se saltan el periodo de información pública. Se saltan el procedimiento. Almeida no ceja en su empeño de poner en riesgo la salud de los madrileños y ahora también trata de contaminar a las instituciones», valoró la portavoz socialista en la capital, Mar Espinar, que considera, como el resto de la izquierda, que «su único objetivo es sentar a Vox, un partido negacionista, para poder aprobar los presupuestos municipales de 2023».

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El PSOE en su momento también solicitó medidas cautelarísimas cuando el Gobierno del PP-Cs, nada más llegar a Cibeles, impulsó una primera moratoria que suspendió todos las multas por accesos indebidos al área de bajas emisiones. En este caso, la Justicia dio la razón a Greenpeace –entidad que también recurrió– y tumbó la medida tan solo dos semanas después de haberse iniciado.

En aquella ocasión, el magistrado consideró que el plan de PP y Cs para suspender las multas mientras se solucionaban los fallos en el sistema no prevalecía sobre «la protección a la salud y al medio ambiente». «La Administración cuenta con medios suficientes para depurar las anomalías que puedan producirse en un procedimiento sancionador (...) y para ello no es imprescindible eliminar la vigencia de la zona de bajas emisiones», arguyó en su momento.

Que el asunto llegue o no la Justicia depende de Vox, cuyos votos decantarán el resultado de la votación. La ausencia ayer de los cuatro concejales no despejó la duda. Un «caso singular», tal y como lo calificó el secretario del pleno, pero que, pese a todo, se permitirá que sigan sus enmiendas vivas hasta que el tema se debata en el pleno.