Los letrados judiciales piden a la ministra Montero que desencalle el conflicto tras culpar Llop a Hacienda

Desde el ministerio, por su parte, argumentan que los LAJ no les han puesto sobre la mesa ninguna oferta «realista » sobre la que negociar e insisten en que cuando eso pase, las puertas del ministerio estará abiertas. No obstante, y mientras dicen esto, el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, vuelve a calentar a la carrera hablando de una posible reforma legal para dar competencias de los secretarios judiciales a otros funcionarios.

Tras haber pedido hasta la mediación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el comité de huelga se ha dirigido ahora por carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para informarle de los compromisos que el Ministerio de Justicia adquirió con este colectivo en abril de 2022 y de cuyo bloqueo Llop culpabiliza al departamento que dirige su compañera Montero.

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Denuncian «la política desinformativa» del Ministerio de Justicia, «orientada a deslegitimación del adversario y a la manipulación de datos, que lleva a la confrontación más que al acuerdo». En este sentido señalan que se está poniendo en boca del comité manifestaciones que éste no ha realizado, como la reclamación de 1.100 euros al mes por LAJ cuando la realidad es que «no existen peticiones concretas». También critican que se «exageren datos falsos» como que el complemento específico transitorio del Acuerdo sindical de 15 de diciembre de 2021 ha supuesto una subida del 14,5 por ciento «cuando realmente es tan sólo del 6,33 por ciento en el mejor de los casos».

Retamos desde el Comité de Huelga al gobierno a que presente cualquier documento que demuestre que los LAJ han recibido una subida salarial distinta en concepto de adecuación salarial«, habían apostillado ya en otro comunicado el pasado sábado.

«El colectivo sigue sin recibir citación para «iniciar una negociación leal que ponga fin al conflicto, pese al compromiso público de la ministra LLop y pese al claro mandato del Congreso de los Diputados y las peticiones de las comunidades autónomas y resto de colectivos«, apuntan. Apelan a la ministra de Hacienda y de Función Pública »para que con su intervención logre desencallar el conflicto que el Ministerio de Justicia no quiere ni puede resolver«.

Dicen los letrados judiciales que si el Gobierno quiere resolver este conflicto debe convocar inmediatamente la mesa de negociación y «comprometerse a una negociación leal y con el respaldo total del Ministerio de Hacienda». «Lo que no puede pretender es que en la octava semana de huelga indefinida la misma se desconvoque con una oferta que al 15% (del colectivo) le reconoce una adecuación salarial de 10 euros al mes y al 60 por ciento absolutamente nada. Esa es la verdad absoluta de la propuesta inamovible del Gobierno de España, y que toda la sociedad puede comprobar«.

Sobre la «última ocurrencia» del secretario de Estado de Justicia sobre la posible modificación de competencias para dárselas a otros cuerpos, se preguntan: «¿Puede creerse alguien que se va a desconvocar una huelga indefinida que dura casi dos meses, por que se quiera iniciar una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que en el mejor de los casos va a tardar seis meses en entrar en vigor?«. Consideran que el objetivo de Tontxu Rodríguez es »derrotar a un Cuerpo Superior Jurídico esencial en la Administración de Justicia al que personalmente le ha declarado la guerra«.

Recuerdan que los usuarios del servicio público de la Administración de Justicia «están siendo utilizados como rehenes de la guerra personal de este señor, y la situación seguirá deteriorándose mientras desde la Presidencia del Gobierno se siga tolerando esta situación«.

Por otra parte la Audiencia Nacional ha suspendido cautelarmente el proceso selectivo extraordinario convocado por Justicia el pasado diciembre para acceder al turno libre al cuerpo de letrados judiciales de la Administración de Justicia por el sistema de concurso de méritos. La orden ministerial había sido impugnada por el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia por atentar contra el principio constitucional de igualdad, mérito y capacidad para acceder a la función pública y modificar el sistema de acceso ordinario (oposición).

La propia Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) establece que “los funcionarios del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia serán seleccionados mediante convocatoria del Ministerio de Justicia, a través de los sistemas de oposición”. Para el citado colegio, esta convocatoria "ignora el duro esfuerzo de los opositores de turno libre para acceder a un Cuerpo Superior de la Administración de Justicia”.

La decisión de la Audiencia Nacional es cautelar, es decir, supone una paralización temporal hasta que se pronuncie sobre el fondo del asunto.