El PSOE desvió el uso de 18.000 euros del plan de violencia de género en San Martín de Valdeiglesias

La Unidad de Delitos Económicos de la Guardia Civil , en el informe de la operación Pantano , y que forma parte del sumario judicial, al que ha tenido acceso ABC, denuncia lo que puede ser «un concierto con los interesados, todo ello en base a que pudiera inferirse la existencia de urgencia para la presentación de las facturas, el acta de conformidad y el posterior reconocimiento del gasto, todo ello realizado el mismo día 14 de junio de 2019, recuérdese un día antes de la investidura de la actual alcaldesa del municipio». Hay que recordar que el PP gobierna hoy este municipio, presidido por Mercedes Zarzalejo , que fue la que denunció la trama ante la Fiscalía contra la Corrupción, que decidió abrir el proceso judicial.

Al recibir la subvención , el ayuntamiento crea el proyecto G-Emplea y el 10 de junio 2019 presentan tres propuestas de contratación para su redacción por parte del abogado Alfredo Muñoz Naranjo , la trabajadora social María Iglesias Rosa y la psicóloga María García López. Estos tres profesionales, según ha asegurado la actual alcaldesa a ABC, han prestado o prestan sus servicios en una mancomunidad .

La interventora municipal, Vanesa Pérez , emitió un informe el 11 de junio de 2019 sobre las «propuestas de contrato menor» y realiza varias observaciones: «Las tres propuestas para la contratación de un abogado, una trabajadora social y una psicóloga para el desarrollo del Proyecto G-Emplea, presentan una identidad en su objetivo, con funciones idénticas que parecen interrelacionarse y desarrollarse conjuntamente, ascendiendo el conjunto del gasto a 14.901 euros, cuantía casi al límite de la contratación menor», que es de 15.000 euros y para la que no es necesario un proceso público de licitación. Además, subraya que en la contratación que se propone «falta justificación del precio de cada contrato, así como las características del servicio a desarrollar».

Por ello, señala que «no podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan». La interventora es contundente a la hora de afirmar que «debieran de revisarse los tres expedientes de contratación menor de servicios, en cuanto a su unidad funcional, determinación del precio de mercado y valorarse su tramitación mediante procedimientos sujetos a publicidad y división de lotes».

Sin embargo, a pesar de lo expuesto por la interventora y de «la ausencia de contrato», la Guardia Civil señala que «con fecha 14 de junio de 2019, un día antes de la investidura de la nueva alcaldesa, se presentan tres facturas en el consistorio, emitidas por Alfredo Muñoz Naranjo, Rosa María García López y María Iglesias Rosa por un importe de 3.005,03 euros cada una, bajo el concepto 'Desempeño de labores relacionadas con la preparación del proyecto Programa G-Emplea'«.

Las facturas se presentan todas el mismo día , el 14 de junio, «tres días después de la propuesta de contratación, con una diferencia en el registro de escasos minutos, a las 14.07, 14.15 y 15.22». Aunque, en teoría, en un principio son «personas independientes entre sí, el formato de las facturas es exactamente el mismo, cambiando únicamente el emisor de dicha factura», siempre según el informe de la Guardia Civil.

En esa misma fecha la alcaldesa en funciones, María Luz Lastras , «firma el acta de conformidad de las tres facturas mencionadas, como que el servicio se ha prestado conforme». Para la Guardia Civil es «interesante cómo se puede verificar que este determinado servicio se ha prestado conforme, cuando no existe en el consistorio el proyecto en cuestión. En este caso en particular, no es que se facture por el proyecto, sino por la preparación del mismo, algo difícilmente cuantificable y verificable».

El acta de conformidad de las facturas debe ir firmada por el concejal del área responsable del suministro o servicio prestado, pero no aparece esta firma. Y la alcaldesa María Luz Lastras rubrica una resolución reconociendo las facturas , aunque admite que «no se ha seguido el procedimiento» y «falta a la verdad» al decir que la concejal responsable ha firmado las facturas. La Guardia Civil concluye que Lastras toma decisiones «para beneficiar a terceros a sabiendas que son injustas, conducta típica de la prevaricación».