Junts condiciona su apoyo a los decretos a imponer sanciones a las empresas que se marcharon de Cataluña en 2017
El partido de Puigdemont quiere perseguir a las firmas con sede diferente a su centro operativo
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El precio por el apoyo de Junts a la votación mañana en el Congreso para convalidar los tres primeros decretos del Gobierno (6/2023, 7/2023 y 8/2023) es un plan para sancionar a las empresas que cambiaron de sede social y dejaron Cataluña en 2017 para escapar de los efectos del 'procés', según ha adelantado 'La Vanguardia' y han confirmado a ABC desde Junts.
En el marco de las negociaciones para sacar adelante los citados decretos, Junts ha exigido la retirada de los mismos y su presentación por separado, una forma de no poner en peligro las medidas de blindaje social y así poder modificar aquellos aspectos que, a criterio de la formación que lidera Carles Puigdemont, ponen en peligro la aplicación efectiva de la ley de Amnistía una vez se apruebe de manera definitiva.
Ahora ha trascendido que otra de las exigencias del independentismo incide directamente en uno de las consecuencias más sensibles de todo el proceso catalán, la marcha de numerosas corporaciones huyendo de la inestabilidad política y jurídica. Se estima que rondan las 9.000, según los últimos datos proporcionados a este periódico por los Registradores de España. «Todas las empresas que se mantuvieron en Cataluña o quieran volver tendrán incentivos fiscales», ha confirmado esta mañana el portavoz de Junts, Josep Rius, en Ser Cataluña.
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La pretensión de revertir esa diáspora es uno de los objetivos más o menos consensuados entre el grueso de los partidos y la clase empresarial catalana. Unos por la vía de ofrecer estabilidad y normalización, otros, es el caso de Junts y según se confirma ahora, por la vía de la sanción. Según ha trascendido, tras la retirada de los decretos y su presentación por separado, este partido reclama una reforma de la ley de Sociedades de Capital con objeto de aprobar incentivos fiscales para las empresas que se quedaron en 2017, y, a la vez, condicionar la concesión de ayudas públicas y subvenciones a las firmas que manteniendo sus centros operativos en una comunidad tienen su sede social en otra.
En su acuerdo para investir a Pedro Sánchez, PSOE y Junts incluyeron un apartado de redactado vago por el que se comprometían a abordar los «elementos esenciales de un plan para facilitar y promover el regreso a Cataluña de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación a otros territorios en los últimos años». Ahora pretenden que este compromiso se plasme en hechos, si bien ya en su momento desde el Gobierno se deslizó de la difícil viabilidad de un plan de estas características, y numerosos expertos apuntaron el nulo recorrido legal de cualquier medida que pretenda forzar el traslado de sedes.
En la misma línea, el plan de Junts choca con lo expresado desde la empresa catalana, particularmente la patronal Fomento, que ha sido rotunda al explicar que el regreso de las empresas que marcharon pasa por ofrecer un panorama de estabilidad y clima de confianza, en ningún caso por las sanciones o los incentivos, tal y como fuentes de la histórica patronal insisten a ABC. «Nosotros no valoramos la política. Tan sólo hablamos de política económica. Ya dijimos que para facilitar el retorno de las empresas es necesario facilitar un clima de normalidad institucional y un ambiente propicio para la actividad empresarial. No creemos ni en sanciones ni en incentivos», explican fuentes de la patronal.
La pretensión de Junts de forzar por la vía de las sanciones y los incentivos el retorno de las firmas que marcharon viene a ser un reconocimiento expreso del impacto que realmente tuvo la estampida empresarial atribuible al 'procés', algo que el independentismo siempre minimizó. La base está en el conocido como «decreto Guindos» de 6 de octubre de 2017 (en las fechas entre el referéndum ilegal del 1 de octubre y la fallida declaración de independencia del 27 del mismo mes), por el que las empresas podían decidir su cambio de sede sin pasar por el acuerdo de la junta de accionistas. Una modificación que el secesionismo siempre ha atribuido a una operación de Estado para torpedear el 'procés' y descapitalizar Cataluña pero que en realidad fue reclamado por las propias empresas catalanas.
Por su parte, la iniciativa de Junts no cuenta de momento con el apoyo del Govern catalán. Preguntada por esta exigencia de los de Puigdemont, Patrícia Plaja, portavoz de la Generalitat, ha descartado que este, el de las sanciones, sea el camino para que las empresas que se fueron de la comunidad vuelvan a Cataluña. «No se ha contemplado», ha señalado, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Govern.
Plaja ha defendido que el Govern no está por la labor de «dar incentivos» para las empresas que cambiaron de sede social, pues, en su opinión, sería un agravio para con las entidades que se quedaron en Cataluña en 2017. Pero el Ejecutivo de Pere Aragonès tampoco es partidario de las multas: «No está sobre la mesa, no se ha contemplado. No es un tema que esté sobre la mesa y se esté trabajando», ha añadido.
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