La huelga en la justicia también pasa factura a los abogados

Letrados de toda España llevan tiempo pidiendo que se ponga fin a un conflicto que está llevando a la justicia a una situación límite. Y es que al margen de los perjuicios personales y económicos ocasionados por la suspensión de las vistas, la paralización de los procedimientos está incidiendo directamente, en menor o mayor medida, en su actividad profesional. Tanto es así que algunos despachos reconocen que facturan entre un 20 y un 30 por ciento menos que antes de las huelgas. Otros, directamente, se están planteando cerrar.

Hasta el año pasado, Everlaw, un despacho especializado en, entre otras materias, responsabilidad civil y seguros, crecía a una media de un 20-25 por ciento anual. Ahora sus profesionales se dan «con un canto en los dientes» si se quedan como estaban en 2022, reconoce Mariola Núñez, socia y letrada del bufete. La queja de este despacho es extrapolable a todos: la incertidumbre hasta el último momento de si los funcionarios de un juzgado concreto van a estar esa día en huelga. Esta suspensión «sobrevenida» está suponiendo un coste personal y económico importante, especialmente cuando el juicio es fuera de Madrid y demandantes, demandados, testigos y peritos se desplazan a la localidad en cuestión, en muchas ocasiones el día antes. Núñez menciona el caso de un compañero que tras viajar en avión de Madrid a Jerez (Cádiz) y alquilar un coche desde allí hasta Chiclana de la Frontera, se encontró con que la vista se había suspendido. Lo más grave es que había llamado el día anterior para confirmarlo y no le dieron una respuesta clara. Es lo que todos los abogados coinciden en llamar «huelga soterrada». La propia Mariola vivió este desplante en sus carnes hace escasas semanas con un juicio en Bilbao.

«La casuística de la huelga en los juzgados varía, depende de cada funcionario; unos no han estado operativos en ninguna de las dos huelgas; algunos solo en una; otros han estado operativos en las dos. Cada juzgado es como una miniempresa, se organizan de forma distinta. Sabemos, por ejemplo que el 20 y el 21 de Capitán Haya están en huelga, pero en otros no tenemos ninguna certeza», dice. Al margen de los gastos derivados de la suspensión, a los despachos que facturan por actuación procesal la huelga les hace polvo, especialmente porque cuando el cliente es una multinacional, como es el caso de Everlaw, es ese cliente el que impone la norma de pago: si las demandas no se reparten, los escritos no se contestan, no hay audiencias previas y no se celebran las vistas el cobro del abogado queda muy limitado. Mariola sitúa el atasco principalmente en lo Civil y Contencioso-administrativo, aunque el mayor «daño» se produce, en su opinión, con la paralización del Servicio Común de Notificaciones y Embargos y del decanato (desde donde se produce el reparto). Apunta la letrada que antes los señalamientos se hacían en el margen de seis meses a un año y ahora los hay a dos años vista. En concreto ella tiene uno de reclamación de defectos en una construcción aplazado a mayo de 2025.

Pese a que su tamaño es considerablemente mayor, en Andersen Madrid no están viviendo esta situación mucho mejor. En su sede de la capital trabajan 200 de los 400 trabajadores de este macrodespacho especializado en Mercantil con sede también en Portugal. «En nuestro caso se ven especialmente afectadas unas 100 personas de tres equipos diferentes: el contencioso-administrativo, el laboral y el de litigación civil y mercantil», dice el responsable del bufete, Javier Mata. Reconoce que «está salvando la situación el derecho de reestructuración y solvencias y los procesos concursales», que sí se están celebrando. Opina que la suspensión de vistas y comparecencias es sólo «la punta del iceberg», porque cualquier procedimiento tiene más actos procesales que también se están paralizando como consecuencia de la huelga: admisión de la demanda, notificación al demandado... «Lo que antes tardaba seis u ocho meses puede tardar entre dos o tres años», dice. «Es más, es probable que la duración del procedimiento se multiplique por tres».

Otro de los problemas que señala Mata es que una vez obtenida la sentencia se tiene que proceder a su ejecución (sea el cobro de una cantidad o la ejecución de un derecho), un trámite con muchos actos procesales que también implican la intervención del juzgado: localización de bienes, requerimiento de pago, embargos, subastas…. «Si se ha tardado tres años en conseguir sentencia, en el plazo de ejecución nos podemos ir a otros tres años fácilmente», dice el letrado.

