El sector conservero celebra la limitación de aranceles al Sáhara Occidental

A través de un comunicado, la organización empresarial Anfaco-Cytma, que representa a 250 compañías del sector de la alimentación, manifestaron su «satisfacción» con el acuerdo bilateral ratificado el pasado viernes, un día antes de que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) prohibiese que los productos del Sáhara Occidental se beneficiasen de las mismas exenciones arancelarias que Marruecos.

«Desde Anfaco-Cytma se ha estado trabajando tanto con el Gobierno de España como con la Comisión Europea a fin de solicitar una solución que evitase una disrupción comercial y se mantuvieran los flujos comerciales en el abastecimiento de materia prima para las fábricas españolas», señalan desde la patronal conservera. La alternativa, según los cálculos de la organización, hubiese implicado un coste añadido de 30 millones de euros en concepto de aranceles.

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Para ponerle magnitud, desde Anfaco señalan que durante el año pasado se importaron materias primas congeladas, tanto de Marruecos como del Sáhara Occidental, que incluyen 29.269 toneladas de pulpo, 15.380 toneladas de sardinas pilchardus (también llamada común o europea), 13.626 toneladas de sepia, 20.336 toneladas de calamares y 3.232 gambas de altura entre otros productos. Una mercancía por valor de 610 millones de euros que refleja el valor estratégico de estos mercados para un sector clave en Galicia como es el complejo mar-industria alimentario, que incluye conservas, congelados y demás productos.

«Existía una gran incertidumbre que ha sido zanjada, justo en el límite. Las fábricas españolas necesitan seguridad jurídica y un marco estable para garantizar su actividad y provisión de alimentos pesqueros, asequibles y sostenibles, a los consumidores», afirmó ayer el secretario general de Anfaco, Roberto Alonso, que agradeció el «esfuerzo y flexibilidad» de la Comisión Europea a la hora de resolver este asunto en un momento clave para la sector, con la expectativa de cerrar nuevos contratos en ferias como Anuga o Conxemar.

Paralelamente, desde asociaciones representativas del sector agroalimentario como Asaja criticaron con dureza el acuerdo, alegando que «socava la equidad de mercado y pone en tela de juicio el respecto de la UE por las resoluciones internacionales», además de suponer un agravio competitivo para los agricultores españoles, incapaces de competir contra los bajos precios de las empresas marroquíes.

En primer lugar, Asaja recuerda que el dictamen del TJUE que se evitó in extremis establecía que Marruecos no puede negociar aspectos de un país tercero sin consultar a su población, lo que implica que «ninguna inversión o flujo financiero puede sustituir el derecho del pueblo saharaui a determinar libremente su futuro».

Además, desde la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores afearon otra parte del acuerdo, que establece un etiquetado distintivo para los productos saharauis que determine su procedencia, pese a que serán las autoridades aduaneras marroquíes las encargadas de controlar el comercio. Un nuevo código que presenta los productos como si «fuesen de origen marroquí, constituyendo un engaño para los consumidores y un acto de competencia desleal para los productores europeos», alegan desde la asociación, que llama a reconsiderar el acuerdo.

Por su parte, desde la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) lamentaron que la Unión Europea «siga ignorando y despreciando al sector hortícola español» a través de un acuerdo «injusto que está afectando muy negativamente a los agricultores españoles» que, además, no puede considerarse acuerdo al no contar con reciprocidad y sin cláusulas de salvaguarda.