La Audiencia ordena la entrada en prisión de los dos condenados por corrupción del 'caso cuñada'

La Audiencia condenó en 2019 al exjefe de servicio del Ayuntamiento de Vigo Gutiérrez Orúe a cinco años y tres meses de prisión , e inhabilitación absoluta durante 9 años y un día, como autor de un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación de caudales y otro de falsedad en documento mercantil. Por su parte, el exapoderado de la concesionaria Imesapi recibió una condena de un año y seis meses de prisión , así como la inhabilitación absoluta por dos años y seis meses, como autor de un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial de otro de malversación de caudales públicos, este como cooperador necesario. Las penas fueron ratificadas el pasado noviembre por el Tribunal Supremo .

En su resolución, la Audiencia recuerda que está pendiente de abono la indemnización de 108.147 euros al Concello de Vigo, la cantidad que se malversó abonándole sueldos a la cuñada de Carmela Silva por unas supuestas encuestas telefónicas que ella no realizó y sin que se presentara en su puesto de trabajo de manera regular. El escrito, no obstante, constata que «se ha consignado parte de la indemnización impuesta en sentencia» , que correspondería con los 54.073 euros que la defensa de Gutiérrez Orúe reseñó en su petición de indulto. Dado que la cantidad debe ser abonada de manera solidaria entre los dos condenados, está pendiente que Comesaña aporte la cantidad pendiente.

Además, el tribunal se dirige al Ayuntamiento de Vigo para que confirme el número de cuenta en el que se le ingresará la cantidad. Se da la paradoja de que a pesar de ser la administración defraudada por este caso de corrupción, el consistorio que preside Abel Caballero no se personó en el proceso judicial como parte afectada ni reclamó los 108.147 euros que, durante cinco años, se pagaron a la concesionaria Imesapi a través de un entramado de facturas falsas para costear el sueldo de Vanesa Falque, la cuñada de Carmela Silva, presidenta del PSOE gallego y de la Diputación de Pontevedra .

La notificación de la entrada en prisión se ha realizado dos días después de que la Audiencia recibiera la petición de indulto cursada por Francisco Gutiérrez Orúe. Precisamente, su defensa solicitaba al tribunal la suspensión de la entrada en prisión —reclamada por la acción popular de la plataforma Xuntos por Galicia— mientras no se resolviera la petición de la medida de gracia. En España, de media, un indulto tarda en concederse una media de algo más de dos años, variando en función del tipo de delito y de cada caso concreto.

Fuentes judiciales consultadas por Europa Press han apuntado que la Audiencia se encuentra todavía tramitando este escrito de la defensa de Gutiérrez Orúe.

El exjefe de servicio del Ayuntamiento de Vigo alegaba en su escrito su arrepentimiento por los hechos cometidos, la reparación del daño causado al haber abonado su mitad correspondiente de la indemnización, la imposibilidad de reiteración delictiva al estar jubilado desde que fue condenado en primera instancia por la Audiencia de Pontevedra en 2019, la ausencia de lucro personal en su conducta y recordaba su compromiso con los derechos sociales de los trabajadores, para lo que aducía su militancia tanto en el PSOE como en la UGT desde comienzos de los años 80 .

El otro condenado, Ramón Comesaña, ha solicitado igualmente al tribunal la suspensión de entrada en prisión . Alega en su escrito que «no se trata de un delincuente peligroso ni los delitos por los que ha sido condenado son especialmente deleznables», ni «tampoco ha cometido otros hechos delictivos con posterioridad a la condena». Su defensa recuerda que colaboró con la instrucción, «está próximo a jubilarse» y tiene «a diario» que atender a su madre, de avanzada edad. Y alerta del «riesgo de contagio que conlleva la convivencia de quien ha delinquido ocasionalmente con los delincuentes habituales o profesionales».

A diferencia de Gutiérrez Orúe, Comesaña no ha satisfecho hasta la fecha su mitad de la indemnización a la que fue condenado, aunque «asume el compromiso» de abonarla «a la mayor brevedad posible», antes de que se ejecuten los bienes que tiene embargados.