El Congreso insta a Llop a pactar con los letrados de Justicia con el Gobierno votando en contra

Se trata de una moción derivada de una interpelación dirigida la semana pasada a la ministra de Justicia, Pilar Llop, y que ha salido adelante pese a que los partidos del Gobierno, el PSOE y Unidas Podemos, han votado en contra. Y es que en la mayoría de los puntos los populares han recabado el apoyo de Vox y Ciudadanos, pero también de buena parte de los aliados parlamentarios del Ejecutivo.

La aprobación de la moción –seis de los siete puntos planteados por el PP– se produce en la víspera de una segunda reunión entre el Ministerio y el comité de huelga de los Letrados de Justicia, que llevan en parón desde el 24 de enero provocando hasta el momento la suspensión de 210.000 vistas y el bloqueo de 4.000 millones de euros según los datos de las asociaciones convocantes.

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En el texto aprobado se insta al Gobierno a «la pronta resolución del conflicto laboral que mantiene con los letrados recuperando al mismo tiempo el retraso en las actuaciones procesales que ha generado dicho conflicto colectivo, y sin que ello implique un incremento de la carga de trabajo del resto de profesionales de la Justicia«.

Se pide también «alcanzar un acuerdo en el marco de la mesa de negociación abierta para negociar las condiciones de trabajo de los cuerpos de funcionarios afectados por la implantación de la organización prevista y que se negocien las compensaciones económicas derivadas de la implantación del nuevo modelo de justicia«.

El Congreso, también con el voto en contra de PSOE y Unidas Podemos, emplaza igualmente al Gobierno a «poner en funcionamiento la plataforma prevista en la Ley Concursal para la liquidación y venta de los activos de los concursos de acreedores».

Asimismo, se recomienda al Ministerio de Justicia «mantener una relación fluida con las asociaciones profesionales para la mejora de las condiciones de trabajo y retributivas del Ministerio Fiscal y de la Judicatura«, y a aprobar la Ley de Derecho a la Defensa y a adoptar »las medidas necesarias para proteger a los abogados de oficio de los riesgos inherentes al ejercicio de su labor«.

En único punto que no ha salido adelante, principalmente por la abstención de Vox, es el relativo a que el Ministerio de Hacienda «habilite las dotaciones presupuestarias suficientes para la efectiva implementación de las leyes de eficiencia organizativa y procesal a los efectos de poner en marcha las unidades de mediación, los tribunales de instancia y las oficinas judiciales previstas en dichos textos».