El juez admite ampliar la denuncia de la operación Pantano

La denuncia que dio origen a esta operación policial fue presentada por Zarzalejo el 21 de mayo de 2019 ante la Fiscalía contra la corrupción y la criminalidad organizada, y aceptada por este órgano judicial. Los presuntos delitos cometidos serían los de «malversación» y «prevaricación». En la ampliación se añaden los delitos de «ordenación del territorio, fraude de subvenciones y delito de omisión de los deberes de impedir delitos o de promover su persecución», según el documento presentado ante el juez.

En un escrito fechado el pasado día 14 de julio, al que ha tenido acceso ABC, la jueza Lidia Prada «da traslado al Ministerio Fiscal para que informe sobre la ampliación de la denuncia penal» y subraya que las partes pueden interponer un recurso de reforma en el plazo de tres días.

La aceptación de esta ampliación era esperada por la representación jurídica de Mercedes Zarzalejo, el abogado Javier Vasallo que, en declaraciones a este periódico, espera que el fiscal la apoye, mostrando su satisfacción porque se haya unido ya a la causa principal de la operación Pantano.

En cuanto a la situación procesal del caso, la juez ya citó a declarar, antes de la ampliación con nuevos delitos, a los imputados, que se acogieron a su derecho a no declarar. Actualmente se está en la fase de volcado de los teléfonos que fueron confiscados, y que ha sido recurrida. Igualmente, algunos de los investigados están pidiendo la modificación de las medidas cautelares. Ninguno fue a prisión, pero tienen que comparecer los días 1 y 15 y le han retirado la posibilidad de salir de España.

Los tres nuevos delitos son consecuencia del conocimiento de nueva información sobre la gestión que se ha realizado, tras la instrucción que se está llevando a cabo, y el acceso a nueva documentación. La primera fase de toma de declaraciones ya ha finalizado y se retomará al aceptarse la ampliación.

Esta trama tiene varios frentes y el objetivo de la misma, según el auto judicial que autorizó el registro, es la obtención, por parte de los detenidos, de «un beneficio económico ilícito en relación, principalmente, con la contratación de obras y servicios». El juez investiga facturas por importe de 600.000 euros que se abonaron, en muchas ocasiones a empresas de amigos y familiares del PSOE, con una tramitación plagada de irregularidades.

Los nuevos delitos afectan a varias áreas de la gestión socialista, que están siendo ya investigadas, aportando nuevos datos. En el caso de la gestión de Costa Madrid , la sociedad mixta participada por el Ayuntamiento y socios privados, se advierte de que «las parcelas que eran de titularidad de la referida mercantil han pasado a ser de titularidad privada durante el tiempo que ha estado inactiva». Todas las operaciones «casualmente, han sido formalizadas a través de Inmobiliaria Giro» y algunas de las parcelaciones se realizaron a instancias de 'Gestiones Inmobiliarias Rodríguez Ortiz S.L', «quien tras las mismas procedió a la venta».

Esta inmobiliaria es propiedad de la familia Lastras y las administradoras son las mujeres de los hermanos Félix y Luis Lastras, éste último exconcejal de Obras y Servicios, y tía y madre del actual concejal socialista de San Martín de Valdeiglesias, Pablo Luis Lastras, primo de la exalcaldesa María Luz Lastras. Precisamente, los suegros de ésta, siempre según la ampliación de la denuncia, comparten la titularidad privada de dos parcelas del pantano de San Juan. Junto al Ayuntamiento, «aparecen como cotitulares con un 12,50 por ciento cada uno de los suegros». Igualmente, en las parcelas 587 y 588 figuran como titulares «José Ramón Pablo Orrico Blázquez, hasta el gobierno de Mercedes Zarzalejo (PP) procurador con plenos poderes del Ayuntamiento y oficial en el Registro de la Propiedad» y Gestiones Inmobiliarias Rodríguez Ortiz, S.L.

En cuanto al delito de fraude de subvenciones en los programas de empleo, destaca que a cargo de las mismas estaba la agente de Desarrollo Local, María Herminia Sánchez, casada con un sobrino de Luis Lastras, exconcejal de Obras. En la denuncia se asegura que el material que dicen haber comprado para los alumnos de los cursos «no se corresponde con el entregado a los alumnos». Algunas facturas «no presentan albaranes» e incluían «en la subvención ropa para empleados no correspondientes al plan», como así lo admiten los alumnos.

Este proceso judicial ha elevado la tensión entre la alcaldesa, del PP, y la oposición del PSOE, algunos de cuyos concejales están siendo investigados en esta denuncia judicial. Los nervios estallaron en el último pleno municipal, celebrado el 28 de julio, en el que la alcaldesa se vio obligada a suspender la sesión y desalojar el salón, según su versión, por la actitud de los ediles socialistas que llegaron a increpar al público asistente. Media hora después del pleno, y ya en la calle, continuó el cruce de acusaciones «insultando y acorralando» al padre de la alcaldesa y a ella, con intentos de agresión.