Cesiones al independentismo
Junts consigue de Sánchez la inmigración, publicar las balanzas fiscales y eliminar la cuestión prejudicial de la amnistía
Los siete diputados de Puigdemont permiten tramitar dos de los tres decretos-ley en el Congreso, a pesar de haber defendido que votarían en contra
Votación de los decretos del Gobierno de Pedro Sánchez, en directo: última hora del debate en el Congreso hoy
Barcelona
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Iniciar sesiónLos siete diputados de Junts no han votado este miércoles en las convalidaciones de los tres primeros decretos-ley del Gobierno de Pedro Sánchez permitiendo, así, la aprobación de dos de ellos a cambio de la gestión «integral» de la inmigración para la ... Generalitat de Cataluña y el compromiso del PSOE de publicar la balanzas fiscales y, también, la eliminación del artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que afectaba a la aplicación de la ley de amnistía (todavía en trámite).
A pesar de que desde Junts se había dicho, en las últimas semanas, y defendido desde la tribuna de los oradores, hoy mismo por parte de Míriam Nogueras, que los de Carles Puigdemont no aceptarían que los decretos-ley se pudieran convalidar, por la forma («decretos macedonia» que incluyen una gran variedad de asuntos) y el fondo (afectan a la aplicación de la ley de amnistía, recortan competencias de la Generalitat y no financian las medidas que se aprueban), finalmente, lo han permitido al no votarlos.
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En una sesión, ciertamente atípica (en el Palacio del Senado, en lugar del Palacio de las Cortes), los siete diputados de Junts han optado por no votar ninguno de los tres decretos-ley (6, 7 y 8 de 2023), dejando así en manos de los cinco representantes de Podemos su convalidación, que han acabado por tumbar las medidas defendidas por Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, que afectan al subsidio de desempleo (decreto-ley 7). Las votaciones de los otros dos decretos han acabado en empate (por un error de un diputado de Sumar), por lo que está previsto que se convaliden en la repetición.
La jugada de Junts no ha sido, evidentemente, a cambio de nada. Poco después de las votaciones, un comunicado del partido de Puigdemont ha concretado el precio: la delegación «integral» de las competencias de inmigración a la Generalitat (que se hará por la vía del artículo 150.2 de la Constitución mediante una ley orgánica específica para Cataluña, «para que sean el Govern y el Parlamento de Cataluña los que determinen una política propia, adecuada a las necesidades y a la realidad de nuestro país»), la publicación «inmediata» de las balanzas fiscales y «la supresión» del artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que ratifica la cuestión prejudicial y afectaría a la aplicación de la ley de amnistía (todavía en trámite parlamentario).
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Pero no solo eso. Según Junts, la formación independentista ha arrancado al Gobierno del PSOE «un acuerdo para mejorar el autogobierno y las condiciones de vida de los catalanes». Entre estas medidas se incluye la «reforma» de la ley de sociedades de capital a través del Consejo de Ministros para «revertir» la norma aprobada por el Ejecutivo del PP en 2017, en el contexto del referéndum ilegal, para que las empresas que quisieran pudieran cambiar la sede social fuera de Cataluña sin que la decisión tuviera que pasar por la Junta de Accionistas.
Además, el Gobierno multiplicará por cinco la inversión prevista para la digitalización de la administración de la Justicia (de 1,2 a 6,2 millones de euros), el Ejecutivo asumirá «la totalidad del coste sobre los descuentos y las bonificaciones del precio del transporte público» (que ahora es compartido por varias administraciones), el IVA del aceite «será del 0%» y, finalmente, «se reconocen los derechos históricos de Cataluña en materia de régimen local», sin más concreción sobre este último asunto.
Nogueras: las condiciones fueron «muy claras»
Ha sido Nogueras la que, una vez que Junts ha enviado el comunicado de prensa, ha explicado a los periodistas que las «condiciones» de su formación política, para la aprobación de los tres decretos-ley, siempre han sido «muy claras» y ha defendido que el resultado de cualquier negociación con el Gobierno debe «respetar las competencias que tenemos y han de llegar los recursos que nos pertocan».
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En este sentido, tras reconocer que la negociación ha sido «in extremis» y nombrar las cesiones de los socialistas, ha concretado que, sobre la decisión de la norma de 2017 aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en el contexto del 'procés', «por fin se revertirán los efectos nocivos que tuvo el decreto de 2017 que hicieron para facilitar la huida de las empresas de Cataluña y aquí estamos hablando, también, de incentivos económicos».
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