Mata da la clave de por qué en algunos despachos están notando más que en otros el impacto de la huelga. «En las distintas especialidades del derecho cada uno tiene su forma de presupuestar. En la parte procesal la forma de facturar es conforme avanza la causa, con lo que si está paralizada no se factura. En los despachos grandes esto se compensa con otros procedimientos, pero en los pequeños no». Eso no quiere decir que todos los pequeños vayan mal, porque el cobro de la provisión de fondos y la entrada constante de clientes pueden mitigar el golpe, distinto también en función de la jurisdicción y del juzgado que le toque.

Cuenta Mata que recientemente tuvieron en el despacho un asunto presupuestado en 30.000 euros pero «indexado» a la celebración de un juicio con testigos y peritos. «Vinieron a Madrid desde Mallorca y Holanda. Durante una semana y media estuvimos preguntando si se iba a celebrar y cuando llegó el momento, en la puerta, nos dijeron que se suspendía». Por ese «incidente» perdieron 6.000 euros entre desplazamientos, aviones, hoteles y peritos, de los que se tiene que encargar la parte. Mata calcula que la facturación de Andersen Madrid ha descendido un 25 por ciento respecto a las previsiones que tenían.

El letrado alude también al coste personal que supone volver a preparar un juicio meses después cuando ese trabajo ya estaba hecho. «En un juicio complejo el abogado invierte muchas horas. A los diez meses tienes que volver a prepararlo y ya sin facturar».

Esa misma situación denuncia Isabel Winkels, socia directora de Winkels Abogados, un despacho de ocho letrados especializado en derecho de familia y sucesiones. Una letrada del bufete acaba de llegar de Almería de un juicio que el día anterior no le confirmaron si se suspendía. No se celebró. «Ha perdido el dinero del AVE, una jornada entera de trabajo y tiene a la clienta deshecha por el tiempo que llevaba esperando este juicio».

En materia de Familia se está dando prioridad a procedimientos relativos a discrepancias con la patria potestad o situaciones de especial gravedad. El problema que se están encontrando los abogados de este campo es que las medidas provisionales no se están acordando de forma inmediata. De hecho hay demandas presentadas hace tres meses que ni siquiera se han incoado y los cónyuges separados se encuentran ahora con que no tienen reguladas las vacaciones de verano, lo que está siendo motivo de enfrentamiento entre ellos. «Aquí es muy importante el trabajo del abogado para intentar conciliar los intereses de tu cliente y el contrario sabiendo que el verano está ahí y van a tener que ponerse de acuerdo sin que la resolución judicial haya llegado ni se la espere hasta que acabe la huelga», dice Winkels. «El cliente se desespera. Es imposible no empatizar».

Delicada (y especialmente complicada) ha sido también la situación de una funcionaria española desplazada por cinco años a Nueva York y que, terminado su contrato, tenía que matricular estas semanas de atrás a su hija para empezar en un nuevo colegio aquí en España. El problema es que el padre ahora se niega a venir y a que la niña salga de Estados Unidos. Esta vista, con una menor por medio, se ha suspendido dos veces, denuncia la abogada.

El caso de Juan Manuel Mayllo es el de un abogado que comparte despacho y gastos con otros tres. Lleva temas laborales, penales y algún contencioso-administrativo. Respecto a los primeros apunta que prácticamente solo se están tramitando y señalando los despidos, pero no otras reclamaciones relativas, por ejemplo, a pagos atrasados o impagos de nóminas. Especialmente peliagudo, a su juicio, es lo que está sucediendo con las incapacidades. «Si un trabajador recurre a la vía judicial es porque un tribunal médico le ha considerado ya apto para el trabajo. Es decir, técnicamente está dado de alta para trabajar pero a lo mejor no se encuentra bien para hacerlo y está en su derecho de agotar todo el proceso hasta que la decisión sea firme», dice Mayllo. Una incapacidad que tenía señalada para marzo se la han pospuesto a diciembre.

Augura este letrado que cuando acabe esta huelga el atraso va a ser tal que «se van a colapsar los juzgados». A eso se añade que «hay compañeros que llevan 2 ó 3 meses sin recibir ingresos y lo están pasando mal». En su caso, cifra en un 5 y 10 por ciento el descenso de sus ingresos por su actividad profesional, que incluye también el turno de oficio. Recuerda, además, la dificultad que supone cobrar en los procedimientos con condena en costas porque el dinero se ingresa en la cuenta de consignación del juzgado, en muchos casos paralizada, no se mueve de ahí.

Respecto a la jurisdicción penal, los abogados de esta especialidad que han sido consultados no notan el impacto de la huelga tanto como sus compañeros. La interposición de denuncias, la asistencia al detenido o los asuntos de violencia de género se están resolviendo con normalidad al tratarse de una materia sensible y cubierta, además, por los servicios mínimos.