Los abogados denuncian que el ministerio «fantasma» de Llop está retirando refuerzos en los juzgados

El decano de Madrid, Eugenio Ribón, calificó la situación de «insostenible», hasta el punto de que, si el tiempo medio de espera para la resolución de un litigio en apelación era hasta de dos años, ahora ese plazo se ha elevado a un lustro sin que Justicia, que califica como un «ministerio fantasma», curse ni siquiera acuse de recibo a las notificaciones de la abogacía. «Es la primera vez que sucede en los 427 años de la historia del Colegio», dijo Ribón.

El decano recordó que 7.000 vistas no tienen nueva fecha fijada y que sólo desde el 22 de mayo, con la huelga de los funcionarios, se han suspendido 4.702, lo que representa de media casi el 20% de los procedimientos. «Se está produciendo un desmantelamiento progresivo de la Justicia», lamentó.

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La abogacía recuerda que el pasado marzo, tras el fin de la huelga de los LAJ, que se saldó con un 35% de suspensiones, este colectivo ya reclamó medios extraordinarios para reactivar la Justicia. «Nos encontramos con que no solo no se han asignado estos refuerzos que venimos reclamando para recuperar la normalidad en la Administración de Justicia, sino que, al contrario, se suprimen. La irresponsabilidad no puede ser mayor», señaló este martes Ribón.

A eso se suma la doble vara de medir que supone negarse a hablar con los funcionarios de Justicia con la excusa de que no se quieren comprometer decisiones futuras del próximo Gobierno y a la vez sí tomar una decisión tan delicada como es la retirada de refuerzos sin haber hecho un estudio previo y amparándose en «razones de disponibilidad presupuestaria».

Los abogados reconocen que no esperan ya mucho más del Ejecutivo y que es obligación del próximo ministerio abrir «vías de interlocución de forma urgente y devolver la confianza de los ciudadanos en sus instituciones». La Justicia está «gravemente enferma», casi en «cuidados intensivos», añadió Ribón, para quien se está produciendo «un progresivo desmantelamiento» de esa administración.

Entretanto, los funcionarios de Justicia secundaron el martes una nueva jornada de protesta con una manifestación que partió desde el Ministerio de Justicia hasta el de Hacienda para exigir una mejora de sus condiciones salariales y que se retome la negociación de este departamento con el colectivo. Denuncian un trato diferente al que Justicia tuvo con los LAJ y con los jueces y fiscales, y recuerdan que el incremento retributivo de estos iba aparejado a la misma ley en la que ahora se ampara el ministerio para negarles esa subida salarial con la «excusa» de que esa ley ha decaído con la disolución de las Cortes Generales.

En declaraciones a este periódico, el portavoz de CSIF Javier Jordán lamentó que el Ministerio de Justicia ignore a los 45.000 trabajadores que desempeñan su trabajo en los tribunales y por los que pasa el cien por cien de los asuntos que se tramitan en los juzgados. Jordán se muestra sorprendido por la pasividad del ministerio. Dice que «nunca» se ha encontrado con un gobierno que no se siente «a buscar una salida o al menos una solución momentánea» a un conflicto de esta envergadura.