El Gobierno deja en el aire el control de los asesores que le exige el Consejo de Europa

Tras meses de espera, y con mucho retraso, el Consejo de Ministros aprobó este martes el anteproyecto de esa ley, quedando aún un trecho para que se convierta en proyecto de ley y pueda partir hacia el Congreso de los Diputados. Y la primera sorpresa, coincidiendo con la última escalada del escándalo Koldo-Ábalos, es que el Gobierno fue incapaz de aclarar si el anteproyecto incluye o no todas las medidas de control de los asesores que le reclama el Consejo de Europa y que él mismo prometió que figurarían en esa nueva regulación. En concreto, si va a someterlos a un régimen de dedicación exclusiva al cargo público, a restringir su régimen de incompatibilidades, a un sistema de evaluación y control sobre los resultados de su gestión, o a hacer públicas sus agendas.

Ninguno de estos puntos figura en la nota de prensa que difundió el Ministerio de Transformación Digital, que no quiso dar a conocer el texto del anteproyecto. En esa comunicación se incluyen otros puntos también reclamados por el Consejo de Europa para los asesores como la aplicación de un régimen de detección y prevención de conflictos de intereses sobre los asesores, así como del régimen sancionador aplicable para el personal alto cargo, la exigencia de idoneidad para el desempeño del puesto público, la publicación obligatoria del currículum en el Portal de Transparencia de la Administración del Estado, y la presentación de declaraciones de actividades y de bienes y derechos patrimoniales, tanto en su toma de posesión como al cese.

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«El anteproyecto incluye medidas que son un avance muy importante. Desde luego, un asesor no puede tener las mismas obligaciones que un ministro», subrayaron fuentes del ministerio de Óscar López. «En todo caso, estamos en la primera vuelta», subrayaron sin contestar a la pregunta de si el anteproyecto incluye o no la dedicación exclusiva, el refuerzo de las incompatibilidades, el sistema de control de la gestión del asesor y la publicación de sus agendas ya que, sobre estas, López señaló que serán públicas hasta el grado de subdirector general. Como ha demostrado el caso Koldo-Ábalos, de poco sirve que el ministro tenga un fuerte régimen de incompatibilidades o que su agenda sea pública, si su asesor puede atender a negocios privados o no hacer público con quien se reúne.

Aún así, el Gobierno saca pecho de que la nueva ley avanzará de manera «destacada» en transparencia, participación y conflicto de intereses. «Se amplían las obligaciones de publicidad activa de los viajes oficiales, se regula, por primera vez en la Administración del Estado, un régimen de infracciones y sancionador por incumplimiento de las disposiciones en materia de transparencia, se crean nuevos mecanismos de participación ciudadana como las auditorías ciudadanas», destacan.

Y pese a haber presentado el anteproyectado con meses de retraso y haber ganado el título de Gobierno incumplidor en materia de prevención de la corrupción dentro del Consejo de Europa, López aseguró que «España es una de las democracias más avanzadas del mundo, lo dicen los rankings internacionales de democracia, pero somos ambiciosos y queremos más», durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

En su último informe de seguimiento sobre España para esta cuestión, y publicado el pasado 1 de agosto tras un bloqueo de dos meses aplicado por el Gobierno, el Consejo de Europa fue muy claro al suspender al Ejecutivo y reiterar su recomendación. «El proyecto de ley aún no ha sido aprobado por el Consejo de Ministros y el GRECO no ha tenido la oportunidad de evaluar su contenido. Por lo tanto, (...) concluye que la recomendación I sigue sin implementarse». Acto seguido, volvió a reiterarla: «reforzar el régimen actual aplicable a los asesores, sometiéndoles a exigencias de transparencia e integridad equivalentes a los aplicados a las personas con altas funciones ejecutivas (altos cargos)». Y esto incluye publicidad de agendas, mayores incompatibilidades y dedicación exclusiva.